Jhon Freddy Miranda Galán, alias “Evangélico”, fue condenado por asesinar excombatientes de las Farc y lídres sociales en el Bajo Cauca de Antioquia. El homicidio es solo uno de los cinco delitos que se le probaron y por los que deberá purgar una pena de 18 años en la cárcel.
La investigación de la Fiscalía determinó que el “Evangélico” era uno de los cabecillas del grupo armado ilegal de Los Caparros –estructura con presencia en el Bajo Cauca de Antioquia–. Las pruebas entregadas a la justicia lo señalaban de participar en el asesinato del líder social Querubín de Jesús Zapata Avilez en 2019.
Querubín Zapata era el presidente de la Plataforma Municipal de Caucasia y se concentraba en prevenir el reclutamiento forzado en su región y denunciar los enfrentamientos entre los Caparros y el Clan del Golfo. El 16 de febrero de 2019 fue asesinado en el sector conocido como el Atasco por un sicario.
Además, este viernes se informó la condena del “Evangélico” por este hecho, quien también fue encontrado responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, accesorios, partes o municiones; uso de menores de edad para la comisión de delitos y desplazamiento forzado.
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Por el asesinato del líder Zapata Avilez también han condenado a Álvaro Antonio Martínez Paternina (9 años y siete meses) y a Jaidivier Macea De Los Santos (18 años y 2 meses).
Otra condena
Este 9 de septiembre también se conoció la condena contra Jhon Fredy Oviedo Triana, alias Rambo. Se probó que “Rambo” era integrante de las disidencias de la Segunda Marquetalia y que participó en el asesinato de un excombatientes de las Farc en el Huila.
“Un juez penal de conocimiento declaró a ‘Rambo’ responsable del homicidio de tres personas, una de ellas sería el reincorporado Miguel Olaya Arias”, indicó la Fiscalía en un comunicado.
El asesinato de Olaya Arias se cometió el pasado 27 de mayo de 2020. Hombres armados ingresaron hasta su finca en el corregimiento de Chapinero (Neiva, Huila) y le dispararon.
“Rambo” deberá pagar una pena por este hecho de 23 años y cuatro meses en prisión. Además deberá responder, en otros procesos, por concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas.
El informe de la Misión de Verificación de la ONU indicó que desde la firma del Acuerdo, hasta el 27 de junio de 2022, han sido asesinados 327 excombatientes en el país.
