Disidencias ofrecen $10 millones por matar a líderes indígenas

Precio es contra indígenas que se oponen a cultivos ilícitos. Han matado a 95 comuneros en lo que va del año.

La guardia indígena ha recibido disparos de civiles por hacer presencia en territorios donde hay cultivos ilícitos. FOTO Jaime Pérez
Marcos Camayo Güetio

Asesinado el 21 de noviembre de 2021. Fue gobernador indígena de Las Delicias, Buenos Aires, durante 2004 y 2010. Asesinado por hombres en moto en una parcela del sector La Cabaña. Era coordinador del tejido Cxhab Wala Kiwe. Foto: Cortesía.
Nazaría Calambán Tunubalá

Asesinada el 22 de octubre de 2021. Fue alcaldesa y comunera de la comunidad Misak en el resguardo Guambía. Hombres armados la asesinaron en la vereda La Cuchilla del municipio de Morales. Participó en las manifestaciones del paro. Foto: Cortesía.
Luis Alfonso Narváez Escobar

Asesinado el 18 de octubre de 2021. Líder social conocido por ser opositor a la avanzada de proyectos de minería y coordinador de mesa de víctimas. Fue gobernador de la comunidad de Santa Bárbara, en el municipio de La Vega. Foto: Cortesía.

En una reunión celebrada en una vereda del resguardo Las Delicias, de Buenos Aires, Cauca, se pactaron las tarifas por las cabezas de los líderes de las comunidades indígenas de ese departamento. La información era dada por disidentes de las Farc adscritos a la columna móvil Jaime Martínez y en ella participaron varios milicianos a los que se les ofrecieron hasta 10 millones de pesos por atentados y homicidios.

La cita criminal de estas disidencias, comandadas por alias Mayimbú, se dio pocos días después del homicidio del exgobernador del resguardo Las Delicias, Marcos Camayo Güetio, a quien hombres armados y que se desplazaban en moto, asesinaron a la 1:00 p.m. del 21 de noviembre.

Desde ese entonces, la guardia indígena ha redoblado la seguridad en sus territorios del Cauca, por el temor a atentados en vísperas de la minga indígena que saldrá hacia la ciudad de Cali el próximo 8 de diciembre para denunciar estas y otras violencias en un año al que fuentes consultadas por EL COLOMBIANO definen como “lamentable para los derechos humanos de los indígenas”.

Las cifras del Consejo Regional Indígena del Cauca reportan 95 comuneros asesinados hasta el 3 de diciembre, entre los que se cuentan el exgobernador Camayo, dos autoridades mujeres y un alguacil.

Ese reporte hace parte de los 53 indígenas asesinados en todo el país, que ha contabilizado el Instituto para el desarrollo y la paz, Indepaz, y que refiere que solo en el Cauca, han matado a 28 líderes sociales, de los 160 asesinados este año en Colombia.

¿Por qué la ‘recompensa’?

Impedir que la marihuana y la coca sigan comiéndose los terrenos indígenas es una de las acciones que enfurece a las disidencias de las Farc, especialmente en los territorios del norte del departamento del Cauca, zona fértil para la marihuana tipo Creepy, pues se producen 1.398 toneladas anuales, reporta Indepaz. La coca, por otro lado, es más cultivada en los municipios de López de Micay y El Tambo, donde hay 8.400 hectáreas de cultivos.

La marihuana y la coca son sacadas desde Buenos Aires hacia El Naya, y de allí se mueve por el océano Pacífico, para seguir alimentando las finanzas de los ilegales comandados por alias Mayimbú, de quien se ha especulado su muerte, aunque información sobre su paradero todavía aparece en la bolsa de 500 millones de recompensa que el Ministerio de Defensa socializó a inicios de octubre en el Valle del Cauca.

Además de la columna Jaime Martínez, en el Cauca se mueve la columna Dagoberto Ramos y el Frente Carlos Patiño, de las disidencias de Farc.

Mientras las recompensas son el incentivo por los líderes, los demás indígenas están sufriendo amenazas para que se siembren cultivos ilícitos y para que cooperen con toda la cadena de producción ilegal. Días atrás, en el resguardo La Laguna Siberia del municipio de Caldono, civiles fueron obligados a disparar contra la guardia indígena.

Además, al Cauca están llegando personas de Nariño a ofrecer altas sumas de dinero por casas y fincas ubicadas en veredas cercanas a los resguardos para ponerlas al servicio del narcotráfico.

La situación es tan compleja, según las denuncias, que no hay garantías ni para organizaciones internacionales ni funcionarios de la Defensoría del Pueblo

Indígenas asesinados en un mes en el Cauca