La Fiscalía General de la Nación ordenó restringir toda coordinación sobre la investigación del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay a reuniones dentro de sus instalaciones. Esta decisión se tomó luego de que el presidente Gustavo Petro incorporara a altos funcionarios —como los directores de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)— a un puesto de mando unificado (PMU) instalado en la Policía Metropolitana de Bogotá para seguir el caso.
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La entidad señaló que la investigación por el atentado ocurrido el pasado 7 de junio es reservada y está siendo adelantada por equipos designados del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía, bajo la supervisión directa del nivel central de la Fiscalía.
En este sentido, explicó que la inclusión de funcionarios externos (es decir, del Gobierno) desnaturalizó el objetivo del PMU, razón por la cual se instruyó que toda actividad de seguimiento se realice bajo su control exclusivo. Esto muestra que la fiscal se distancia del presidente y de las peticiones que ha hecho.
“Desde ayer, toda reunión de coordinación y seguimiento del caso se realice con quienes llevan a cabo las tareas en nuestras instalaciones”, indicó en una declaración compartida en las redes sociales del ente investigador.
La Fiscalía también se refirió a la propuesta del jefe de Estado para permitir que una comisión internacional de las Naciones Unidas investigue el atentado contra Uribe Turbay y otros crímenes contra líderes políticos y sociales. En respuesta, concluyó que el organismo tiene la legitimidad, solidez institucional y capacidades operativas para adelantar el proceso y recordó que los hechos ocurrieron hace apenas cinco días, tiempo en el que se ha recolectado evidencia clave.
Las entrelíneas del mensaje de la fiscal Luz Adriana Camargo deja ver que, para ella, es apresurado pedir una comisión internacional, por lo cual no se necesita, así como que no son bienvenidos a las reuniones del caso Miguel Uribe los funcionarios del Gobierno que Petro metió al PMU.
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Agregó que, a diferencia de los casos que motivaron una comisión en Guatemala, la Fiscalía colombiana no enfrenta circunstancias similares y continúa su labor en medio de un contexto político polarizado, que ha derivado en cuestionamientos desde distintos sectores.
El ente investigador también expresó su rechazo a la filtración de pruebas y a la difusión de hipótesis sin sustento, al advertir que estas afectan la integridad del proceso y obstaculizan el trabajo judicial. También aclaró que la grabación a la que hizo referencia Petro en Cali corresponde a un audio entre particulares y que fue recibido por la Fiscalía como parte de una nueva indagación, que se mantiene bajo reserva.
Sobre lo último, indicó que “la información derivada de un audio entre particulares por presuntos actos conspirativos en su contra involucraría a un exfuncionario de su administración”, pero aclaró que no dará más detalles al respecto.
Finalmente, invitó a otras instituciones, medios de comunicación, actores sociales y ciudadanos a aportar datos o evidencias que puedan contribuir a esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
Con esta declaración, la fiscal Camarga marca una distancia sana del Gobierno del presidente Petro, quien esta semana ha solicitado apoyo internacional e independiente para esta investigación, tomando como referencia la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en la que Camargo participó.
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