El viernes, la Corte elegirá al magistrado que los representará en el Consejo Superior de la Judicatura. En el medio, ha habido polémicas y denuncias de la Red de Veedurías.
Este viernes, la Corte Constitucional deberá elegir al próximo magistrado que representará a la corporación en el Consejo Superior de la Judicatura, un cargo clave para la administración de la Rama Judicial y para el manejo de un presupuesto que ronda los 12 billones de pesos.
Sin embargo, el proceso, que usualmente transcurre en reserva y sin sobresaltos públicos, llega esta vez marcado por cuestionamientos, advertencias y la sombra de presuntas campañas sucias internas.
Entre los aspirantes, la abogada Liliana Rosa Cardona ha tomado ventaja en las conversaciones internas, impulsada —según fuentes del alto tribunal— por su cercanía con la exprocuradora Margarita Cabello, hoy considerada una de las figuras con mayor influencia en sectores del poder judicial.
Pero sobre Cardona pesa un antecedente que, para algunos, debería ser evaluado con lupa por los magistrados: cuando fungía como delegada para asuntos penales en la Procuraduría, intentó revocar el proceso disciplinario contra el entonces magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, investigado por corrupción.
La actuación, presentada sin conocimiento del procurador de la época, Fernando Carrillo, no solo generó molestias internas, sino que fue rechazada por la Sala Penal de la Corte Suprema por llegar fuera de los tiempos procesales.
A este ambiente ya tenso se sumó un comunicado reciente de la Red de Veedurías, que lanzó advertencias sobre movimientos internos que —según la organización— ponen en duda la neutralidad del alto tribunal en esta elección.
El grupo ciudadano cuestionó directamente a dos magistrados de la Corte Constitucional y planteó la posibilidad de que estén impulsando candidaturas específicas dentro de la corporación.
“¿Dos magistrados estarían haciendo campaña al interior de la Corte?”, preguntó la organización en su mensaje público, que de inmediato captó la atención de académicos, analistas y congresistas.
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En el comunicado, la Red de Veedurías señala que la magistrada Natalia Ángel, quien lidera la Sala Especial de Seguimiento, estaría promoviendo abiertamente la aspiración de Juanita Durán, exfuncionaria de la Fiscalía durante la administración de Eduardo Montealegre y con vínculos profesionales con el exministro Alejandro Gaviria.
Según la organización, ese presunto apoyo ha generado “inquietud” en otros despachos por el peso que tiene Ángel en las discusiones internas.
El magistrado Miguel Polo Rosero, quien llegó a la Corte en 2024, también es mencionado. La Red de Veedurías afirma que el togado habría circulado artículos periodísticos entre sus colegas para afectar la reputación de otra de las candidatas, una acción que la organización calificó como una forma de incidir en la percepción del cuerpo decisor.
El comunicado recuerda, además, que Polo Rosero ha respaldado varias decisiones alineadas con el Gobierno nacional.
La elección del nuevo magistrado —para un período de ocho años— enfrenta así un ambiente de desconfianza poco común.
Hay cinco aspirantes en competencia, pero la Red de Veedurías sostiene que la carrera se ha contaminado por maniobras internas que se alejan de los criterios de mérito, trayectoria y capacidad gerencial con los que deberían elegirse los altos cargos de la Rama Judicial.
“Lo más grave”, advirtió el comunicado, “es que se estaría haciendo campaña sucia hablando mal de los otros candidatos. Estas prácticas ponen una sombra sobre un proceso que debería basarse en la idoneidad y no en chismes o maniobras malintencionadas”.
Con las votaciones previstas para este viernes, la Corte Constitucional enfrenta una decisión decisiva y, al mismo tiempo, la presión de demostrar que el proceso se mantiene a la altura de la independencia e imparcialidad que se espera del más alto tribunal del país.
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