El país celebró el martes el fallo del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, sobre el conflicto entre la Concesionaria Ruta del Sol , conformada por Odebrecht y Episol, y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que tasó en $211.273 millones el monto que el Estado debía pagarle al consorcio y terminó por ahorrarle a todos los colombianos cerca de $1 billón adicional que calculaba el Gobierno.
No obstante, en la mira quedó la gestión de la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien aún sin conocer el fallo del tribunal, que determinaría las cifras definitivas, negociaba en julio pasado un acuerdo de pago con los bancos acreedores de la Concesionaria (varios de ellos, integrantes del grupo Aval), lo que constituyó apenas uno dentro de una cadena de errores que tiene hoy a un sector de la población reclamando su renuncia.
¿Falta de transparencia?
El senador Jorge Robledo denunció públicamente el pasado 2 de agosto que Orozco debió declararse impedida para tomar cualquier decisión en el caso de la Ruta del Sol II, pues había sido representante legal de la firma de abogados Research & Opportunities (R&O), que había asesorado jurídicamente a bancos del grupo Aval.
Aunque la página web de la firma ya no existe, EL COLOMBIANO logró verificar que la ministra aparecía como socia de la firma y que en agosto de 2018, entre los clientes se destacaban dos bancos de propiedad de Aval.
De hecho, en el perfil de la ministra en la página de la Presidencia de la República, se destaca que fue socia fundadora de la firma de abogados. Los antecedentes comerciales entre ella y Aval podrían comprometer su independencia en la toma de decisiones relacionadas con el caso Odebrecht.
Haberse apresurado
Orozco ha mostrado un afán manifiesto por sanear financieramente las obras de infraestructura de su cartera pues, asegura, cuando llegó al cargo solamente seis proyectos de vías 4G se encontraban en marcha y actualmente se han destrabado un total de 20. Eso explicaría por qué se anticipó a buscar un acuerdo conciliatorio con los bancos acreedores del Consorcio Ruta del Sol, poniendo sobre la mesa la suma de 1,2 billones de pesos como monto estimado de la deuda.
Para David Suárez Tamayo, experto en Derecho Administrativo, el error de la ministra recae en que “estaba de por medio la discusión de la validez del contrato, que era un asunto que ya estaba en manos del Tribunal de Arbitramento”, instancia que además “tenía que definir qué porcentaje del contrato efectivamente se ejecutó y si el comportamiento de las partes fue de buena fe”.
Sin tener claras esas variables, entablar una negociación sobre cifras que eran inciertas fue un comportamiento “inapropiado, inoportuno e impertinente para cualquier servidor público”, estimó el académico.
Malas decisiones
La conciliación con los bancos se cayó el pasado 30 de julio pues, según afirmó el Ministerio, las partes no llegaron a un acuerdo sobre el monto y la forma de pago. Aunque no se concretó, de haber celebrado el acuerdo, Orozco habría incurrido en un error más: la apropiación de recursos públicos en favor de un tercero.
Según Suárez, por cuenta de esa negociación, la ministra Orozco estuvo a punto de cruzar la línea de lo penal: “De haberse celebrado el acuerdo y con el resultado del martes por parte de los árbitros, ella no solo hubiera incurrido en faltas disciplinarias, sino en un detrimento patrimonial que hubiera sido objeto de juicio fiscal por parte de la Contraloría. Inclusive, con implicaciones penales”.
Por su parte, la ministra declaró ayer a medios de comunicación que no considera que cometió errores y que “no he pensado en renunciar porque nunca hice nada de espaldas al país”. Por su parte, el presidente, Iván Duque, le manifestó públicamente su respaldo .
1
billón de pesos es el ahorro aproximado del Estado por cuenta del fallo arbitral.
