El escándalo destapado por el magistrado Mauricio González, quien señaló que su colega, Jorge Pretelt, presidente de la Corte Constitucional, habría presuntamente solicitado dinero a cambio de fallar en determinado sentido una tutela para favorecer a una empresa, es tan complejo que hasta la Presidencia de la República tomó cartas en el asunto.
Se trata de una tutela interpuesta por Fidupetrol que buscaba dejar sin efectos una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que la condenaba a pagar $22.500 millones y que había llegado al despacho de González para ser fallada.
González indicó que a través del magistrado Luis Ernesto Vargas se enteró que Pretelt le habría solicitado $500 millones al abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco, para interceder y lograr que la tutela se fallara a favor de Fidupetrol, comprometiendo a González.
Por ello, González radicó una solicitud ante la Comisión de Acusaciónes de la Cámara de Representantes para que se investiguen los señalamientos hechos por Pacheco en contra Pretelt.
Sobre el hecho, el magistrado Pretelt afirmó que: “No intervine en la selección de la tutela en cuestión. No la insistí y apoyé de inmediato el proyecto presentado a Sala Plena por el magistrado Mauricio González, declarando la improcedencia de dicha tutela, es decir, negando las pretensiones de Fidupetrol, cuyo abogado es el doctor Víctor Pacheco”, indicó Pretelt en su defensa.
El ministro Néstor Humberto Martínez, al terciar en el asunto instó a la Comisión de Acusaciones a actuar con celeridad. “Siguiendo instrucciones del Jefe del Estado, quien –como es de conocimiento público–, se encuentra fuera del país, la Presidencia de la República se permite solicitar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, por su elevado conducto, se adelante con decisión y de manera inmediata la indagación correspondiente, para que en breve término pueda esclarecerse lo acontecido y se preserve la integridad de la Corte Constitucional”.
Los exmagistrados, Nilson Pinilla y Alfredo Beltrán Sierra coincidieron en que este escándalo tiene una gravedad altísima porque, no es posible que un magistrado de la Corte esté involucrado en un hecho semejante.
“Me parece muy gravísimo pero resalto la labor de haber pasado este tema de ser un rumor de pasillo a un tema que respecte a la Cámara de Representantes
que tiene la competencia de adelantar la investigación correspondiente”.
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