Colombia continúa en la lista roja de países en Latinoamérica con mayor incidencia de violencia escolar, matoneo o bullying en los colegios. Esta alarmante situación cobró nueva relevancia con un fallo de la Corte Constitucional, que ordenó al Gobierno Nacional tomar medidas urgentes para detener esta problemática, en algunos casos mortal.
El alto tribunal conoció el caso de una menor de edad que, diagnosticada con depresión y ansiedad, sufrió acoso escolar sin recibir el apoyo adecuado de su colegio. La estudiante y su madre presentaron una tutela que reveló las graves fallas en la gestión del acoso, incluyendo la negativa del centro educativo a ofrecer actividades que pudieran mitigar el impacto en su desempeño académico, en cambio fue ignorada hasta perder el grado once.
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En la tutela advirtieron que, aunque el colegio implementó un Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), el mismo ignoró por completo sus necesidades educativas especiales. Y no solo eso, el fracaso en el plan de acompañamiento exacerbó su sufrimiento y puso en evidencia la falta de sensibilidad y preparación del sistema educativo frente a casos de acoso escolar.
“La madre explicó que su hija fue víctima de acoso escolar entre 2022 y 2023, el cual consistió en amenazas de muerte y persecuciones en contra de la menor, presuntamente perpetradas por otros estudiantes; además, señaló que los docentes sometieron a su hija a actos de discriminación. Adujo que la institución educativa no desplegó ninguna acción para contener tales circunstancias y proteger a la adolescente” se lee en la sentencia.
La respuesta del colegio dejó al descubierto las profundas fallas en el sistema educativo y las deficiencias del Ministerio de Educación en la protección de los estudiantes en condiciones más vulnerables. Al respecto, según la demandante: “La institución escolar no efectuó un acompañamiento pedagógico y que, cuando su hija no superó los logros académicos, le negaron la posibilidad de nivelar las materias reprobadas, mientras se les permitió a otros estudiantes. Esta determinación habría desconocido la situación familiar de la menor, su diagnóstico médico y su condición de víctima de acoso escolar. Adicionalmente, la madre informa que presentó una petición solicitando la autorización de la nivelación académica; tal petición “no fue respondida por el centro educativo”, añade la Corte sobre el caso puntual.
La actuación del colegio, en el caso analizado por la Corte, sumado a los protocolos de atención a casos de personas con problemas de salud mental y víctimas de acoso, no solo llevaron al alto tribunal a darle la razón a la joven, quien pedía replantar el manual de convivencia de la institución, sino que también ordenó al Ministerio de Educación a ser mucho más claro, detallado y específico en su estrategia nacional contra el acoso escolar.
“En el término de seis meses el Ministerio de Educación deberá complementar la política pública de prevención, contención y atención de la violencia escolar (...) Esto con el propósito de visibilizar el fenómeno del acoso escolar y la respuesta institucional que suscita, como de responder efectivamente a los desafíos que impone, en especial, para los estudiantes”, se lee en la decisión. En ese sentido, la nueva tarea del Ministerio de Educación es revisar y mejorar las políticas de prevención y atención de violencia en los colegios del país, procurando con ello, aportar en la reducción de las cifras de violencia en los colegios.
La tarea no es menor. En la actualidad Colombia ocupa el segundo lugar en el ranking de acoso escolar en Latinoamérica, solo superada por Costa Rica, según datos publicados el pasado mes de mayo por Pisa y el Sistema Unificado de Convivencia Escolar (Suice). El informe detalla que el 23% de los estudiantes en todo el país ha reportado ser víctima de matoneo de manera regular o constante en sus instituciones educativas. De ahí la urgencia en las acciones que deberá implementar el Gobierno Nacional. El Suice registró alrededor de 6.180 casos de acoso escolar tipo II (agresiones reiteradas) y tipo III (delitos) en 2023, lo que representa un aumento del 72% en comparación con el año anterior. No obstante, lo que preocupa es el persistente subregistro de incidentes, lo que complica la implementación de medidas efectivas para prevenir y abordar esta grave problemática.
Paralelo a ello y no menos grave es que los comportamientos y las formas de intimidación van evolucionando, como quedó documentado en el caso que motivó las órdenes de actualización de la política pública de prevención.
“Según puede apreciarse en el expediente, otros estudiantes de la institución educativa han empleado medios físicos y virtuales de hostigamiento en contra de la menor de edad. La denuncia de tales eventos ha provocado nuevos eventos de intimidación. Entre los primeros, se encuentran conductas de seguimiento físico, violencia física (en concreto, empujones) e incluso un evento en que sus compañeros introdujeron una sustancia en su bebida. Entre los segundos, capturas de pantalla de conversaciones presuntamente entre sus compañeros, en las que se alude a la dinámica escolar y se manifiesta específicamente el deseo de que la estudiante muera y la planificación de ataques en su contra”, detalló la Corte.
En la tutela la mamá de la menor alegó que la medicación recetada por un psiquiatra provocaba que su hija estuviera somnolienta durante el día, perdiendo capacidad para concentrarse en las clases. Para la Corte los hechos estaban probados y advirtió que las actitudes indiferentes del colegio no solo afectaron el bienestar emocional y psicológico de la menor, sino también su desempeño académico.
“Esos cuadros clínicos impidieron a la estudiante el normal desarrollo de las actividades escolares, no solo por los desafíos que representaron en sí mismos, sino porque la medicación causó en ella somnolencia diurna”, cita la sentencia de la Corte.
La decisión de la Corporación sienta un importante precedente sobre la forma en que los colegios e instituciones educativas deben abordar los casos de violencia escolar y problemas de salud mental de los estudiantes. Pero además porque da directrices concretas, con plazos exactos a las autoridades competentes en todo el país.
Esta decisión aunque fue motivada por un caso puntual ocurrido en un colegio de Bogotá, impactará hasta en las instituciones más recónditas del país: la nueva política deberá cobijar a todos los estudiantes del territorio nacional, sin excepción.
La carta de la Corte a la estudiante
“Te enviamos un fuerte abrazo. Somos un equipo de tres jueces. Trabajamos en un lugar que se llama Corte Constitucional. Nuestra misión es proteger los derechos de las personas; especialmente, de menores de edad como tú (...) A raíz de todo lo que encontramos, resolvimos protegerte (...) Nosotros agradecemos tu valentía y tu persistencia. Admiramos la forma en que día a día enfrentaste los obstáculos que encontraste en tu colegio y que nunca debieron estar. Tu lucha hoy nos deja claro que el acoso escolar no es un asunto menor y que afecta vidas como la tuya y la de tu mamá, momento a momento, hasta volverse una carga mental importante que lleva a muchos estudiantes a renunciar a su proceso educativo. Mil gracias por todo lo que nos mostraste y por persistir en tus sueños de ser profesional”.
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23%
de los estudiantes ha reportado acoso escolar en Colombia.
