Alexander Díaz Mendoza tenía apenas 16 años cuando ingresó a la guerrilla de las Farc, entonces con fuerte presencia en el Meta. En ese momento, las Farc no solo eran la insurgencia más antigua de Colombia, sino también una de las organizaciones armadas con mayor influencia en América Latina. Desde su llegada al grupo adoptó el alias de ‘Calarcá’.
Hoy, ese alias aparece en todas las portadas y los noticieros del país. ‘Calarcá’ es la figura central de uno de los escándalos más graves de connivencia entre estructuras del Estado y organizaciones criminales. Su habilidad para tejer relaciones de poder, incluso en escenarios de supuesta legalidad, lo llevó a establecer vínculos con miembros de las Fuerzas Militares y de inteligencia, una red que ahora se revela como el soporte de su influencia y expansión.
Pese a su hábil relacionamiento, este temido jefe criminal, no ha logrado consolidar un proceso de paz serio con el Gobierno, pero sí establecer relaciones estratégicas bajo la sombra, un hallazgo que para muchos ayuda a explicar la benevolencia estatal frente a un grupo que, lejos de desmovilizarse, continúa expandiéndose. La paradoja es evidente. Mientras las negociaciones patinan, el poder militar de esta disidencia crece a gran velocidad.
Crecimiento de grupos armados ilegales
De acuerdo con un análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), basado en los ejercicios de apreciación de capacidades críticos de la amenaza elaborados por la propia Fuerza Pública, el panorama criminal del país muestra que el Clan del Golfo es, a julio de este año, la estructura con mayor crecimiento.
Sin embargo, la disidencia de ‘Calarcá’, el llamado Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), mantiene una expansión sostenida que preocupa por su magnitud y por la manera en que se ha extendido sobre territorios estratégicos.
Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, los Grupos Armados Organizados aumentaron su pie de fuerza en un 15%, lo que equivale a 3.320 nuevos integrantes. En ese mismo periodo, el EMBF creció incluso por encima de ese promedio. Su estructura aumentó un 16% con el ingreso de 387 nuevos miembros, alcanzando los 2.802 combatientes, un salto significativo para un grupo que ya tenía presencia consolidada en varias regiones.
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Ese crecimiento se refleja en el mapa. El EMBF opera hoy en zonas que históricamente han sido epicentros del conflicto y de economías ilícitas. El Catatumbo en Norte de Santander, el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolívar y amplios corredores que se extienden por Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare, Tolima y Cauca.
Su presencia se da en enclaves mineros, áreas cocaleras, pasos fronterizos y regiones donde el control social y armado garantiza rentas y movilidad. No es una estructura marginal, es un actor con capacidad para influir, gobernar y someter.
Atentados atribuidos al EMBF
La magnitud de este grupo también queda en evidencia por los episodios violentos de los que ha sido señalado como el principal sospechoso en los últimos años.
Entre ellos están el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio en Bogotá.
El atentado con una volqueta bomba contra el Batallón Simón Bolívar en Tunja, el derribo del helicóptero en Amalfi donde murieron trece policías, el atentado contra el gobernador de Arauca, el secuestro de 34 soldados en Guaviare, la explosión en una base militar en Cali que dejó seis civiles muertos, los reclutamientos forzados en Vaupés, el tráfico de influencias en contratos de Indumil, el secuestro masivo de 57 personas en El Plateado.
La ola de ataques en Cauca y Valle, los casos de menores reclutados y asesinados, la masacre de ocho líderes sociales en Calamar, el secuestro de nueve funcionarios públicos en Cauca, el hackeo y filtración de datos sensibles del Estado y el ataque en Puerto Jordán que ocasionó la muerte de un soldado.
Ninguno de estos hechos corresponde a la acción de un grupo pequeño o improvisado; por el contrario, evidencian una capacidad operativa considerable.
La FIP propone tres factores centrales que explican por qué estas disidencias siguen creciendo. El primero es la expansión territorial y el fortalecimiento de formas de gobernanza armada. La llegada a nuevas regiones no siempre avanza al mismo ritmo que el aumento del pie de fuerza, pero la presencia masiva de combatientes suele reforzar la influencia de los grupos en los territorios donde ya están instalados.
Ese control no depende únicamente de cuántos hombres portan fusil, sino de las redes de apoyo, de los métodos empleados para imponer normas y de su capacidad para suplir, reemplazar o disputar funciones del Estado.
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El segundo factor es la presión de las disputas internas y la ofensiva de la Fuerza Pública. El incremento de operaciones militares y de choques entre grupos ilegales ha generado una necesidad interna de reforzar filas. Hoy existen al menos 14 zonas activas de disputa donde coinciden intereses del ELN, el EMC, el Clan del Golfo y el propio EMBF, lo que alimenta un ciclo permanente de reclutamiento y expansión.
El tercer factor es la diversificación de métodos de reclutamiento. Las disidencias utilizan desde campañas abiertas en redes sociales hasta incentivos económicos que superan los ingresos promedio de muchas regiones rurales.
En zonas donde las oportunidades son escasas, grupos como el Clan del Golfo ofrecen salarios mensuales de más de un millón de pesos y beneficios adicionales. A eso se suman prácticas como la coerción a familias vulnerables, el reclutamiento voluntario como forma de protección o la entrada de jóvenes por redes familiares.
El EMBF se mueve en un tablero complejo de alianzas y rivalidades. En el Catatumbo, sostiene una confrontación directa con el ELN desde enero de 2025, una disputa que ha avanzado hacia la serranía del Perijá en el Cesar.
En contraste, en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar ha pactado alianzas operativas con frentes del ELN para frenar la expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en zonas mineras clave. En gran parte del sur del país, su principal enemigo sigue siendo el Estado Mayor Central, con el que protagoniza una guerra silenciosa pero constante en Caquetá, Amazonas, Meta, Putumayo y Guaviare.
El futuro del EMBF es incierto, no por falta de fuerza sino por el deterioro de las negociaciones con el Gobierno. La crisis política provocada por los recientes hallazgos sobre posibles nexos con sectores del Estado no parece haber frenado su avance territorial.
Todo indica que esta estructura continuará disputando áreas claves para el narcotráfico, la minería ilegal y la movilidad hacia las fronteras, mientras amplía su pie de fuerza y profundiza su control social en regiones donde la autoridad estatal es intermitente o inexistente.
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Preguntas frecuentes sobre el tema:
- ¿Cuáles son las zonas de mayor presencia del EMBF?
- El EMBF opera en regiones estratégicas como el
Bajo Cauca antioqueño, Catatumbo (Norte de Santander), sur de Bolívar, y vastos corredores en Putumayo, Caquetá, Huila y Meta.
- ¿Qué factores impulsan el reclutamiento de las disidencias?
- Los principales factores son: la
expansión territorial que requiere más filas, las
disputas internas con otros grupos ilegales y la diversificación de métodos, incluyendo
incentivos económicos y coerción.
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