En abril pasado, semanas antes de que las cabezas del Congreso resultaran salpicadas en el escándalo de presuntas coimas para el trámite de reformas, un dejo de optimismo se tomó el Capitolio. Por primera vez en más de ocho años –salvo un chispazo en diciembre de 2022–, la imagen favorable del Parlamento estaba por encima del 28 %, según la encuesta Invamer Poll. Sin embargo, a medida que crecen los coletazos por presunta corrupción en Gestión del Riesgo, aumentan también los cuestionamientos contra el Congreso y la legitimidad de los proyectos.
No es para menos. No solo los presidentes de Senado y Cámara –Iván Name y Andrés Calle, respectivamente–, están señalados de recibir coimas por $4.000 millones para el trámite de las reformas del gobierno de Gustavo Petro, sino que el propio ministro de la política, Luis Fernando Velasco, está acusado de ser uno de los cerebros de la aparente corrupción que desangró la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en detrimento de los más necesitados.
“Hay un ministro que tiene mucho que contarle al país, en esto uno no puede apartar al ministro de la política”, dijo a Noticias RCN el exdirector Olmedo López que sostuvo que se reunió con Name y Calle en época preelectoral de 2023. Inclusive, en pleno hervor, también resultó señalado el representante Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusación que investiga a Petro.
En medio de la polvareda política, este lunes se conoció un sondeo que evidencia el mal ambiente que enfrentan las reformas que se siguen tramitando en paralelo con el escándalo. Según el Opinómetro de Datexco, el 45 % de los encuestados está a favor de que el Ejecutivo aplace la discusión ante las denuncias de sobornos a congresistas. Un 38 % se opone y un 15 % no sabe. Esa fotografía muestra con creces la incertidumbre que sigue contaminando las reformas. (Ver gráfico al final)
La disyuntiva salta a la vista. ¿Debe paralizarse el trámite de las reformas hasta que haya claridades en investigaciones que pueden durar años?, ¿o debe continuar la discusión de proyectos, aun cuando cada día se conocen señalamientos más graves?
La oposición ha sido tajante. Representantes del Centro Democrático como Hernán Cadavid o Juan Espinal han insistido en que proyectos como la reforma pensional deben tener un alto hasta que no haya respuestas frente a los señalamientos. Incluso, este mismo lunes el expresidente Iván Duque pidió no votar las reformas hasta que haya resultados en las pesquisas. “Pueden terminar pagando justos por pecadores”, declaró a Semana.
Desde el oficialismo, como es obvio, se oponen a una parálisis legislativa por hechos que son materia de investigación. El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, advirtió en diálogo con EL COLOMBIANO que “no existe ninguna posibilidad de que el Gobierno renuncie a su deber de cumplir el programa” por el que votaron 11,2 millones de personas.
“De acoger esa tesis, hace rato que no deberíamos tener debates en el Congreso. No los podríamos tener en un gobierno que tuvo escándalos como el de Álvaro Uribe o los que han seguido. Es un argumento traído de los cabellos y absurdo. Más bien, deberíamos estar viendo cómo acabamos con corrupción y para ello son las reformas”, manifestó.
Advirtiendo que las denuncias ya están en poder de organismos de control como la Fiscalía o la Corte Suprema, y que el propio Gobierno ha hecho lo propio al apartar a los funcionarios cuestionados, Cepeda aseguró que paralizar las reformas por los señalamientos de corrupción abriría el camino también a que “buena parte de los partidos” deberían retirarse de las discusiones, pues –por ejemplo–, el Centro Democrático “tiene congresistas en la cárcel”.
Una tercera alternativa que podría dejar contentas a las partes la lanzó la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde. En entrevista con este diario, sostuvo que la salida es que los congresistas señalados se marginen de los debates y que haya acompañamiento de organizaciones especializadas. “Si paramos todo nos tocaría cerrar el Congreso. Hay que exigirle al Gobierno que los debates se den de cara a organizaciones especializadas en transparencia”.
Justamente, el director de la organización Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, manifestó que, pese a la gravedad de los señalamientos, aún no hay pruebas contundentes y es necesario que los organismos de control se pronuncien antes de crucificar a algún congresista o funcionario. “Si hubo actos de corrupción y entrega de dineros estaríamos no solamente ante un escenario de nula legitimidad, sino ante delitos que necesitarían tener consecuencias más allá de la suspensión de trámites legislativos”.
Por ello, abogó por avanzar en la discusión de proyectos que favorecen la protección de denunciantes de la corrupción, ponerle ‘tatequieto’ a la discrecionalidad de recursos que hacen entidades como la UNGRD sin mayor control y mecanismos para hacer más transparente la relación entre el Congreso y el Gobierno.
