La escalada violenta persiste desde el 15 de enero pasado. Las disidencias y el ELN rompieron un pacto de no agresión y ahora se disputan el control del territorio y los negocios ilícitos.
La guerra que desataron las disidencias de las Farc y el ELN completó un mes en la región del Catatumbo y, pese a la conmoción interior decretada por el Gobierno, las cifras de las consecuencias humanitarias continúan aumentando. Una estela de homicidios en la última semana repuntó los muertos y los desplazados ya superan las 53.630 personas.
El último balance de la crisis fue entregado por el Puesto de Mando Unificado de la Gobernación de Norte de Santander. Allí se indicó que la disputa entre los actores armados ya deja 60 personas muertas (5 firmantes de paz, 2 líderes sociales y 5 menores de edad) y ha ocasionado que 21.211 personas queden confinadas por el temor a quedar en medio del fuego cruzado.
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El desplazamiento forzado también repuntó y llegó a 53.630 personas afectadas. La cifra podría aumentar. Desde el municipio de Tibú señalaron que miembros de los grupos armados se pasean casa por casa y le piden a la comunidad que abandonen sus viviendas porque podrían registrarse enfrentamientos en los barrios Largo, Bertrania, Campo Yuca y Paloquemado.
La guerra entre disidentes y el ELN se desató después de que se cometió la masacre de un prestador de servicios funerarios, su esposa y su hijo de ocho meses mientras transitaban por las vías de Tibú. A partir de ahí iniciaron los enfrentamientos a sangre y fuego.
Líderes de la región y la Defensoría del Pueblo venían alertando desde noviembre pasado por la creciente tensión entre los elenos y las disidencias: el pacto que tenían de no agresión y de distribuirse el negocio cocalero se rompió.
En el decreto de conmoción interior, el Gobierno reconoció que desde 2021 -con el descenso en los precios de la hoja de coca- hubo una suerte de tregua entre las organizaciones armadas para repartirse el negocio y permitir la entrada de compradores a los territorios.
Pero advirtió que desde finales del 2024 los precios en el mercado ilícito empezaron a recuperarse y el pactó se terminó: los armados saben que hay oportunidad de crecimiento y de acaparar más ganancias en esa subregión.
Hasta ahora hay 3.904 personas refugiadas en alojamientos temporales y ya son 119 los combatientes de los grupos armados ilegales los que han optado por la desmovilización para esquivar los azarosos combates.
La Gobernación de Norte de Santander llamó la atención por lo que pude ser una incursión bélica del ELN en el área metropolitana de Cúcuta, pues encontraron explosivos contramarcados con las insignias de esa guerrilla en los sectores de Urimaco y Astilleros.
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