La percepción de la implementación del Acuerdo de paz entre Gobierno y Farc pareciera tener en el país una doble realidad: mientras el Gobierno asevera que se está cumpliendo, los excombatientes piden más celeridad.
EL COLOMBIANO entrevistó al alto consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, y le preguntó sobre cómo va la implementación y qué ha pasado con puntos tan neurálgicos y atrasados como la Reforma Rural, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la seguridad de excombatientes de las Farc.
¿Cuál es el balance del Gobierno en la implementación del Acuerdo cuatro años después de la firma?
“Supremamente positivo en los dos años de Gobierno. En cada uno de los frentes el presidente (Duque) ha tenido en manifestaciones políticas algo muy relevante y es el cumplimiento. En cada uno de los frentes tenemos la conciencia de que es un Acuerdo que se debe implementar en 15 años, por eso nos hemos dado el trabajo de planear acciones a largo plazo, y en cada uno de esos frentes hemos focalizado recursos y hemos obtenido resultados que van a hacer que, al 2021, el proceso de implementación sea irreversible”.
Según la percepción del Gobierno, la implementación va bien. Pero, ¿por qué en el país está la sensación de que el Acuerdo va a media marcha?
“Estamos hablando de problemas que el país debió haber afrontado hace décadas con o sin acuerdos y cuya solución está pensada a 15 años. Lo que todos quisiéramos es estar en el año 15, pero estamos en el año dos. Esa es una razón. Otra razón es que nosotros necesitamos comunicar más los avances que hemos ido logrando para que se vea que esto es cierto en materia de víctimas, en materia de reincorporación, en materia de sustitución voluntaria de cultivos. Es cierto en lo que tiene que ver con los Planes de Desarrollo con Enfoque territorial (Pdet), también tiene que ver con la implementación de la Reforma Rural Integral. Tercero, para nadie es un secreto que hay personas que políticamente quisieran hacer creer al país que no estamos haciendo nada para ellos llegar a presentarse como redentores en el 2022 (Elecciones presidenciales)”.
Usted menciona la Reforma Rural, pero ese es uno de los puntos más atrasados. Por ejemplo ¿por qué solo se ha entregado el 3% de tierras cuando la meta son 3 millones de hectáreas?
“Hay tenemos dos metas: una de ellas es la del Banco de Tierras en donde deberíamos alimentar en todos los 15 años tres millones de hectáreas y en este momento ya llegamos a un millón de hectáreas en estos meses, ya llegamos a la tercera parte de lo que se debe obtener en los 15 años. La otra es lo que corresponde a la formalización de tierras y es una meta de 7 millones y en este momento, en estos 26 meses, vamos en 800 mil hectáreas”.
En esta misma línea, los firmantes del Acuerdo reclaman tierras para poner en marcha sus proyectos productivos. ¿Cómo va ese proceso cuando solo se han comprado terrenos para dos de los 24 antiguos ETCR?
“No comparto el ‘solo se han comprado dos’, y le voy a explicar por qué. Esos espacios siempre se pensaron como espacios territoriales, es decir, primero fueron las zonas rurales y después de esos se convirtieron en espacios territoriales, pero siempre se pensaron como espacios temporales. Esa temporalidad se acababa en agosto del año pasado, luego en agosto del año pasado no era jurídicamente posible hacer nada. Nosotros, conscientes de que eso se iba a acabar en agosto del año pasado, en noviembre de 2019 hicimos un estudio muy cuidadoso de las condiciones de cada una de estas 24 zonas, para revisar cuáles podíamos tener definitivamente cómo parte de los proyectos productivos o de vivienda, y cuales no por temas como seguridad, falta de conexión y porque algunos estaban en Parques Naturales.
Para llegar a esas decisiones, primero tuvimos que concertarlas con las Farc. Nosotros no podemos obligar a nadie, sino que tenemos que hablar con ellas y saber que estamos de acuerdo. Durante el primer semestre del año pasado conseguimos 21.000 millones de pesos para comprar esos predios. Esos predios en el sitio donde se ubicaron son complejos, muchos fueron arrendados por personas que no eran los dueños, muchos tienen problemas de linderos y además siendo una compra pública, tuvimos que ir avanzando con los avalúos del IGAC y otras cosas.
En este momento estamos trabajando para los 11 predios que vamos a comprar todos, y ya logramos de agosto a hoy comprar dos, entonces veo avances en este tema”.
Otro de los puntos álgidos es el tema de los cultivos de uso ilícito. Las familias que han sustituido reclaman que no han recibido sus pagos para emprender los proyectos productivos. ¿Qué tanto se ha avanzado?
“Ahí hemos encontrado una grandísima dificultad, pero no por nosotros, sino por lo que les damos. Cuando uno va a la sustitución voluntaria arrancar es fácil y rápido. Usted va a terreno, habla con la familia, se les promete cualquier cosa y ellos la arrancan rápido. El problema complejo es que después hay que hacer los pagos para que tengan con que vivir durante un tiempo, hay que dar asistencia técnica para que emprendan un proyecto de ciclo corto y uno de ciclo largo. Eso requiere de muchísimos contratos, muchísima logística, proveedores locales y mucha plata.
Este programa vale alrededor de 3.3 billones de pesos y de esto que le acabo de decir, no había nada.
No bahía contratos de asistencia técnica, no había proveedores locales, y de los 3.3 billones de pesos teníamos 500 mil millones. El presidente dijo ‘hay que cumplirles a esas familias’, y eso se ha estado haciendo. Desde el año pasado invertimos casi un billón de pesos en esas familias, y hemos logrado que hoy en día esas familias, más del 75 por ciento de ellas, estén en la etapa de asistencia técnica y ya hemos graduado algunas. En la línea de resultados, menos del 1 por ciento de estas familias se nos han salido del programa. Sí hemos tenido muchas dificultades, pero creo que es un caso de éxito al final del día”.
¿Pero entonces por qué algunas familias siguen reclamándole al Gobierno que han hecho su sustitución y no han recibido recursos?
“Hay dos cosas: uno son los pagos y otros los proyectos productivos definitivos. En el primer caso, van al final del ciclo. En estos no todos entraron el día cero, entonces no todos van en el mismo orden, y lo otro es que vamos avanzando en la medida en que tenemos recursos. Hemos logrado conseguir $1 billón y vamos avanzar más, pero hemos logrado mucho para haber partido de donde partimos”.
Usted acaba de mencionar el tema de los fondos. ¿Hay plata para implementar el Acuerdo? Tomamos como ejemplo que para el tema del Fondo de Tierras hubo una reducción de presupuesto, y del 33 por ciento en 2019 pasó a 15 por ciento en 2020.
“Esto es un asunto complejo. Cuando firmaron el Acuerdo, dijeron: todo esto que nos comprometimos ¿cuánto cuesta? Y esa cifra tenemos que conseguirla durante los próximos 15 años. Llegó el siguiente gobierno, entramos y lo que había era esa idea de que eso había que conseguirse, pero no estaba la plata.
Si uno mira la forma como hemos venido consiguiendo los recursos, esos fondos han venido en ascenso todos los años. Conseguimos un poco de 10 billones de pesos el primer año, alrededor de 10 billones el segundo año y solo del presupuesto general de la Nación; y para el tercer año pasa de 10 billones de pesos. Hemos focalizado recursos como el OCAD Paz, hemos conseguido el adelanto a las regalías y eso va a sumar para la inversión de los Pdets, con obras por impuestos, alrededor de 7 billones de pesos.
En el caso de los excombatientes tenemos el apoyo presupuestario de la UE para el año entrante, tenemos a toda la cooperación internacional alineada con nuestra política. No hay ningún sitio en donde no hayamos dejado nuestros esfuerzos para ir incrementando los recursos para implementar nuestra política de paz con legalidad”.
En cuánto los Pdet, se le reconoce que usted ha estado al frente, monitoreando y viajando a las zonas cada ocho días, pero desde los mismos territorios, líderes y gobiernos locales reclaman celeridad. ¿Qué mensajes enviarles a estas comunidades?
“Yo estoy en Cúcuta en el Catatumbo Sostenible, que es el Pdet de la región. Hoy están presentes el gobernador y todos sus secretarios, los alcaldes, más de 12 entidades de cooperación internacional; del orden nacional tenemos más de 50 entidades todas trabajando en cada uno de los ocho pilares que tenemos. Si hay algo que ha aglutinado a todo el mundo, sin distingo de partidos, sin distingo de creencias es la implementación de los Pdet.
Cuando usted les promete a las comunidades que va a acortar las brechas que han ido creciendo durante los 50 años anteriores, la persona se hace la ilusión de que todo va a pasar en dos años, y resulta que eso está pensado para 15 años. Un ejemplo en la zona Catatumbo, en obras se están ejecutando más de 500 mil millones de pesos, eso es más de lo que se ha ejecutado en los últimos 16 años. Todos quisiéramos que fuéramos más rápido, pero finalmente estamos muy jugados”.
Van más de 230 firmantes del Acuerdo asesinados. ¿Hay una estrategia real, concreta, de protección a excombatientes de las Farc que frene esa racha de homicidios?
“Los que estamos involucrados en esto quisiéramos que hubiera cero afectaciones, cero muertos. No solamente tenemos una sino muchas estrategias. Atendiendo la directriz del presidente Duque, yo coordino una mesa donde hay más de 15 entidades de todas las que tienen responsabilidades de la seguridad de excombatientes. Tenemos más de 40 medidas especiales de protección, que van desde las suaves como los cursos de no estigmatización hasta medidas más fuertes como el cartel de los más buscados. Tenemos a 30 de los cabecillas de las organizaciones criminales que los han estado atacando, con recompensas hasta de 500 millones de pesos. Esto ha permitido que aún dentro de esta época de la pandemia, caigan cabecillas como “Rambo” o como “el Contador.
Para los antiguos ETCR tenemos un batallón completo del Ejército, son 100 hombres y mujeres dando protección al espacio y otro batallón completo de Policía dando protección alrededor del espacio territorial. En los otros que están alrededor de 500 municipios, tenemos un miembro de la Fuerza Pública por cada 12 de ellos, cuando el promedio es de un policía por cada 500 colombianos.
En materia de investigaciones, la Fiscalía tiene 25 sentencias de los que son los autores materiales e intelectuales y más de 120 en la cárcel. Tenemos una estrategia sí, y tenemos que seguir trabajando, sí, porque nuestro objetivo es llegar a cero. El día en que estuvimos con el presidente, cuando se reunión con ellos, les pidió que nos empiecen a dar información detallada de lo que ellos conocen en los territorios y ahí llegamos a un acuerdo de que eso iba a ser importante, sobre todo por lo que dictan las estadísticas y vemos quien los ha estado matando son, según estadísticas de la Fiscalía, las disidencias, el Eln, el Clan del Golfo, los Caparros; todos estos salvajes”.
¿El recrudecimiento de la violencia en Colombia es consecuencia, y no causa, de la falta de implementación del Acuerdo?
“No creo. Cuando Colombia firmó el Acuerdo con las Farc, las disidencias se salieron, o mejor, nunca entraron en el proceso; el Eln, el Clan del Golfo, los Caparros y los Pelusos ya estaban ahí; pero la idea de que el Acuerdo y su implementación eran en sí mismos suficientes para lograr una paz estable y duradera, nunca fue más que un titular, porque había que resolver esos otros temas. Si usted mira todos los indicadores de violencia antes de la firma y hoy, ve que ahora tenemos 13 mil excombatientes que antes nos mataban, nos secuestraban, nos ponían bombas y que hoy están en el proceso de reincorporación.
