La ruta hacia la equidad de género y la protección contra las violencias que, en mayoría, están dirigidas a mujeres, gana terreno con la sentencia T-140-21 de la Corte Constitucional, pero no es suficiente.
Para Jose Daniel López, representante a la Cámara por Bogotá del Cambio Radical, el enfoque de género se debe hacer extensivo, que no se quede en lo laboral, sino que debe permear todas las esferas sociales.
“La sentencia es clara. Pide que la revisión de acciones de tutela por causas de acoso laboral o abuso sexual se hagan con criterio de género. Esto es un reto y una oportunidad para el Gobierno y el Congreso, que ahora deben aplicar este mismo criterio a toda la toma de decisiones de política pública no solo sobre el acoso laboral, sino más allá de la equidad de género”.
Agregó que el llamado de la Corte deja tres retos claros: crear y acompañar una discusión de fondo sobre estos tipos de discriminación laboral y abuso para evitar que la “legislación termine reforzando roles de género desde las categorías tradicionales”, que el Gobierno se sume a los proyectos que ya buscan la paridad, y que se ratifique y apruebe el Convenio C-190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el acoso y la violencia en el mundo del trabajo.
La congresista Ángela María Robledo agregó que el país necesita una “batería robusta para que desde la ley se dé una señal de lo que significa vivir en una cultura patriarcal que convierte el cuerpo de las mujeres en un territorio para ser explotado, violentado, invisibilizado”, a pesar de que el Congreso ya ha expedido un conjunto de leyes que buscan erradicar las distintas formas de violencia.
Dijo que es una tarea de largo aliento y del Estado en su conjunto, incluyendo al Gobierno Nacional y local, al sector privado, a los medios de comunicación y a los trabajadores y las familias, “porque todavía hay muchos huecos normativos y por esos vacíos se cuela la impunidad frente a este tipo de situaciones que tienen que vivir las mujeres víctimas”.
Para Robledo son también tres las recomendaciones que deja la Corte: fortalecer la institucionalidad “para que esta reciba las denuncias, para que le crea a las mujeres y las acompañe”, hacer pedagogía en las instituciones públicas y privadas para conocer los derechos de las mujeres, para prevenir y para tener claras las rutas de atención, y ratificar el convenio con la OIT.
Agregó que es la misma institucionalidad la que pone obstáculos y desconfía de las víctimas, ocasionando que muchas mujeres no se atrevan a denunciar: “Lo que ocurre muchas veces con los jueces o los fiscales es que ponen a la víctima la carga de demostrar el hecho y no adelantan todo el proceso en aras de identificar al victimario y penalizarlo o judicializarlo”.
López puntualizó que, en últimas, el mensaje de la Corte es que los responsables tomen decisiones judiciales y administrativas con enfoque de género para lograr espacios y entornos laborales que sean sanos y seguros para las mujeres porque, “aunque hay aires de cambio y mayor apertura frente a la equidad, en Colombia las mujeres aún ganan menos salario promedio que los hombres, la brecha de desempleo era de 5,9 % antes de pandemia y es 8,6 % después, y solo en el Congreso de la República somos 80 % hombres y 20 % mujeres”.
Estos indicadores de desigualdad sumados a la falta de garantías y la poca confianza en las instituciones hacen que para las mujeres sea más difícil competir y, por lo tanto, alzar la voz y denunciar cuando son víctimas de abusos. Es ahí donde cobra importancia la sentencia T140- 21 que con su enfoque muestra una ruta clara de apoyo a la víctima
