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Juez ordenó, por fin, demoler edificio Aquarela que afectaba centro histórico de Cartagena
El proyecto habitacional alcanzó a levantar una de las cinco torres de apartamentos que se iban a construir cerca al Castillo de San Felipe.
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Hasta la Unesco se metió en la polémica y le pidió al Gobierno demoler el edificio (al fondo en la foto) porque considera que pone en riesgo a las murallas de Cartagena, declaradas Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad en 1984. FOTO: EFE -
Aquarela era un proyecto habitacional de 5 torres de 32 pisos cada una. La primera torre estaba en construcción, pero sus obras se suspendieron en 2017. FOTO: COLPRENSA
Un juez ordenó demoler el edificio Aquarela, ubicado en cercanías del Castillo de San Felipe de Barajas, una de las joyas arquitectónicas de Cartagena de Indias, al considerar que se ven amenazados los derechos colectivos del patrimonio público y cultural de la Nación.
Así lo informó este sábado la Procuraduría, que coadyuvó en una demanda interpuesta por el Ministerio de Cultura para demoler la edificación y señaló en un comunicado que, según el juez, “se vulneraron los derechos colectivos al goce del espacio público, su utilización y defensa y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas”.
El proyecto habitacional Aquarela, de 5 torres de 32 pisos cada una, se comenzó a construir en cercanías del Castillo de San Felipe de Barajas. Las obras están suspendidas por las acciones legales que tomó el Ministerio de Cultura en 2017, que alegó entonces que se violaron las normas de protección del patrimonio.
Sin embargo, la primera torre ya estaba en construcción y es visible a uno de los costados de esa fortaleza militar, considerada una de las obras de ingeniería militar más importantes del período colonial en Latinoamérica.
Aquarela era un proyecto habitacional de 5 torres de 32 pisos cada una. La primera torre estaba en construcción, pero sus obras se suspendieron en 2017. FOTO: COLPRENSA
Incluso la Unesco pidió al Gobierno demoler el edificio porque considera que pone en riesgo a las murallas de Cartagena, declaradas Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad en 1984.
Según la Procuraduría, el Distrito de Cartagena y la Promotora Calle 47 S.A.S, deberán asumir el costo de la demolición y restituir 619,59 metros cuadrados de espacio público en un término de tres meses.
El ministerio público, agregó la información, “estará presto a participar defendiendo los intereses colectivos de los cartageneros, en caso los condenados pretendan interponer recursos frente a dicho fallo”.
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