Sandra Ortiz, la exconsejera para las Regiones, iba a ser acusada este 10 de abril por lavado de activos y tráfico de influencias; sin embargo, por petición de su defensa, la diligencia fue reprogramada para el próximo 12 de junio. ¿La razón? El fracaso en la negociación con la Fiscalía General.
Según trascendió, una vez el ente investigador informó su decisión de no conceder inmunidad penal total a la exconsejera, sus abogados defensores solicitaron tiempo para presentar una nueva matriz de colaboración.
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La noticia sobre el aplazamiento de la audiencia de acusación fue dada a conocer por el complejo judicial de Paloquemao.
Sobre los motivos que llevaron a romper la negociación, la Fiscalía explicó que están relacionados con la calidad de la información aportada por la exfuncionaria.
“La colaboración que ofrece a la justicia Sandra Ortiz se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones”, explicó la Fiscalía.
Acto seguido, el ente investigador aseguró que, tras el fracaso de las negociaciones, Ortiz manifestó que revelaría públicamente los términos de los acercamientos y los detalles que dice conocer sobre el entramado de corrupción, “lo cual hace bajo su responsabilidad y sin que ello comprometa a la Fiscalía”.
Sandra Ortiz es investigada por presuntamente haber hecho parte de la empresa criminal que saqueó recursos públicos a través de contratación amañada en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
De acuerdo con el expediente, la red criminal se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidas por el Gobierno para direccionar contratos a cambio de coimas.
El entramado fue dirigido por Olmedo López, quien para ese momento era el director de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como “El Pastuso”, quien dirige más de 30 empresas, entre ellas Brands S.A.S., Impoamericana Rogers S.A.S., Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya han sido imputados.
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En ese contexto, Ortiz resultó ser la funcionaria de más alto perfil del gobierno del presidente Gustavo Petro salpicada por este escándalo. Fue señalada por la Fiscalía de haber entregado $3.000 millones a Iván Name, expresidente del Senado, por orden de Carlos Ramón González.
