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Corte Suprema condenó a 22 años de prisión por corrupción a Efrén Palacios, exgobernador de Chocó

El mandatario regional fue señalado de apropiarse de los recursos públicos del departamento por medio de varios contratos de salud cuando se desempeñó como gobernador entre 2013 y 2015.

  • Efrén Palacios Serna, exgobernador del departamento del Chocó, que fue condenado a 22 años de prisión por corrupción a través de varios contratos en salud. FOTO: COLPRENSA
    Efrén Palacios Serna, exgobernador del departamento del Chocó, que fue condenado a 22 años de prisión por corrupción a través de varios contratos en salud. FOTO: COLPRENSA
  • Efrén Palacios Serna, exgobernador del Chocó. FOTO: COLPRENSA
    Efrén Palacios Serna, exgobernador del Chocó. FOTO: COLPRENSA
25 de marzo de 2025
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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Efrén Palacios Serna, exgobernador del Chocó, a 22 años de prisión por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

El alto tribunal fijó además una multa de $1.270 millones de pesos e inhabilitó al exmandatario para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo período de su condena. Asimismo, negó la suspensión condicional de la pena, pero le concedió el beneficio de prisión domiciliaria.

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“De acuerdo con la investigación, Palacios Serna fue el determinador de esos contratos que tenían el único fin de apropiarse de los recursos de la salud que habían sido asignados para esa vigencia fiscal”, señaló la Corte Suprema.

Efrén Palacios Serna, exgobernador del Chocó. FOTO: COLPRENSA
Efrén Palacios Serna, exgobernador del Chocó. FOTO: COLPRENSA

La investigación determinó que Palacios Serna adjudicó contratos por $2.200 millones en 2013 para el suministro de medicamentos a población en condición de vulnerabilidad, con el propósito de apropiarse ilegalmente de los recursos destinados a la salud.

La sentencia señaló que el exgobernador utilizó su cargo para firmar contratos irregulares con el fin de desviar fondos destinados a la compra de medicamentos de alto costo para personas con enfermedades huérfanas o catastróficas, privándolas del acceso a tratamientos esenciales.

El tribunal concluyó que el delito afectó gravemente el erario del departamento y generó una sensación de desprotección en la ciudadanía frente a sus autoridades.

La Corte resaltó que el exmandatario defraudó la confianza de quienes lo eligieron para velar por los recursos públicos, por esa razón su conducta fue catalogada como “de especial gravedad”.

La Corte Suprema estudió irregularidades en siete contratos

-Uno por $100 millones, con la Droguería Bajirá.

-Otro de $500 millones, adjudicado a la Droguería Santa Cruz.

-Otro más de $400 millones, entregado a la Droguería La 20.

-Uno de $100 millones, para la Droguería Yosselín Rocío.

-Y otro de $400 millones para la Droguería Disfar.

También, al parecer, entregó otros dos contratos más de $300 y $400 millones a las droguerías El Mello y María Auxiliadora, respectivamente.

“Los distintos actos desplegados por los miembros del plan delictivo dan cuenta de la realización mancomunada del cometido común de defraudar la administración pública al apropiarse indebidamente de peculios que estaban destinados a satisfacer las necesidades de salud de la población vulnerable del departamento”, detalló el fallo.

Esta condena se dio luego de que, en el año 2016, la Fiscalía condenara a Efrén como coautor por estos mismos delitos.

Después de años de investigación, las autoridades revelaron que el exmandatario le ordenó a Guillermo Verhelst Cruz, entonces secretario de Salud del departamento, tramitar los contratos irregulares del sector salud.

Asimismo, informaron que los $2.200 millones fueron utilizados después para saldar las grandes deudas que le dejó su campaña política a la gobernación en 2013.

“Palacios Serna era consciente, de la forma en que se venía gestando el trámite y la celebración de los contratos, y que en ese momento debía asegurar el pago antes de las elecciones, por eso expidió resoluciones sin mayor verificación sobre las condiciones en que se encontraban las cuentas de cobro y ordenó el pago sin que el servicio hubiese sido efectivamente prestado”, concluyó la Fiscalía.

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