La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) pondrá en marcha el Plan Regional de Búsqueda Montes de María y Morrosquillo para encontrar los cuerpos de al menos 1.808 víctimas de desaparición forzada que se presume están en 17 municipios de los departamentos Sucre y Bolívar.
El plan fue presentado este 20 de agosto por Luz Marina Monzón, directora de la entidad, quien explicó que esa cifra de víctimas se obtuvo tras cruzar bases de datos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Fiscalía General de la Nación, el Registro Único de Víctimas y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
De este universo estimado, según los datos establecidos por la UBPD, un 86 % corresponde a víctimas de género masculino (1.556) y un 13 %, femenino (227); sobre otras 25 víctimas se está consolidando mayor información. Asimismo, el 98 % se dedicaba a labores del campo, ventas ambulantes y oficios varios, y la mayoría no había terminado la educación básica primaria.
“La Unidad, a partir de las prioridades definidas en el Plan Nacional de Búsqueda, estableció para la región de los Montes de María y Morrosquillo un enfoque según las características particulares de la victimización, que tiene en cuenta circunstancias históricas, territoriales, poblacionales y étnicas”, informó Monzón.
En esta región, infomó la UBPD, un 97 % de los casos reportados correspondería a desapariciones forzadas, un 2 % a reclutamiento ilegal y un 1 % a secuestros. Y, de los 17 municipios incluidos en el plan, los de mayor registro de personas dadas por desaparecidas son Carmen de Bolívar (499), San Onofre (328), Zambrano (151), Ovejas (141) y San Jacinto (121).
“En este orden, los lugares sobre los cuales recaen las medidas cautelares y las acciones que se vienen desarrollando en el municipio de San Onofre, se insertan en esta estrategia del Plan Regional de Búsqueda”, añadió Monzón.
Búsquedas en San Onofre
El plan regional de búsqueda fue presentado durante la audiencia que presidió la JEP en Sincelejo, con el fin de evaluar el cumplimiento de las medidas cautelares establecidas en 2019 para proteger cuerpos de víctimas de desaparición forzada en San Onofre (Sucre), que se presume están en los cementerios San Onofre y Rincón del Mar, y las fincas La Alemania y El Palmar.
La directora recordó que San Onofre es uno de los sitios que reporta mayor número de casos, pero que también tiene una gran cantidad de personas que no paran de buscar a sus seres queridos.
Al respecto, Sandra Herrera, directora del Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de la Nación, manifestó que han desarrollado un trabajo articulado con la JEP, la UBPD, las organizaciones civiles y las víctimas, que son las que aportan la mayor información para emprender las pesquisas.
Entre los avances en los cuatro lugares con medidas cautelares en San Onofre destacó que hay un plan nacional de búsqueda que ha permitido acciones como toma de muestras biológicas a familias de las víctimas para cotejar con el ADN de cuerpos que han sido exhumados desde 2005; diligencias de exhumación y prospección en los cementerios protegidos; entrevistas para recolectar información útil para los laboratorios; y la entrega, por medio de ceremonias dignas de algunos cuerpos identificados.
Para el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Sección de Ausencia Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad dela JEP, estas acciones son fundamentales para las víctimas de desaparición forzada. “Las entregas no reviven a las personas, pero sí restituyen redes humanas y sociales. Con los seres queridos encontrados, quizás, poco a poco, San Onofre vuelve a ser”, expresó, al tiempo que resaltó el trabajo interinstitucional en esta labor.
Por su lado, Angie Bermúdez, representante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), instó a las instituciones que tienen compromisos con la búsqueda de personas dadas por desparecidas para que todas las acciones sean consultadas con las víctimas y se aceleren los procesos, de modo que no se perpetúe la impunidad ni se ahonde el dolor de los familiares.
La directora de la UBPD aseguró que el plan regional de búsqueda se desarrollará con la participación activa de las organizaciones sociales y las víctimas, y resaltó sus valiosas contribuciones en estos procesos.
