La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el presunto delito de prevaricato por acción.
La actuación, según dio a conocer Red +, busca establecer si hubo decisiones contrarias a la ley en medio de la disputa con la Fiscalía por la competencia para investigar al expresidente Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja.
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El conflicto se originó luego de que la Comisión solicitara trasladar el expediente a esa instancia legislativa, petición que la Fiscalía rechazó al sostener que conserva la competencia para adelantar el proceso.
Otro de los medios que informó al respecto es Cuestión Pública, que dio a conocer que la indagación contra integrantes de la Comisión de Acusación de la Cámara también está relacionada con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en 1998, además de las masacres paramilitares de La Granja (1996) y El Aro (1997).
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Según el medio, la denuncia por presunto prevaricato por acción fue presentada el 3 de septiembre por el abogado Omar Alberto Franco Becerra, luego de que congresistas solicitaran a la Fiscalía trasladar el caso contra Álvaro Uribe a esa comisión.
El asunto fue repartido al magistrado César Augusto Reyes, quien abrió indagación previa para establecer si los hechos denunciados ocurrieron y si podrían constituir un delito.
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Hay que recordar que, luego de la instalación del nuevo Congreso, la Cámara definió los 17 integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación, encargada de recibir, investigar y tramitar denuncias contra altos funcionarios amparados por fuero constitucional, entre ellos el presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general.
El Pacto Histórico tiene la mayor representación, con cinco curules, seguido del Centro Democrático y el Partido Liberal, con tres integrantes cada uno, y el Partido Conservador, con dos. La U, Cambio Radical y dos representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) tendrán un puesto cada uno.
La distribución se realizó mediante el sistema de cifra repartidora, que asigna las curules de acuerdo con la votación obtenida por las colectividades en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.
De esta manera, las dos fuerzas con mayor respaldo electoral, el Pacto Histórico y el Centro Democrático, quedaron con cinco y tres representantes, respectivamente.
Entre los nombres que llegaron a esta comisión están Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, quien representó a Bogotá y tuvo un papel cercano a la campaña presidencial del senador Iván Cepeda, particularmente en las negociaciones políticas con sectores de la izquierda y otras fuerzas; y Daniel Briceño, del Centro Democrático, exconcejal de Bogotá y uno de los congresistas más votados en las elecciones legislativas.
También está Juan Loreto Gómez, representante conservador por La Guajira y figura de una de las estructuras políticas de mayor peso en ese departamento. Su primo, Iván Mauricio Soto, busca disputar la Gobernación al grupo político del senador Alfredo Deluque, de La U. Loreto Gómez, además, hace parte del grupo de congresistas conservadores que mantuvo cercanía con el gobierno de Gustavo Petro.
El expresidente Uribe ya rindió indagatorias
“Me han acusado de violación de Derechos Humanos a pesar de la política de Seguridad Democrática que sirvió a todos los colombianos”.
Esa fue una de las frases que pronunció el expresidente Álvaro Uribe antes de ingresar el pasado 4 de septiembre a la Fiscalía, donde rindió indagatoria dentro del proceso que lo relaciona por una supuesta omisión mientras era gobernador de Antioquia con las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato del líder social Jesús María Valle.
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Antes de ingresar a la diligencia, Uribe se refirió a las acusaciones que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria política y aseguró que comparece ante la justicia con tristeza, pero también por respeto a la Constitución, su familia, sus compatriotas y las instituciones. “Acudo a esta indagatoria, con tristeza, lo hago por respeto a la Constitución, a mi familia, a mis compatriotas y a la justicia”, afirmó.
Fuentes cercanas al caso confirmaron en su momento a EL COLOMBIANO que esta no será la única sesión que tendrá que rendir el expresidente. Están por confirmarse las fechas en que se realizarán dos sesiones más.
Uribe fue denunciado hace más de 20 años por su presunta participación en las masacres de ‘El Aro’ y ‘La Granja’. En el proceso fue incluido el testimonio del exparamilitar, Francisco Villalba, quien posteriormente fue asesinado.
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El expresidente negó además haber tenido vínculos con el narcotraficante Pablo Escobar. Según recordó, el jefe del cartel de Medellín habría ordenado en varias ocasiones atentar contra su vida como represalia por actuaciones que Uribe atribuyó al cumplimiento de sus funciones.
También rechazó los señalamientos que lo relacionan con estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo. “Me han acusado de narco-paramilitar no obstante nuestros resultados en disminución del narcotráfico y en desmonte del paramilitarismo”, afirmó el exmandatario.
Otro de los señalamientos que abordó fue el relacionado con un supuesto soborno de testigos. Uribe aseguró que sus actuaciones han respondido a la defensa de su reputación y cuestionó nuevamente lo que considera una persecución promovida por sus contradictores.
En su intervención también hizo referencia a la actual coyuntura política y a las acusaciones que lo vinculan con un supuesto “Petro-Uribismo”. El expresidente rechazó esa interpretación y aseguró que durante el gobierno de Gustavo Petro mantuvo una oposición que calificó como “sin declives” y “leal con la Nación”.
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“A pesar que esta acusación también está basada en los señalamientos y movidas del expresidente Petro, frente a él, como frente a cualquier ciudadano, acusado con o sin justicia, prefiero mi adhesión a las mismas garantías constitucionales que para mi reclamo”, sostuvo Uribe.
El exmandatario aseguró que su posición frente a Petro no está basada en una lógica de retaliación. Habló de que no quiere caer “en la rabiosa actitud del ‘diente por diente o del ojo por ojo’”.
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Uribe también hizo referencia al impacto personal que ha tenido el proceso judicial. En particular, mencionó la condena de su hermano, a quien describió como un “finquero básico” y una persona de valores morales, y cuestionó que, según él, hubiera sido condenado a partir de señalamientos de sus adversarios.
“Creí que le había servido a la Nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino”, afirmó el expresidente al referirse a la diligencia que enfrenta ante la Fiscalía.
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Preguntas y respuestas
- ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación contra integrantes de la Comisión de Acusación?
- La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa por el presunto delito de prevaricato por acción para establecer si integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes tomaron decisiones contrarias a la ley en medio de la disputa con la Fiscalía por la competencia para investigar al expresidente Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja.
- ¿Qué es el presunto prevaricato por acción por el que se indaga a los congresistas?
- El prevaricato por acción es un delito que puede configurarse cuando un servidor público profiere una resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. En este caso, la indagación busca establecer si las actuaciones denunciadas cumplen las condiciones para constituir ese delito. La apertura de la investigación no significa que los congresistas sean culpables.
- ¿Qué relación tiene la indagación con los casos de Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja?
- La actuación está relacionada con una disputa sobre qué autoridad tiene la competencia para investigar al expresidente por estos hechos. La Comisión de Investigación y Acusación solicitó trasladar el expediente a esa instancia legislativa, pero la Fiscalía rechazó la petición al sostener que conserva la competencia para adelantar el proceso.
- ¿La indagación también está relacionada con el asesinato de Jesús María Valle?
- Sí. Según información publicada por Cuestión Pública, la indagación también está relacionada con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en 1998, además de las masacres de La Granja, en 1996, y El Aro, en 1997.
