¿Está Charlie Zaa vinculado con el paramilitarismo? El cantante colombiano negó cualquier relación con estructuras armadas ilegales y aseguró que su patrimonio es producto exclusivo de su carrera artística. Su defensa afirma que no existen pruebas materiales en su contra y que colaborará plenamente con las autoridades para esclarecer el caso.
El cantautor colombiano Charlie Zaa se pronunció públicamente luego de que la Fiscalía General de la Nación solicitara la extinción de dominio sobre varios bienes a su nombre, al considerar que habrían sido adquiridos en alianza con estructuras del paramilitarismo.
A través de un comunicado publicado el 7 de julio en sus redes sociales, el artista afirmó que está en total disposición de colaborar con las autoridades y entregar todas las pruebas necesarias para demostrar su inocencia.
Zaa, cuyo nombre es Carlos Alberto Sánchez Ramírez, aseguró que su patrimonio es el resultado de más de tres décadas de trabajo en la música, construido con esfuerzo, honestidad y el respaldo de sus seguidores. “Todo lo que tengo ha sido fruto de ese trabajo honesto y constante”, señaló el artista, quien también reiteró su confianza en que el proceso judicial esclarecerá los hechos.
Por su parte, su equipo legal, Alberto Barrios & Abogados Asociados, calificó como “completamente erróneas y fuera de la realidad” las versiones que lo relacionan con grupos armados. En un comunicado, explicaron que Zaa no ha sido testigo ni ha tenido vínculo alguno con el Bloque Tolima de las AUC o con cualquier otra estructura armada ilegal, y que las declaraciones que lo mencionan provienen de testigos sin pruebas materiales.
Los abogados aclararon que la solicitud de medidas cautelares sobre propiedades como el centro comercial Oasis no implica una condena y que el artista ya entregó toda la documentación que respalda la legalidad de los bienes. Mientras avanza el proceso, Charlie Zaa confirmó que seguirá con la promoción de su más reciente álbum, La Historia Continúa, y que sus conciertos programados se mantienen sin cambios.
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El proceso en su contra surge de una investigación de la Fiscalía en el marco de la Ley de Justicia y Paz, tras declaraciones de varios exparamilitares que lo señalan como presunto testaferro de alias “Daniel”, comandante del Bloque Tolima. Según estos testimonios, los bienes del artista habrían sido adquiridos con dineros del grupo armado ilegal y utilizados como fachada para operaciones de lavado de activos.
Entre las propiedades objeto de extinción de dominio figuran dos discotecas en la zona rosa de Ibagué (Capachos y Solaris), una en Girardot y el centro comercial Oasis. Según el ente acusador, los testimonios apuntan a que con recursos del Bloque Tolima se habrían comprado locales en ese centro comercial, donde además funciona una de las discotecas más grandes de Girardot, también propiedad del cantante.
Las declaraciones provienen de exintegrantes del Bloque Tolima, como Indalecio José Sánchez, alias Fredy, escolta de Carlos Castaño antes de ingresar a esa estructura; Ricaurte Soria Ortiz y Atanael Matajudíos, excomandantes financieros; y Óscar Oviedo Rodríguez, segundo al mando del Bloque. Según relataron, entre 2004 y 2005 el Bloque fue cooptado por narcotraficantes del cartel del Norte del Valle, y algunos bienes fueron registrados a nombre de terceros.
Uno de los puntos más delicados de las versiones señala que un familiar del cantante habría asistido a la cárcel La Picota, en Bogotá, para entregar cuentas relacionadas con los bienes mientras alias Daniel cumplía su condena. Además, la Fiscalía cuestionó que la construcción del centro comercial Oasis, no esté plenamente documentada, aunque Zaa ha asegurado que fue financiado con recursos provenientes de regalías musicales.
La Fiscalía solicitó formalmente ante un juez de Justicia y Paz la aplicación de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre bienes a nombre del artista, por un valor superior a los 25.000 millones de pesos. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) tendría bajo su custodia las propiedades mientras avanza el proceso.
La extinción de dominio es una figura legal que permite al Estado recuperar bienes adquiridos con dineros ilícitos, sin necesidad de una condena penal previa. En este caso, la Fiscalía solicitó esta medida como parte de un proceso en el marco de la Ley de Justicia y Paz, aunque no hay sentencia contra Zaa.
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