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Tras cerca de dos años de entrar en vigencia, el Código Nacional de Policía apenas logra una implementación del 40 %, según reportes de la Procuraduría General de la Nación, lo que obligó al organismo de control a realizar un llamado a los mandatarios locales para cumplir con las obligaciones establecidas en la ley para su puesta en marcha.
En la VII Semana de la Participación Ciudadana el Ministerio Público invitó al país a convertir el código en un espacio para la promoción de la convivencia, y a no usarlo como una norma de coerción o de castigo, sino un instrumento de prevención que permite corregir, antes que sancionar.
Además, la Procuraduría señaló que de los 1.102 municipios, solo el 38 % de los alcaldes reportó la información relacionada con 11 componentes del código, a través del diligenciamiento de un formulario virtual, disponible en la página web de la entidad para efectuar el seguimiento a su implementación.
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Entre los resultados del análisis hecho por el Ministerio Público, se estableció que los municipios de quinta (entre 10.000 y 20.000 habitantes) y sexta categoría (menos de 10.000 habitantes) alcanzan un avance en la implementación de 32,2% y 35,7%, lo que indica un rezago comparado con los territorios de primera (entre 100.000 y 500.000 habitantes) y segunda categoría (entre 50.000 y 100.000 habitantes) que alcanzan el 60% y 42% respectivamente.
Así mismo, se encontró que Guaviare (25,7%), Córdoba (24,0%), San Andrés (23,5%) La Guajira (17,7%), y Atlántico (7,4%) presentan los porcentajes más bajos en la implementación del Código de Policía, y por el contrario, Caldas (50,1%), Bogotá (42,7%), Quindío (41,5%), Chocó (41,2%), Putumayo (40, 3%) son los territorios con mayor avance.
Sobre los componentes evaluados, la Procuraduría General evidenció que no hay claridad en el proceso para el pago de las obligaciones de los infractores e hizo un llamado a determinar procedimientos responsables para optimizar los sistemas de recaudo.
Sumado a esto, advirtió un déficit presupuestal en la mayoría de los municipios para adecuar los llamados Centros de Traslado por Protección (CTP), lugares destinados para los ciudadanos que puedan poner en riesgo su vida y/o la de terceros; y la falta de una infraestructura específica en las salas de audiencias en sus territorios.