En la misma semana en que generó polémica el traslado a La Picota de Olmedo López y Sneyder Pinilla, principales testigos del escándalo de la UNGRD, la Corte Suprema de Justicia concedió la libertad provisional a Iván Name y Andrés Calle, los expresidentes del Congreso señalados en sus declaraciones.
La corporación concedió el beneficio a ambos excongresistas por vencimiento de términos, al cumplirse el plazo legal sin que se hubiera celebrado la audiencia pública de juzgamiento.
Name y Calle están acusados de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros agravado. Según la acusación, habrían recibido una coima de $3.000 millones y $1.000 millones, respectivamente, a cambio de apoyar proyectos del Gobierno relacionados con las reformas pensional y de salud.
Para tomar la decisión, la Corte determinó que habían transcurrido 12 meses desde que quedó en firme la resolución de acusación, el 7 de octubre de 2025, sin que se hubiera culminado la audiencia de juzgamiento. La Corte también señaló que no encontró que la demora fuera atribuible a los procesados o a sus defensas.
La libertad se hará efectiva una vez cada uno pague 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cerca de 18 millones de pesos, y firmen un acta de compromiso. Además, las autoridades deberán verificar que no sean requeridos por otro proceso.
Según testigos, los entonces congresistas habrían recibido compromisos económicos o políticos a cambio de impulsar proyectos de ley y reformas radicadas por el Gobierno Nacional que estaban en trámite en el Congreso. Las supuestas maniobras coincidieron con una serie de contratos de la entidad de gestión del riesgo que hoy son investigados por sobrecostos y desvío de recursos.
En una decisión anterior, la Corte ya había rechazado otro recurso presentado por la defensa de Andrés Calle, quien pedía la libertad de su cliente bajo el argumento de que los tiempos procesales no habían sido respetados. Sin embargo, el alto tribunal concluyó, en ese momento, que la calificación del proceso se realizó conforme a la ley y dentro de los plazos establecidos.
Le puede interesar: Exclusivo | “Me exigía mínimo 5.000 votos”: denuncian a senadora Berenice Bedoya por exigir “meta de votos” a miembros del partido ASI
El caso de Name y Calle se convirtió en un símbolo del deterioro institucional que destapó el escándalo de la UNGRD, una entidad clave para la atención de emergencias que terminó convertida, según los hallazgos de la Fiscalía y la Procuraduría, en una red de contratos amañados y favores políticos.
Ambos congresistas fueron señalados por exfuncionarios de la entidad y por testigos dentro del proceso de haber tenido una participación directa en la trama, que habría implicado el uso de recursos públicos con fines políticos.
