Las inconformidades de los usuarios con el sistema de salud alcanzaron niveles históricos durante 2025. Un informe presentado por la Contraloría General reveló que, con base en datos de la Superintendencia Nacional de Salud, los colombianos radicaron más de 2 millones 200 mil peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) contra las EPS a lo largo del año, lo que equivale a 5.648 reclamaciones diarias.
El reporte evidencia que las EPS intervenidas por el Gobierno concentraron la mayor parte de las inconformidades. En total, estas entidades acumularon 1’271.375 PQRS durante 2025. La Nueva EPS encabezó el listado con 518.211 reportes, seguida por EPS Sanitas con 265.896. Más atrás aparecen Famisanar, con 156.898 casos, y Coosalud, con 86.587 reclamos.
El documento también incluye otras EPS bajo intervención estatal: Savia Salud registró 72.347 quejas; Emssanar, 46.759; SOS, 44.121; Cajacopi, 39.533; Asmet Salud, 33.356; Capresoca, 6.771; y Dusakawi, 896.
Además de las quejas por fallas en atención, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, señaló que entidades como Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y SOS presentan incumplimientos graves en indicadores jurídicos y financieros que ponen en duda su sostenibilidad.
En cuanto a las EPS no intervenidas, la Contraloría reportó un total de 815.334 PQRS durante el mismo periodo. Salud Total lideró las reclamaciones con 276.010 casos, mientras que EPS Sura acumuló 243.101. Compensar EPS y Capital Salud registraron cada una 92.298 reportes, seguidas de Mutual Ser con 61.744 y Comfenalco Valle con 19.074.
En contexto: Daniel Quintero pidió renuncia de los agentes de las EPS intervenidas por Supersalud
La lista continúa con Aliansalud, que tuvo 7.329 reclamaciones; CCF de Sucre, 5.434; Comfaoriente, 4.560; Mallamas EPS, 2.888; AIC EPS Cauca, 2.563; Pijaos Salud EPS, 2.418; Fundación Salud Mía, 2.366; Comfachocó, 1.936; y Anas Wayuu EPS, 1.315.
El informe advierte además que entre 2024 y 2025 las PQRS aumentaron un 27,41 %, un crecimiento que, según el organismo de control, refleja el deterioro en la percepción ciudadana sobre la atención en salud y las fallas persistentes en el sistema.
Entre los principales problemas identificados aparecen retrasos en la prestación de servicios, dificultades para acceder a tratamientos y medicamentos, demoras en las respuestas a los usuarios y una creciente sensación de desprotección entre los pacientes.
La Contraloría alertó que estas fallas no solo afectan la confianza en las EPS, sino que también pueden derivar en consecuencias más graves para la salud de las personas, como el empeoramiento de enfermedades, complicaciones prevenibles e incluso mayores riesgos de mortalidad en casos críticos.
El análisis también señala impactos económicos sobre los usuarios, quienes en muchos casos han tenido que asumir gastos adicionales de su bolsillo para acceder a consultas, procedimientos o medicamentos.
El informe del ente de control es contundente: bajo la administración de la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS intervenidas no han logrado mejoras estructurales. La inoperancia de las intervenciones ha permitido que los pasivos aumenten drásticamente, afectando directamente la red de clínicas, hospitales y prestadores de servicios.
Ante la situación, superintendente de Salud, Daniel Quintero, aseguró: “He solicitado el día de hoy la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas. Vamos a evaluar sus acciones, sus resultados, la respuesta a las PQR (peticiones, quejas y reclamos), la entrega de medicinas, y en función de eso, su continuidad o retiro”.
Por el momento, su petición está en espera, pues interventores como Jorge Iván Ospina, de la Nueva EPS, aseguraron que la renuncia solo podría pedírsela el presidente Gustavo Petro.
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