Desde el Congreso de la República, varios parlamentarios rechazaron este domingo las declaraciones proferidas por el presidente Gustavo Petro en las que instó nuevamente a la ciudadanía a movilizarse para “impedir un golpe a la democracia”, en un mensaje que para muchos fue una nueva afrenta contra la Corte Suprema de Justicia y el Estado de Derecho.
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A juicio de varios congresistas, las declaraciones de Petro no solo serían un nuevo paso en construir una narrativa para dibujar a los jueces como agentes conspiradores contra su gobierno, sino un nuevo pretexto para desviar la atención de lo que para varios sectores políticos se resumiría en una pobre gestión del ejecutivo durante el último año y medio.
El polémico pronunciamiento del Presidente se produjo durante este domingo 11 de febrero, cuando a través de su cuenta de X compartió un extenso mensaje refiriéndose nuevamente a los hechos ocurridos recientemente en la Corte Suprema de Justicia, hostigada por manifestantes el pasado 8 de febrero.
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“Este gobierno dará garantía a toda movilización ciudadana sin violencia. La movilización general de la ciudadanía de la que hablado tiene como objetivo no permitir la burla del voto ciudadano con maniobras politiqueras de corruptos ni permitir que hayan burlas a la democracia. La movilización general de la ciudadanía no solo debe impedir un golpe a la democracia, la movilización nacional ciudadana es para restablecer la decencia, la verdad y el poder de la misma gente”, escribió el mandatario en sus redes sociales.
Además de arremeter contra varios medios de comunicación que cuestionaron los hostigamientos contra los magistrados y visibilizaron una controversia recientemente protagonizada por la primera dama en Barranquilla, el primer mandatario planteó que todo se trataría de una estrategia para afectar la legitimidad de su poder.
Bajo esa óptica, Petro también se refirió a un concepto que nombró como “lawfare”, denominándolo como una especie de estrategia para afectar a su gobierno por la vía judicial.
Por esa misma vía, el Presidente aprovechó para referirse a la elección de la nueva Fiscal General, programada para el 22 de febrero, señalando que desde su gobierno ya se habría propuesto una terna de la que la Corte Suprema tiene que elegir.
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“Todos los poderes públicos son controlables por el pueblo. Del pueblo emana todo poder público. No hay aristocracia debe haber una democracia, en una democracia el pueblo es soberano y tiene el derecho de controlar y expresarse”, agregó Petro.
A raíz de esas declaraciones, varios congresistas consideraron peligrosos varios de los mensajes planteados por le mandatario.
Por ejemplo, la representante Catherine Juvinao consideró que hablar de lawfare implicaría “que los jueces y la justicia son los que conspiran para derrocar al gobierno”, en un planteamiento que calificó como irresponsable y riesgoso.
“¿Hasta dónde vamos a llegar con estas teorías conspirativas? ¿De verdad quieren manipular así al pueblo en los dos años y medio que quedan de gobierno? ¿Cuándo van a concentrarse en gobernar, en hacer las cosas bien, en darle resultados a la ciudadanía que está esperando las acciones de gobierno para mejor sus vidas en lo concreto?”, añadió la representante.
La senadora María Fernanda Cabal apuntó por su parte que dichos llamados a la movilización ciudadana serían los de “un solitario que cree que puede seguir engañando con historias revolucionarias”.
De igual forma, la senadora Paloma Valencia, le consideró como inaceptables las presiones de Petro sobre la Corte Suprema, recordando que precisamente ese organismo lleva procesos que tienen bajo escrutinio tanto a uno de sus hijos como a su campaña presidencial.
*Con información de Colprensa
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