El feminicidio de Sara Ayolina Salazar Palacio, la niña de tres años asesinada y abusada sexualmente en Armero, Tolima, es solo uno de los 23 casos de abusos contra menores que se presentan cada día en el país, según estadísticas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). La directora de la entidad, Cristina Plazas, admitió que el problema es preocupante, pues tan solo en los primeros cuatro meses de 2017 han recibido 2.500 denuncias por abusos contra menores.
La cifra, aunque alarmante, puede representar tan solo un porcentaje de los casos que viven cientos de menores en Colombia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre enero y marzo de este año se han practicado 4.315 exámenes a menores de edad para determinar si hubo abuso sexual.
Las cifras de Medicina Legal demuestran que el problema de la violencia contra la mujer está lejos de resolverse, de hecho, hasta ahora se está dimensionando. Según el informe “Violencia de Género en Colombia. Análisis comparativo de las cifras de los años 2014, 2015,2016” la violencia intrafamiliar incrementó para las niñas entre 0 y 18 años, pues en 2014 eran 5.356 las niñas víctimas de este flagelo y, para 2016, 5.744.
Otro dato del informe genera mayor preocupación: entre enero de 2014 y diciembre de 2016 un total de 30.503 niñas sufrieron abusos sexuales. Tras conocerse el caso de Sara Ayolina Salazar, la Procuraduría General de la Nación reveló que “el 85% de las víctimas de violencia son mujeres o niñas, situación que indica que el género es una de las razones de este tipo de violencias”.
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La delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de la Procuraduría General, Sonia Téllez, fue contundente al señalar que las cifras develan, además de un complejo panorama de violencia contra la mujer, una debilidad institucional tanto en las alcaldías como en el Gobierno. Carrillo llamó la atención a las administraciones municipales, pidiéndoles “que entiendan la responsabilidad que tienen frente a la protección de los niños y niñas, adolescentes y mujeres, especialmente en el apoyo que deben brindarle a las Comisarías de Familia”.
Según Téllez, “el presupuesto no puede ser excusa para seguir dejando a nuestros niños, niñas y mujeres desprotegidos”, teniendo en cuenta que “en muchos entes territoriales las comisarías no cuentan con un equipo interdisciplinario apropiado para abordar las distintas situaciones de violencia que se evidencian, entre otros, en el ámbito familiar”.
