El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se pronunció frente a la petición hecha por siete relatores de las Naciones Unidas –al presidente Iván Duque– para evitar el retorno a las aspersiones con glifosato como método de erradicación de los cultivos ilícitos.
La Cancillería expuso que, con base en las normas que regulan el mandato de los relatores, rechaza que éstos acudan a la figura del 'llamamiento urgente', “que sólo procede en los casos en que las presuntas violaciones requieran medidas perentorias por entrañar pérdidas de vidas humanas, situaciones que pongan en peligro la vida o un daño inminente o continuo de mucha gravedad para las víctimas”.
La comunicación del Estado rechazó además que los relatores “prejuzguen y afirmen, sin una base cierta, que cualquier decisión del Gobierno de Colombia sobre este tema no cumpliría con las condiciones establecidas en la sentencia T-236 de la Corte Constitucional, ni tampoco con las obligaciones internacionales en la materia”.
En virtud de lo anterior –añadió la cancillería– y en el entendido que el 'llamamiento urgente' no atiende lo establecido en el marco legal que rige el desempeño de los representantes de los procedimientos especiales, en la nota de respuesta se indicó que “en la presente oportunidad, el Estado se abstendrá de formular comentarios adicionales a los ya expuestos”.
Colombia, tal como lo puntualizó la cartera diplomática, “seguirá abierta al escrutinio internacional y continuará cooperando con los mecanismos internacionales de derechos humanos en el marco de los mandatos, principios y ordenamientos que los rigen”.
La carta de los relatores especiales de la ONU al presidente Duque, con fecha del 17 de diciembre de 2020 y conocida este domingo, esta firmada por la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, y por el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay, entre otros.
En la misiva los firmantes dicen que las aspersiones aéreas se realizarían en “un contexto de violencia sistemática contra los pueblos indígenas y afrocolombianos y las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan protegiendo el derecho a la salud y al medioambiente en el país”.
