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El Gobierno replanteó su apuesta de posconflicto
El Decreto 179 de 2019 asigna nuevas funciones a las dependencias encargadas de la paz.
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La sustitución de cultivos de uso ilícito se quedó sin dirección, sus funciones recaen en la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. En la foto, Tumaco. FOTO Manuel Saldarriaga
En estos seis meses el Gobierno logró madurar la transformación de la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y allí, las dos oficinas que manejaban los temas del posconflicto fueron transformadas. Se trata de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de la Alta Consejería para el Posconflicto, que incluso ya no se llamará así.
Desde la campaña presidencial, el Jefe de Estado, Iván Duque, aseguró que la legalidad, el emprendimiento y la equidad serían las bases de su gobierno, y precisamente sobre ese primer pilar es que se sientan su políticas de paz, seguridad y convivencia.
Sin embargo, para el partido Farc el Gobierno no cumple con lo pactado, y el representante a la Cámara por Bogotá, Sergio Marín, aseveró que el decreto firmado por Duque “está enfocado en recortes o modificaciones que inciden de forma negativa en el desarrollo de la implementación el Acuerdo Final de Paz”.
Aún así, Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz, explicó que cada gobierno es libre de decidir el enfoque que quiera darle a la implementación, desde que cumpla con lo pactado entre las partes. EL COLOMBIANO seleccionó los cinco principales cambios para explicarlos:
Legalidad y convivencia a la oacp
Desde que Iván Duque llegó al Palacio de Nariño, se dijo que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) iba a tener dos apellidos más: para la legalidad y la convivencia. Explicaron desde Presidencia que el cambio no se podía hacer porque ese cargo está creado en la Constitución, así que falta una reforma constitucional para hacerlo y no un decreto presidencial.
Sin embargo, entre las funciones sí hay cambios en ese sentido. Por ejemplo, la OACP es la encargada de “propiciar el diálogo social intersectorial y territorial para la cultura de la legalidad y la convivencia”.
Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, explicó hace algunos meses en diálogo con El COLOMBIANO que “con legalidad consideramos y entendemos que solamente a través de la ley se logra una verdadera paz; en cuanto a la convivencia es muy importante construir una narrativa y una experiencia social fruto del diálogo”.
el Desminado cambia a otras manos
La Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma), para la cual el Gobierno aún no ha nombrado director, no aparece como tal en la nueva estructura.
Antes estaba adscrita a la Alta Consejería para el Posconflicto, ahora sus funciones pasaron a la OACP, pero sin una dirección establecida.
El general (r) Rafael Colón, exdirector del Daicma, explicó que en su experiencia una de las debilidades más grandes de esa dependencia era “la comunicación interagencial por la superposición de roles entre el desminado civil humanitario y militar. No estaba claro quién lideraba la política nacional de desminado”. Y agregó que “si la OACP tiene un buen liderazgo para lograr los apoyos de la comunidad internacional para el desminado, bienvenido ese cambio”.
Ya no es posconflicto sino estabilización
La Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto se transformó completamente, ya no es alta ni para el posconflicto, desde ahora se denomina Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
Entre sus funciones se mantienen las de garantizar la correcta implementación del Acuerdo Final “para lograr la estabilización y la consolidación de los territorios intervenidos” y la de formular y ejecutar las políticas en materia de seguridad según lo acordado.
De acuerdo con el consejero Emilio Archila, este cambio tiene que ver con la visión del presidente Duque de estabilizar y consolidar los distintos frentes de la implementación del Acuerdo con las Farc.
No es simplemente un asunto semántico, aclaró el funcionario, “es un cambio de enfoque. La Corte Constitucional ha dicho que la implementación debe darse de buena fe, y esa buena fe la hay; además, debe darse gradualmente en armonía con el entendimiento político de cada uno de los gobiernos. Para nosotros es claro que estas son tareas que el Estado debería haber asumido con o sin los acuerdos, por eso no solo vamos a cumplir sino que vamos a ir más allá”.
Se perdió la dirección de cultivos
Anteriormente existía la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, adscrita a la Alta Consejería. Ahora no hay ni huella de esta dependencia, sus funciones no fueron agregadas a ninguna otra. Es de recordar que para esta dirección tampoco hubo un nombramiento en este Gobierno.
Archila aseguró que la reestructuración de la Dapre redujo las direcciones a su mínima expresión, por lo que esta dirección tuvo el mismo fin que la de acción contra minas, quedar directamente en cabeza del consejero.
“De acuerdo con el entendimiento jurídico de la Secretaría General de la Presidencia, si las funciones de la implementación están asignadas a la Consejería para la Estabilización y Consolidación, también lo están las tareas de la sustitución voluntaria de cultivos, por lo que se entiende que están bajo la batuta de la Consejería”, dijo.
Además de las antes mencionadas, también desaparecieron la Dirección para el Posconflicto y la Dirección de Inversión Privada para el Posconflicto.
Desde Presidencia dijeron que era una forma de ahorrar en burocracia pero que ninguna de esas tareas se dejará de hacer.
El control de recursos en manos del DNP
En el Decreto quedó establecido que la Consejería Presidencial para la Estabilización efectuará, “en articulación con el Departamento Nacional de Planeación, y a través del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto, el seguimiento y control a los recursos que se inviertan en la implementación del Acuerdo Final”. Una tarea que hasta este momento estaba únicamente en manos de la consejería.
Es así como el organismo encargado de planear la inversión en el país asume la importante función de diseñar cómo se ejecuta el gasto multimillonario que significa la implementación del Acuerdo, que en este cuatrienio contará con 36 billones de pesos, según está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, en discusión en el Congreso.
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