Los hechos de corrupción que rodean a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) tienen un nuevo capítulo con la revelación de nuevas pruebas que comprometen a los representantes Wadith Manzur (Córdoba) y Karen Manrique (Arauca) con el entramado.
Ambos representantes han insistido, en diligencias ante la Corte y en declaraciones a medios de comunicación, que están limpios de cualquier vínculo con el mayor entramado de corrupción que se ha conocido hasta ahora en la administración de Gustavo Petro. Sin embargo, una investigación de El Espectador pondría en duda sus afirmaciones.
Se trata de varias conversaciones de WhatsApp que tuvieron varios protagonistas de esta investigación en un momento clave: quedó al descubierto el posible direccionamiento de tres contratos –que juntos sumaban 92.000 millones de pesos– y cuyo botín iba a ser repartido, al parecer, entre los políticos investigados.
Los contratos eran para Cotorra (Córdoba) por 50.000 millones de pesos, otro para El Salado (Bolívar) por 12.356 millones de pesos y el último para Saravena (Arauca) por 30.000 millones de pesos para obras de contención, prevención de inundaciones y la mitigación de la erosión por lluvias. Ninguno alcanzó a ser desembolsado.
De fondo estaba el aparente interés del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para que congresistas de la Comisión Económica aprobara un proyecto que amplió el cupo de endeudamiento internacional de Colombia.
María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla y testigo clave en este caso, destapó nuevos chats que completarían la película y que fueron conocidos por el citado diario.
En 2023 la Comisión Económica –en la que estaban Manzur y Manrique– parecían avanzar a paso lento en la aprobación de los créditos internacionales que necesitaba con premura el entonces ministro Bonilla. ¿La razón? El Gobierno al parecer no cumplía con las cuotas de burocracia que ofreció a congresista a cambio del respaldo político.
En octubre de ese año, por ejemplo, Manzur le escribió a Benavides.
–Solo te dejo la constancia por acá (...) Te lo tengo que decir porque el miércoles hay sesión y, cuando las cosas no salgan, no digan después que uno es problemático.
–Repre, yo estoy haciendo lo que puedo, contestó Benavides.
La insistencia de Manzur se replicó el 17 de octubre de 2023. Para entonces le manifestó a la asesora Benavides su inconformidad con Ricardo Bonilla. Dijo sentirse ignorado y no entender el por qué de la indiferencia.
“No vemos nada claro. Seguir acumulando los pendientes para el otro año es muy difícil”, dijo Manzur en otra conversación del 8 de noviembre de ese año. Para entonces, al parecer, el ministro todavía no ofrecía “beneficios” a los congresistas para que aprobaran los créditos.
El 9 de noviembre la Comisión Económica fue citada para votar tres créditos internacionales y ninguno se aprobó. Los créditos solo se aprobaron hasta el 28 de noviembre. Todavía faltaban seis más. Ese día la representante Karen Manrique le escribió a Benavides: “Quiero hablar con el ministro, así sean 2 minutos”.
La legislatura se acababa el 15 de diciembre, faltaban 6 créditos internacionales para ser aprobados y en ese contexto se habría activado la operación para lograr que los congresistas aprobaran.
En los chats revelados quedó en evidencia cómo los congresistas Manzur y Manrique hablaron con Benavides de los intermediarios para ejecutar los contratos de Saravena (Arauca) y Cotorra (Córdoba).
En el caso de Cotorra el intermediario resultó ser Harry Bejarano, funcionario de esa Alcaldía, cuyo alcalde era Guillermo Llorente Petro. Manzur, en diálogo con EL COLOMBIANO, había negado cualquier relación con Bejarano.
En sesión del 12 de diciembre, finalmente, se aprobaron cinco de los seis créditos internacionales. En escena había entrado el asesor de Presidencia, Jaime Ramírez Cobo, quien habría ayudado a gestionar los movimientos para que los congresistas aprobaran.
Ese 12 de diciembre, sobre las 6:00 de la tarde, Jaime Ramírez a través de su secretaria privada le manifestó a Olmedo López, para entonces director de la UNGRD, la necesidad de sacar adelante los tres contratos porque, de lo contrario, se podían hundir los proyectos del Gobierno.
Para el 15 de diciembre todavía faltaba un crédito en ser aprobado y restaban horas para el cierre de la legislatura. Tras escena, Ramírez Cobo se comunicó con los directivos de la UNGRD y coordinó una reunión entre Olmedo López y el exministro Ricardo Bonilla.
Según ha contado López, el exministro fue insistente: necesitaba sacar, como fuera, los tres contratos por 92.000 millones de pesos para los congresistas.
Para tranquilizar a los parlamentarios, Benavides le escribió a Manzur y a Manrique para afirmarles que restaban detalles para aprobar todo. Allí se acordó que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad sería el enlace con Benavides y con los contactos –que proporcionaron los congresistas– para ejecutar los tres contactos.
Se trataba de Harry Bejarano de Cotorra, de Camilo Díaz en Saravena y del alcalde de El Carmen de Bolívar, Juan Carlos Torres.
Los contratos terminaron por no ser ejecutados: se tenían que justificar emergencias o amenazas que no existían y, cuando se formularon los proyectos, dijo el propio Sneyder Pinilla, “estaban flojos”. Además, en el medio se interpuso el escándalo de los carrotanques para La Guajira que hizo salir de sus cargos a Olmedo López y a Pinilla.
Manzur y Manrique han insistido en que nada tienen que ver con el entramado, aunque existan chats que revelan la aparente presión que ejercieron al ministerio de Hacienda para que los contratos de 92.000 millones de pesos fueran ejecutados.
