Este jueves, la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio a conocer la Sentencia SC3-20022319, mediante la que condena a la Nación y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por las “interceptaciones, seguimientos, desprestigio, asedio, entre otras conductas ilegales contra el señor Gustavo Petro”.
En la providencia, el tribunal toma en cuenta varias declaraciones públicas del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que desencadenaron una serie de amenazas físicas y por correo electrónico contra Petro, como una entrevista del 6 de febrero de 2007 en el periódico El País, en el que el entonces mandatario hacía referencia a “terroristas vestidos de civil y corbata”.
Ante las acciones intimidantes de las que tanto el político de izquierda como su familia empezaron a ser víctimas, y sus correspondientes denuncias, el tribunal consideró que hubo “falta de protección” y los únicos recursos que se les brindaron fueron “una camioneta no blindada, tres chalecos antibalas y cuatro escoltas de la Policía Nacional”.
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Ante el recrudecimiento de las amenazas, la familia de Petro “tuvo que solicitar asilo en Canadá”.
La providencia señala que, además de las interceptaciones ilegales ejercidas en su contra “el Estado no solo no protegió al demandante de dichas injerencias o ataques, sino que fueron las mismas instituciones oficiales las que realizaron tales injerencias arbitrarias e ilegales en la vida privada del señor Gustavo Petro y de su familia”, en referencia a las interceptaciones y seguimientos ilegales ejercidos en su contra.
Por tanto, el Estado deberá pagar a Gustavo Petro y a siete integrantes de su familia un total de $579’349.980.
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