La paz total del presidente Gustavo Petro perdió dos eslabones claves en menos de una semana. Primero renunció Gloria Cuartas, la experta encargada de implementar el Acuerdo de Paz, y luego se apartó del Gobierno Lucía González, la excomisionada de la Comisión de la Verdad que había sido nombrada como delegada de la Casa de Nariño para dialogar con las bandas de Medellín y el Valle de Aburrá.
Pero no se trata de simples movimientos en las contrataciones. Con esas dos sillas vacías, a Petro le quedaron tambaleando nada más y nada menos que dos de los principales frentes de la paz: la implementación del Acuerdo entre el Estado y la extinta guerrilla de las Farc y los diálogos urbanos en Antioquia, un punto que quedó aún más cojo sin la presencia de González, una mujer muy respetada en los entornos de paz y cultura que le daba cierta legitimidad a los acercamientos con esos grupos.
Aunque alegaron motivos personales, ambas se retiran de sus cargos en medio de desórdenes del Gobierno y de falta de claridad con los roles y los alcances que tenían cada una.
Cuartas, por ejemplo, presentó su renuncia en medio de todos los cambios que se avecinan en materia de implementación. Tras reconocer que eliminar la Alta Consejería para la Paz fue un error, el Gobierno Petro anunció que reviviría esa figura y nombraría un alto funcionario con potestad e independencia para avanzar en los seis puntos del Acuerdo de Paz.
Tanto así, que la hasta ahora directora de la Unidad de Implementación aseguró que renunciaba por “respeto” con ella misma y confiada en que “si todavía esperan en la Consejería que llegue otro ser superior para que pueda manejar el tema, pues entonces ahí está”, como le dijo Cuartas a La Silla Vacía.
De otro lado, el supuesto descuido con la implementación con las Farc ha sido uno de los lunares más criticados de la política de paz de Petro.
Pese a que hizo campaña asegurando que implementaría al pie de la letra los acuerdos, su ambiciosa propuesta de negociar con todos los grupos armados del país terminó relegando esa promesa y sacando el tema de la agenda pública.
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“A Gloria terminó por afectarle también que su Unidad estaba bajo la inmensa sombrilla de los temas que maneja el comisionado Danilo Rueda. Al estar bajo la dirección de él, ella no tenía poder de decisión y se perdía en medio de las inmensas ocupaciones del alto comisionado (...) Gloria misma terminó por reconocer que la figura de Alto Consejero nunca debió eliminarse y que es necesaria para que la implementación avance”, dijo una fuente de la Unidad cercana a la directora.
Por esos motivos, y otros detalles de manejo interno, Cuartas presentó una renuncia que aún no ha sido aceptada por el jefe de Estado.
Por ahora se desconoce quién la reemplazará en su cargo o quién será nombrado como alto consejero para la paz, un puesto cuyo último ocupante fue Emilio Archila durante el Gobierno de Iván Duque.
La salida de la excomisionada
La salida de la excomisionada Lucía González se dio en momentos en que esa delegación del Gobierno alegaba justamente que se sentían débiles en comparación con otros equipos que están funcionando en el país. Así lo reveló el asesor del Gobierno, Fernando Quijano, en diálogo con EL COLOMBIANO.
“Lo voy a decir claramente: las delegaciones del Chocó, Buenaventura, EMC y ELN están nutridas, lo que le estamos pidiendo al presidente es que ponga sus ojos en estas conversaciones tan importantes”, dijo Quijano.
No obstante, dicho asesor y experto en conflicto armado y paz aseguró que “también es notorio que el presidente Petro y el alto comisionado Rueda están buscando cómo fortalecer la delegación”.
De hecho, este diario conversó con fuentes muy cercanas al proceso que aseguran que a la delegación para las negociaciones con bandas de Medellín y el Aburrá llegarán un hombre y dos mujeres para fortalecer todo el equipo socio jurídico.
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De esos tres personajes, se sabe que Rueda nombrará al presidente de la Corporación Centro Consultoría de Conflicto Urbano C3, Luis Guillermo Pardo, como nuevo delegado de esa paz urbana en Antioquia. Los otros dos nombres permanecen reservados pese a que ya hay algunas aspirantes en el tintero.
Pero, ¿por qué se fue Lucía González? Según dijo el delegado Jorge Mejía, la excomisionada de paz “participaba en todo lo relacionado con la delegación y el espacio, con fortalezas en temas de cultura, comunicación para la paz y conocimiento del conflicto colombiano”, por lo que, según él y Quijano, deja un “vacío enorme” en ese proceso.
Aún así, Mejía también enfatizó en que Lucía es una mujer importante que mantiene múltiples ocupaciones y que también se dedica a continuar exponiendo las conclusiones de la Comisión de la Verdad, “por lo que es posible que esos puntos hayan influido en su decisión de retirarse”, dijo el delegado.
No obstante, otras fuentes señalaron que a González si la alejaron de ese trabajo dos problemas: una difícil relación con la senadora Isabel Cristina Zuleta, que es otra de las delegadas para Antioquia, y las trabas que tendrá la Ley de sujeción y desmantelamiento de bandas dedicadas al narcotráfico.
Sobre Zuleta, fuentes cercanas a la paz total de Petro aseguraron que ha sido difícil trabajar con ella porque es una mujer que “impone sus condiciones y tiene todo el aval del presidente y de Rueda”, por lo que sus formas han chocado con miembros dentro y fuera de la delegación.
Sin embargo, también están quienes la defienden. Según Mejía, “Isabel Cristina cumple una función muy importante en la delegación como congresista y como persona que buena parte de su tiempo ejerce en Bogotá. Ha sido muy importante para la interrelación con el Gobierno, el Ministerio del Interior y la oficina del alto comisionado”, dijo.
EL COLOMBIANO buscó a la senadora para preguntarle por todo este proceso y conocer su versión de los hechos. Sin embargo, Zuleta no respondió hasta el cierre de esta edición.
Por último, es evidente la presión que se siente entre quienes hacen parte de este proceso de que no exista el marco jurídico que quiere Petro para negociar con esas bandas urbanas.
Por ahora, ante el Congreso de la República cursa un proyecto de ley de sometimiento, sin embargo, es altamente probable que el Gobierno encuentre muchas trabas para aprobar varios artículos polémicos y que eso termine por dilatar aún más todos los procesos de paz con las bandas en el país.
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¿En qué han avanzado estos meses después de la instalación de las delegaciones?
“El espacio de diálogo sociojurídico fue instalado el pasado 2 de junio, luego el Presidente de la República designara sus delegados e igualmente los voceros de las estructuras armadas ilegales. Durante estos tres meses hemos estado trabajando en distintos frentes, en el frente logístico y operativo, adecuando un lugar dentro de la cárcel en el cual funcionaría el espacio.
Ya lo tenemos, dotamos ese espacio con equipos que nos suministró la OEA y se ha conversado con el INPEC buscando adoptar un protocolo mínimo de funcionamiento que permita cierta flexibilidad en cuanto a los horarios de los internos al interior de la cárcel. Allá(en la cárcel de Itagüi), por ejemplo, los presos, los detenidos pueden estar fuera de su celda solamente hasta las 4 de la tarde, entonces buscamos que se tuviera en algún momento, si las condiciones lo exigían, un espacio más allá de esa hora. Igualmente hemos avanzado en la adopción de los protocolos necesarios y una agenda de funcionamiento”.
¿Y hay fecha para presentar los protocolos de funcionamiento y la agenda temática?
“En eso es que hemos estado trabajando. Creo que para este fin de semana tendremos un primer documento de esas dos herramientas. Pero sus contenidos serán expuestos después por el alto comisionado y el presidente”.
¿Cómo van los ánimos de ambas partes? y ¿qué dificultades se han encontrado en el camino?
“Se ha incrementado la confianza, que me parece muy importante, entre la delegación del Gobierno y los voceros, a pesar de reconocer las debilidades que tiene el espacio, que tienen que ver por ejemplo con la carencia de un marco jurídico, un contexto jurídico.
En ese punto aspiramos a que el Congreso de la República entienda que si queremos avanzar en la paz urbana, como parte de la paz total, el Congreso tiene que abordar ese tema, que hay que suministrarle un marco jurídico a este proceso que no lo tiene, porque se trata de un ejercicio de conversación o diálogo entre el Gobierno y estructuras de delincuencia organizada, que no son beligerantes, entonces eso le da una connotación muy particular a este proceso.
Y lo otro que hemos identificado como debilidad es las dificultades para socializar lo que se conversa al interior del espacio hacia afuera, tanto con la sociedad en la comunidad como con las bases de las estructuras en los barrios y en las comunas, o sea, las bandas y los combos. Allí estamos trabajando en cómo lograr instrumentos o mecanismos que nos permitan socializar más hacia afuera este propósito de la paz urbana que hasta ahora, sincero, tiene muchas dificultades porque es un ejercicio que se da al interior de una cárcel, no es afuera como ocurre con el ELN o como ocurrirá con las disidencias de las FARC, sino que es en los claustros de una cárcel sometida al reglamento penitenciario que es muy estricto, que es muy exigente, que nosotros queremos respetar, pero necesitamos buscar formas de que lo que se converse allí se termine adecuadamente hacia afuera”.
¿Cómo está la delegación y cómo quedaron después de la salida de Lucía González?
“Desde antes de la salida de Lucía el equipo era frágil. Es que somos cuatro delegados, o éramos cuatro delegados y cuatro asesores, los que componemos la comisión del gobierno para este ejercicio de los diálogos con las estructuras.
Saliendo Lucía quedamos todavía mucho más frágiles. Afortunadamente, el Gobierno está en procura de resolver ese tema. Ya designaron a Luis Guillermo Pardo y podrían llegar otras personas a reforzar”.
¿Por qué cree que renunció la excomisionada González?
“Lucía es una mujer muy ocupada. Ella se mantiene constantemente recorriendo el país, divulgando, socializando las conclusiones de la Comisión de la Verdad, que es una decisión muy interesante, pero al mismo tiempo muy demandante. Bueno, yo creo que todo eso contribuyó para que tomara la decisión que, como tú misma lo dices, obedece a motivos personales. Será ella quien, si así lo considera, hará más claridad sobre esas motivaciones. Pero eso es lo que hasta ahora ella ha planteado y así lo dejó expreso en la comunicación que le envió tanto al presidente como al alto comisionado”.
Quería preguntarle también cómo ha sido la comunicación con el alto comisionado ¿Ustedes mantienen un contacto permanente o él?
“Tú misma lo dices, él se mantiene recorriendo el país y está lidiando con todos los diálogos, acercamientos y proceso de paz que hay en el país.
El alto comisionado tiene un delegado. Hay un delegado, hay un enlace, digamoslo de esa manera, permanente, que es Miguel Puerto. Es un asesor directo del alto comisionado, quien permanentemente nos está acompañando. En ese sentido, se ha mejorado sustancialmente la interrelación con la oficina del alto comisionado”.
También hay rumores de que la senadora Isabel Cristina Zuleta ha dificultado las labores al interior de la delegación. Aunque hay otros que opinan distinto ¿Usted qué considera?
“Isabel Cristina cumple una misión, una función muy importante en la delegación como congresista y como persona que buena parte de su tiempo ejerce en Bogotá.
Ella nos ha permitido una interrelación con el gobierno nacional muy importante. Recientemente hubo una reunión con el general Salamanca y con la Policía Nacional para hablar de sus temas de la paz humana, muy importante esta gestión.
Con el Ministerio de Justicia igualmente la labor de intermediación y de gestión de Isabel Cristina también ha sido muy significativa. En fin, con el gobierno nacional yo creo que es un papel importante. Ella goza de toda la confianza del presidente Petro y de la oficina del alto comisionado y yo creo que eso facilita también la gestión nuestra acá en la ciudad de Medellín”.
