¿Por qué la Corte Suprema ratificó la condena contra el excongresista “Tuerto Gil”? Detalles del plan para frenar la extradición de ‘Jesús Santrich’ y las pruebas de la DEA que hundieron al exparlamentario.
La Corte Suprema de Justicia ratificó su condena de 54 meses de prisión (cuatro años y medio) contra el excongresista Luis Alberto Gil Castillo, conocido como el “Tuerto Gil”, por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y tráfico de influencias. La decisión se basa en su intervención ilegal para intentar frenar la extradición de alias “Jesús Santrich”, excabecilla de las Farc, mediante sobornos a un fiscal de la JEP.
Gil Castillo fue congresista del partido Convergencia Ciudadana entre 2002 y 2006, el cual él fundó, y que fue sepultado por la misma Corte Suprema en 2012 cuando él y otros dos exintegrantes fueron condenados por nexos con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Ahora bien, de acuerdo con la investigación, según informó la Sala de Casación Penal de la Corte, desde diciembre de 2018 hasta el primero de marzo de 2019, “Gil Castillo se concertó con otras personas con el fin de cometer diversos delitos en contra de la administración pública y la seguridad pública”.
Según se expuso, para la Sala quedó demostrada la intervención ilegal por parte del exsenador ante el entonces fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Carlos Julián Bermeo Casas.
En esa ocasión, Gil Castillo intervino para intentar favorecer a personas con procesos en dicha Jurisdicción, como ya lo había hecho ese fiscal en el proceso contra alias Jesús Santrich.
En la sentencia se lee que un agente de la DEA de Estados Unidos informó al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía que se realizaría una reunión entre Gil y otros individuos para tratar temas relacionados con corrupción.
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Ya habían ofrecido vender, retardar y omitir decisiones dentro de procesos penales por narcotráfico, así como influir en asuntos sensibles para Colombia y Estados Unidos a cambio de aproximadamente USD 500.000.
Para la reunión fue autorizado un agente encubierto y una entrega controlada de dinero. Esto se acordó para el 1 de marzo de 2019, en un hotel de Bogotá, llamado The Artisan DC, en la calle 72 #5-51:
“Se dio el encuentro de la fuente humana y el agente encubierto con un hombre llamado Orlando que estaba acompañado con otra persona, quienes dijeron que esperarían la orden de recibir el dinero y que se efectuaría una nueva reunión en el hotel JW Marriot. En el primer lugar se dejó una maleta con cuatrocientos sesenta mil dólares (USD 460.000)”.
Posteriormente, se dio la reunión clave en el lobby del prestigioso hotel JW Marriott, ubicado en la calle 73 #8-60, también en la capital.
Allí, dice la sentencia, se encontraron con Gil Castillo, quien comentó las actividades con las que retrasarían los trámites de extradición de alias “Jesús Santrich” por unos 90 días. Esto, con la ayuda del fiscal Bermeo Casas, a quien él tenía confianza. También habló de los valores de esa gestión.
Según dice la sentencia, el fiscal Bermeo Casas le explicó a la fuente cómo se lograría retrasar ese trámite con la emisión de órdenes a la Policía Judicial, solicitudes de prórrogas al magistrado asignado, la realización de gestiones con un secretario, el acercamiento con personas y el extravío de documentación, como una carta que evitaron que llegara a Estados Unidos.
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“Luego de la conversación, en presencia del aquí procesado, el agente encubierto entregó a Bermeo Casas por debajo de la mesa cuarenta mil dólares (USD 40.000), los recibió y guardó en su chaqueta”, se lee.
Todo lo anterior se resume en el comunicado que la Sala de Casación Penal de la Corte emitió para que la opinión pública conociera su decisión:
“Sin tener la calidad exigida, (Gil Castillo) gestionó el uso indebido de la función pública que ostentaba el fiscal Bermeo Casas ante la JEP, con la finalidad irregular ya indicada. Esto es, para incidir ante otros funcionarios de la misma entidad, para la ejecución de actos tendientes a torpedear el normal desarrollo de procesos judiciales; así, el implicado también obtendría un provecho económico irregular, como en el caso de alias Jesús Santrich”, se lee en la sentencia.
Finalmente, la Sala deja claro que, “en el caso bajo estudio, no observa trasgresión a los derechos y garantías de Luis Alberto Gil Castillo, en razón de la actuación surtida por el fiscal delegado, los jueces de garantías y los falladores de instancias y la defensa”.
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