La semana pasada se conoció el pedido que la multinacional minera Gran Colombia Gold (GCG) le hizo al gobierno colombiano para que se realice una intervención militar en los municipios de Segovia, Remedios (Antioquia) y Marmato (Caldas), por “los preocupantes” efectos que ha tenido la explotación ilícita de yacimientos mineros en las áreas mineras donde se encuentra dicha empresa.
Este tipo de solicitudes de compañías públicas o privadas son más comunes de lo que se cree y solo en esta zona del país (Antioquia, Córdoba, Chocó, Santander y Sucre), las Fuerzas Militares tienen en su misionalidad el cuidado de por lo menos 20 estratégicos de gran importancia como proyectos energéticos, de infraestructura, viales, mineros, entre otros.
Solo en los departamentos mencionados, hay más de 15 centrales hidroeléctricas, al menos cuatro minas de oro de gran envergadura, corredores viales, y dos oleoductos, entre otros bienes del Estado (ver infografía), que deben ser custodiados de diferentes amenazas como los grupos armados ilegales.
Estos esfuerzos se deben sumar al los que comúnmente se tienen en todo el territorio nacional como el combate contra grupos guerrilleros, bandas criminales y otros delitos como extorsión, homicidio y secuestro.
“En esta oportunidad se pidió que esta intervención militar sea similar a la que se hizo en Buriticá”, dijo José Ignacio Noguera, Vicepresidente de asuntos corporativos de Gran Colombia Gold, refiriéndose a las acciones de las autoridades en ese municipio del occidente antioqueño y que ayudó a estabilizar el orden público y así garantizar el desarrollo de proyectos mineros que allí se adelantan.
“Ahí hay un esfuerzo muy grande de Ejército con Policía para que el proyecto salga adelante y, en 2020, pueda iniciar su producción”, agregó el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército.
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