Lo que comenzó como una marcha de padres de familia en Bucaramanga, terminó convirtiéndose en una protesta nacional contra el Ministerio de Educación. Rectores, maestros y familias completas salieron a las calles de Manizales, Barranquilla, Bogotá y Medellín para mostrar su inconformidad con una cartilla sobre orientación sexual que ha circulado recientemente en redes sociales.
Dicha cartilla, como lo ha explicado el Ministerio, no es oficial. Sin embargo, la molestia de varios rectores surgió porque el documento, de amplia circulación sugiere replantear nociones sobre identidad de género y orientación sexual con el fin de evitar la discriminación. Según la diputada Ángela Hernández, de Santander, la cartilla habla “de la imposición de la ideología de género (...) ¿Qué va a pensar un niño de preescolar cuando vea a dos hombres o dos mujeres besándose?”.
El viceministro de Educación, Víctor Javier Saavedra, ha dejado en claro que la revisión de todos los manuales de convivencia es una obligación que tienen que asumir los colegios y el Ministerio por orden de la Corte Constitucional. La razón: la muerte del estudiante Sergio Urrego, en Bogotá, demostró que el problema de la discriminación por orientación sexual estaba lejos de resolverse.
“Los colegios del país son autónomos en la revisión de sus manuales de convivencia. El Ministerio busca garantizar que el manual sea respetuoso con la Constitución y las leyes del país”, dijo el viceministro.
La polémica se ha centrado en la cartilla sobre orientación sexual que fue elaborada por la organización Colombia Diversa, Unicef, el Fondo de Población de la Naciones Unidas (Unfpa) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Estos han sido los puntos más controversiales de dicho documento:
cambios en los manuales de convivencia
Para la Procuraduría General, así como para la diputada Ángela Hernández, con los cambios en los manuales de convivencia se “pretende adoctrinar a nuestra niñez en la ideología de género (...) violentando la conciencia de los niños”.
No obstante, como lo dijo el Ministerio, los colegios son autónomos para replantear sus manuales. De hecho, antes de reformularlos deben consultar a los estudiantes y padres de familia. Sobre este punto la cartilla se presentó inicialmente como un documento que “ofrece algunos conceptos básicos para el ajuste de los manuales de convivencia”.
En un comunicado publicado ayer, Naciones Unidas precisó que ese “documento no corresponde a ninguna cartilla ni manual de convivencia distribuido en los colegios de manera oficial. El documento es una herramienta de trabajo, diseñado para consulta de maestros y rectores”.
Identidad de género y orientación
Quizá el punto más polémico tiene que ver con los conceptos que introduce la cartilla, la cual señala que es importante que “en la escuela se entienda qué son las orientaciones sexuales (O.S) y las identidades de género (IG) no hegemónicas”.
Sobre la identidad de género, los autores del documento dicen que “esta categoría tiene que ver con la identificación que las personas construyen de sí mismas en relación con el género, ya sea reconociéndose como hombres o como mujeres”.
Naciones Unidas concluyó que “las personas han sido víctimas de múltiples discriminaciones en razón de su orientación sexual en todos los espacios sociales”, incluyendo la escuela. Por eso recomendó comenzar “por deconstruir la idea de que solo existen dos sexos y abrir la posibilidad de entenderlos más allá de aquello que históricamente se nos ha enseñado”.
Es justamente este punto con el que no están de acuerdo las organizaciones católicas. La Arquidiócesis de Medellín, por ejemplo, emitió un comunicado señalando que “lamenta que a partir de la ideología de género el Estado quiera introducir orientaciones que afectan la dignidad de la persona y la institución familiar”.
Lo que dice la corte constitucional
La cartilla cita la sentencia T-562 de 2013, la cual plantea que “dado que la identidad sexual es una clara manifestación y materialización del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el establecimiento educativo no puede coartar la elección, so pretexto de ir en contra de las reglas establecidas en el manual de convivencia”.
Para José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional, el Fallo T-478 de 2015, con el que se ordenó la revisión de manuales de convivencia, “reivindicó el respeto que merecen todos los menores, por el hecho de ser personas y en razón de su dignidad. Asegurar por distintos mecanismos que todos, sea cual fuere su sexo, sean respetados por los demás y por la comunidad educativa, en un contexto de sana y pacífica convivencia”.
1.586
millones de pesos costó el contrato entre el Mineducación, Unicef, Pnud y Colombia Diversa.
