A través del Decreto 0173 de 2026 de emergencia económica impuesto por el gobierno de Gustavo Petro se establece un impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Las universidades han expresado el impacto de este en becas e investigación.
Por medio de un comunicado, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) expresó su preocupación ya que las instituciones de educación superior privadas fueron incluidas en el conjunto de personas jurídicas responsables del impuesto al patrimonio.
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Para la entidad, gravar el patrimonio de estas instituciones significa, en términos prácticos, una disminución de los fondos que actualmente se destinan a becas y programas de permanencia estudiantil.
De acuerdo con Ascun, el impacto económico de ese tributo sería de aproximadamente 135.000 millones. “Con estos recursos se podrían financiar cerca de 15.000 cupos de educación superior y miles de becas para estudiantes de menores ingresos”, sostuvo la asociación.
Las universidades estiman que esta medida impacte entre 75 a 80 instituciones de educación superior (IES) privadas en Colombia. La Ascun ha detallado que el patrimonio de las universidades permite sostener subsidios internos y alivios financieros; al reducir esta capacidad financiera, se afecta directamente el cumplimiento del objeto social de las universidades y las oportunidades educativas de miles de jóvenes.
Además, la medida impacta para sostener proyectos de investigación, innovación y desarrollo científico de largo aliento, pues el tributo recae sobre activos como laboratorios, bibliotecas y hospitales universitario.
¿Qué alternativas propone Ascun para evitar el impacto financiero del decreto de emergencia económica?
En el comunicado, la Ascun plantea varias alternativas a la medida introducida en el decreto. Una de ellas, es que se revise la inclusión de las IES privadas sin ánimo de lucro dentro del ámbito de aplicación del impuesto al patrimonio, pues esto ignora la naturaleza de estas instituciones, las cuales pertenecen al Régimen Tributario Especial y reinvierten todos sus excedentes en sus funciones académicas e investigativas.
La asociación hace un llamado al Gobierno Nacional para establecer espacios de diálogo que permitan evaluar detalladamente los efectos de la medida y encontrar soluciones que protejan la estabilidad del sistema educativo y el talento humano del país.
Ascun propone además que se considere la educación superior como un servicio público con función social (conforme a los artículos 67 y 69 de la Constitución), sugiriendo que las universidades no deben ser equiparadas a empresas comerciales con capital distribuible al momento de aplicar gravámenes sobre su patrimonio.
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