Pasaron sólo seis días entre la salida del exministro Ricardo Bonilla el pasado 4 de diciembre, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD, y el allanamiento de la Corte Suprema de Justicia a las oficinas del Ministerio de Hacienda que inició este 10 de diciembre. Los funcionarios de esa cartera no estaban acostumbrados a vivir tantas emociones en poco tiempo.
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A través de un comunicado, MinHacienda confirmó la inspección y dijeron que entregaron “a los delegados los elementos que fueron solicitados por ellos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público reitera la disponibilidad de atender a todos los entes de control y los requerimientos hechos por parte de sus funcionarios”.
En concreto, la Sala de Instrucción, en cabeza del magistrado Misael Rodríguez, quiere recolectar pruebas relacionadas con el rol de exfuncionarios en el escándalo y por eso inició su búsqueda en las oficinas de enlace con el Congreso.
Una exfuncionaria de esa oficina, María Alejandra Benavides, está adelantando un principio de oportunidad con la Fiscalía para aceptar su participación en el entramado. Según su versión, el exministro Bonilla estaba al tanto de todo: “Él (Bonilla) sabía que esos contactos los había sacado yo de lo que me habían pasado los congresistas que tenían los cupos indicativos (...) Yo no podía cuestionarlo. Pero aquí estoy segura de que el ministro sabía que esos contactos para ellos y que a cambio le iban a dar esos créditos (...) Él me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro”, dijo la exfuncionaria quien ha denunciado serias amenazas en contra de su integridad.
Por eso la Corte indaga esa oficina de relacionamiento con el Legislativo y si los delitos que tienen que ver con el direccionamiento de contratos para beneficiar a congresistas se han presentado en gobiernos anteriores. Esta ha sido una de las defensas del propio presidente Gustavo Petro sobre su cercano exministro Bonilla. Eso no excluye su eventual culpabilidad que ya el alto tribunal y la Fiscalía tienen pruebas de la red de exfuncionarios y congresistas involucrados.
De hecho, la Corte no solo realizó el allanamiento a las oficinas de Hacienda sino de la casa de Andrea Ramírez, otra exfuncionaria que asesoraba a Bonilla y también involucrada. Benavides dijo que siguió órdenes de Ramírez, quien estaba en licencia de maternidad para la época de los hechos pero que, según ella, era la que se encargaba de toda la operación con los congresistas y el direccionamiento de los contratos a través de la UNGRD.
La exasesora estuvo el pasado viernes 6 de diciembre rindiendo su testimonio ante el magistrado Misael Rodríguez por esta investigación y fue interrogada por la defensa de Wadith Manzur y de los otros congresistas involucrados en el escándalo.
La Corte Suprema tiene la hipótesis de que los investigados habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP).
“En concreto, a cambio de conceptuar operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la UNGRD, en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar)”, dijo el alto tribunal. Son tres contratos que ascienden a los $92.000 millones de pesos.
La investigación involucra a los parlamentarios Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y al excongresista Juan Diego Muñoz. Todos han dado sus versiones a la Corte y han negado cualquier acto irregular.
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