El equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella pidió al Gobierno saliente abstenerse de avanzar con contratos de obra del Instituto Nacional de Vías (Invías) por $3,2 billones en La Guajira, adjudicados el pasado 27 de julio, a pocos días del cambio de mando.
José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y delegado para el proceso de transición, respaldó la solicitud y cuestionó que decisiones de esta magnitud se adopten cuando está próximo el relevo en la administración nacional.
Según Restrepo, se trata de 10 contratos de obra y seis contratos de interventoría, que incluyen compromisos de vigencias futuras que impactarían las finanzas y la planeación del próximo gobierno hasta el año 2035.
“Respaldamos la solicitud del presidente electo Abelardo de la Espriella al Gobierno saliente de abstenerse de firmar contratos de Invías por $3,2 billones en La Guajira, adjudicados el 27 de julio, a días del cambio de mando”, señaló.
Sin embargo, Restrepo aclaró que la petición no busca detener los proyectos de infraestructura vial ni las obras destinadas a mejorar la conectividad de las comunidades rurales.
“No nos oponemos a las vías terciarias: exigimos que decisiones billonarias no se tomen mientras el Gobierno hace maletas para dejar el poder”, afirmó.
Restrepo aseguró que, una vez inicie el nuevo gobierno, se realizará una revisión técnica, jurídica y financiera de los contratos para determinar su continuidad.
“Las obras que demuestren solidez y beneficio para las comunidades tendrán continuidad; si hay irregularidades, actuaremos”, agregó.
Justamente, esta controversia se suma al debate que ha abierto el equipo de transición sobre los contratos adjudicados durante las últimas semanas del Gobierno de Gustavo Petro, que aseguran están dejando “amarrados”. Sobre todo, en aquellos que comprometen recursos de vigencias futuras y decisiones presupuestales que deberán ser ejecutadas por la próxima administración.
¿Qué se sabe?
Según el equipo del gobierno entrante, siete de los contratos corresponden a proyectos en Uribia por cerca de $2 billones, mientras que los otros tres, para Riohacha, Maicao y Manaure, suman aproximadamente $1,1 billones. A ello se agregan seis contratos de interventoría por alrededor de $204.000 millones.
En un comunicado, el equipo de De la Espriella sostuvo que un gobierno que está próximo a concluir su mandato “debería concentrarse en garantizar una transición ordenada y transparente”, en lugar de acelerar contrataciones que serán ejecutadas y administradas por la siguiente administración.
Respuesta del gobierno saliente
Las declaraciones no cayeron bien en la administración del gobierno Petro. Por ello, las críticas fueron respondidas por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien defendió la legalidad del proceso y aseguró que las adjudicaciones responden a una planeación iniciada desde finales de 2025.
La funcionaria sostuvo que los contratos cuentan con respaldo jurídico, técnico y financiero, y que fueron estructurados conforme a la Ley de Contratación Pública, el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas aplicables.
Frente a los cuestionamientos por el uso de vigencias futuras, Rojas explicó que se trata de un mecanismo habitual en proyectos de infraestructura y recordó que también se utiliza en concesiones viales.
Asimismo, afirmó que las obras fueron adjudicadas mediante licitación pública, con participación de empresas que acreditaron el cumplimiento de los requisitos establecidos.
La ministra también señaló que los proyectos responden a compromisos adquiridos con las comunidades de La Guajira y al cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional ordenó adoptar medidas para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y poblaciones vulnerables del departamento.
- ¿Por qué el equipo de Abelardo de la Espriella pidió frenar contratos del Invías en La Guajira?
- El equipo de empalme del presidente electo, liderado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, solicitó al gobierno saliente de Gustavo Petro abstenerse de firmar 10 contratos de obra y seis de interventoría por $3,2 billones. El equipo del gobierno entrante cuestiona que se comprometan vigencias futuras y recursos fiscales hasta el año 2035 a pocos días del cambio de mando presidencial.
- ¿Qué responde el Ministerio de Transporte a los cuestionamientos sobre los contratos del Invías en La Guajira?
- La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió la legalidad de los procesos de licitación pública iniciados a finales de 2025. Explicó que los contratos y el uso de vigencias futuras cuentan con sustento técnico y legal, y responde al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional para garantizar derechos e infraestructura en municipios como Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure.
- ¿Qué pasará con las obras y contratos de vías terciarias en La Guajira adjudicados por el Invías?
- Según precisó José Manuel Restrepo, no se busca cancelar definitivamente los proyectos. Al asumir el nuevo gobierno, la administración entrante realizará una revisión técnica, jurídica y financiera de los contratos: las obras sólidas y transparentes continuarán su ejecución, mientras que ante cualquier irregularidad detectada se aplicarán las acciones legales correspondientes.
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