El gobierno de Gustavo Petro entra en su recta final sumando más cuestionamientos en uno de los engranajes más sensibles del Estado: la Inteligencia.
En tres años y medio, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha tenido cuatro directores que según escándalos y fuentes, han minado la entidad utilizándola para sus intereses, desde la presunta oferta de beneficios a criminales en la “paz total” hasta la utilización de informes anónimos para la salida de generales, entre múltiples hechos que tienen como común denominador a una cúpula de ex M-19 convertidos en poderosos funcionarios.
El caso más reciente es el de Jorge Lemus, cuestionado por sus reuniones con el abogado de alias “Papá Pitufo”, a quien le ofreció beneficios sobrepasando sus facultades pues es resorte de la Fiscalía.
A esto se suma el movimiento de Wilmar de Jesús Mejía, quien desde la Dirección de Inteligencia Estratégica ya arrastraba cuestionamientos por su aparición en los denominados archivos de “Calarcá”. Su llegada a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), uno de los organismos más poderosos en la lucha contra el lavado de activos, abre nuevas preguntas sobre la concentración de poder y los perfiles que están asumiendo funciones clave en el engranaje de Inteligencia del país.
Los antecedentes también revelan la improvisación y el caos que reina el liderazgo de las agencias desde que inició este Gobierno.
La salida en febrero de 2024 de Manuel Alberto Casanova, exguerrillero del M-19 que llegó a ser procesado por la toma del Palacio de Justicia, se dio en medio de cuestionamientos por la falta de resultados operativos y una gestión administrativa debilitada.
A esto se sumó la caída de Carlos Ramón González, en julio del mismo año, arrastrado por el escándalo de la UNGRD tras los señalamientos de direccionamiento de contratos y pagos a congresistas desde su paso por Presidencia, una sombra que terminó alcanzándolo en la DNI y que hoy lo tiene en condición de asilado político en Nicaragua sin circular roja de Interpol, que recientemente se cayó.
El patrón es evidente: cambios constantes, funcionarios sin experiencia en la rama, cuestionados y un sistema que, lejos de blindarse, parece cada vez más expuesto al escrutinio público y político en un momento especialmente sensible.
“Mi jefe político es el presidente”
Wilmar Mejía, exdirector de Inteligencia Estratégica y nuevo director de la UIAF, asumió el cargo en medio de cuestionamientos por su trayectoria reciente y su cercanía con el Gobierno nacional, tras haber estado suspendido durante tres meses por la Procuraduría por las menciones en los archivos de alias Calarcá.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el funcionario resumió su posición política con una frase que llama la atención: “Mi único jefe político, y espero que no se malinterprete, es el señor presidente de la República, nadie más”, al tiempo que insistió en que no responde a congresistas, ministros ni grupos económicos.
“Yo no le respondo a nadie, solo al presidente de la República”, afirmó, subrayando una relación de dependencia directa con el jefe de Estado.
Sobre su llegada al cargo, Mejía relató que fue informado por canales oficiales cuando su nombre ya estaba siendo considerado: “Me notificaron directamente de Hacienda: ‘usted fue considerado, hay un decreto que lo van a firmar hoy’”.
A la pregunta de quién lo recomendó, dice que “no hubo intermediarios políticos en la gestión” de su hoja de vida. El funcionario añadió que ya había contemplado ese escenario con anterioridad: “Si eso que tanto los medios expresaban se da realidad, yo asumo la responsabilidad”, señaló, explicando que aceptó el nombramiento con tranquilidad.
Mejía confirmó que fue llamado a posesionarse en el Ministerio de Hacienda y asumió el cargo desde el pasado viernes 10 de abril, a pesar de los cuestionamientos y su falta de conocimiento técnico.
Frente a quienes lo acusan de ser un supuesto “protegido” del presidente Petro al ser nombrado en la dirección de la UIAF, Mejía rechazó ese calificativo. Asegura que el mandatario “tiene claras” las calidades de quienes integran su entorno y “él sabe perfectamente de dónde vengo y conoce mi trayectoria”. Y quizá ese es el problema.
“A disposición de Fiscalía”
Frente a las preguntas sobre sus supuestos vínculos o menciones en documentos relacionados con alias Calarcá, Mejía insistió en negar cualquier tipo de relación: “Con Calarcá nunca tuve ningún relacionamiento”, calificando las versiones como una “inventiva” basada en asociaciones derivadas de operativos de inteligencia.
Según su explicación, las interpretaciones surgirían de la incautación de dispositivos en un operativo contra ese cabecilla, en el 2024 en Antioquia. Sin embargo, sostuvo que incluso el propio señalado ha desmentido ese tipo de señalamientos y que dentro de la comunidad de inteligencia es conocido su modo de operar “ajustado a la ley”.
En ese sentido, añadió que las incautaciones de equipos podrían corresponder a otros actores presentes en el lugar y no necesariamente a alias Calarcá, insistiendo en que no existe evidencia de vínculo directo.
“La Fiscalía me tendrá que investigar. Me tiene que garantizar las condiciones para que yo me pueda defender. Ya tengo mi abogado y estamos en trámite. Me puse a disposición de la Fiscalía. También puse a disposición mi pasaporte y mis equipos técnicos, para que, cuando lo considere necesario, los utilice y los examine”, le dijo Mejía a EL COLOMBIANO.
Sin embargo, este diario ha contado que la propia fiscal Luz Adriana Camargo informó a Presidencia que contra Mejía habría pruebas graves. Aún así, llegó a ser nombrado a la UIAF.
DNI con fines políticos
En este contexto, crecen las preocupaciones sobre la pérdida de credibilidad de una de las entidades más estratégicas para la protección del Estado colombiano. El experto en seguridad Yefrin Garavito, en diálogo con EL COLOMBIANO, advirtió que la exposición mediática y las filtraciones de documentos están golpeando directamente la confianza institucional.
“La DNI es una institución clave para el país; sin embargo, la exposición pública y las filtraciones hacen que se pierda la credibilidad en una agencia que debería proteger los intereses del Estado”, señaló. Garavito explicó que, por diseño, la Inteligencia en Colombia siempre ha estado ligada al Ejecutivo, pero advirtió que el problema surge cuando esa relación se cruza con intereses políticos.
“Históricamente depende del presidente de la República, pero cuando se vinculan temas políticos, la situación se vuelve más compleja”, afirmó. Ese cruce puede erosionar la percepción de independencia y abrir dudas sobre el uso de información estratégica.
Las consecuencias no son menores. La pérdida de confianza en los informes de inteligencia puede afectar decisiones judiciales y militares, como ocurrió con el general Edwin Urrego en febrero pasado, cuando fue destituido de forma inmediata por el presidente Petro tras ser señalado en un documento anónimo de la DNI de estar detrás de un supuesto plan para sembrarle droga al mandatario en uno de sus viajes.
Los peligros de los anónimos
Garavito puso el foco en uno de los puntos más críticos: el manejo de documentos anónimos, que le ha costado el puesto a altos mandos de la Policía, como al general Urrego.
“La Inteligencia debe verificar antes de hacer pública cualquier información. Difundir datos no corroborados puede generar crisis institucionales, afectar a las FF. MM. y provocar escándalos mediáticos sin sustento real”, advirtió. En su concepto, la circulación de información no verificada no solo distorsiona la toma de decisiones, sino que debilita la institucionalidad. Para el experto, otro asunto crítico es la llegada de exintegrantes del M-19 a la DNI.
“La dirección puede terminar viéndose como un estamento político, ligado a un movimiento que en su momento fue perseguido por la inteligencia”, explicó. El riesgo, agregó, es un deterioro en la confianza ciudadana y la sospecha de posibles retaliaciones desde el aparato estatal, como ha sucedido con este Gobierno.
Jorge Lemus y Wilmar Mejía: entre presuntas cercanías a “Pitufo” y “Calarcá”
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el exdirector de la DNI, Jorge Arturo Lemus, por presuntamente ofrecer beneficios judiciales a través de contactos con el abogado de Diego Marín Buitrago (Papá Pitufo). El caso se originó por audios y reuniones reportadas a inicios de 2025, en las que se habría discutido posibles beneficios para el señalado contrabandista.
El Ministerio Público también ordenó inspecciones en la DNI y en el Dapre para establecer si hubo autorizaciones oficiales para estos acercamientos. Petro afirmó que los contactos tenían como objetivo traer a Marín a Colombia para que respondiera ante la justicia, aunque el caso sigue en etapa de investigación y recolección de pruebas.
“El abogado nos buscó y yo resolví recibirlo en mi despacho oficialmente. Hay misión de trabajo sobre eso. No fue una cosa por debajo”: Jorge Lemus.
La salida de Mejía de la DNI, donde se desempeñó como director de Inteligencia Estratégica, inicialmente se interpretó como una consecuencia de investigaciones en su contra.
Sin embargo, posteriormente el Gobierno lo respaldó con la dirección de la UIAF. Mejía es indagado por la supuesta filtración de información a disidencias de las Farc, tras hallazgos en dispositivos incautados a ‘Calarcá’ en 2024. Aunque niega los señalamientos, el material —según la Fiscalía— incluye información sensible.
Tras una suspensión provisional, renunció a la DNI el 2 de marzo pasado. El caso también salpicó a su entonces director, Jorge Arturo Lemus, quien fue trasladado a la UIAF y luego retirado del Gobierno.
“Yo no me voy a fugar del país, estoy muy tranquilo. Ya me puse a disposición de la Fiscalía a través de mi abogado para lo que requieran de mí”: Wilmar Mejía.
Luis Llinás Chica, exdirector de UIAF
Luis Eduardo Llinás Chica estuvo en el centro de varias controversias que terminaron con su salida del Gobierno en octubre de 2025. En mayo de 2024, la Procuraduría abrió una investigación por presunto tráfico de influencias en el caso UNGRD, por supuesta intervención en la recomendación de un familiar para contratos en la entidad.
En agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó cinco días de arresto contra él y otros directivos de la DIAN por incumplir una tutela relacionada con nombramientos derivados de concursos de méritos. También fue cuestionado durante su gestión en la UIAF por presuntas filtraciones de información reservada y señalamientos sobre perfilamientos internos. Finalmente, en octubre de 2025 renunció.
Augusto Rodríguez, director de la UNP
Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), es considerado la “mano derecha” y uno de los aliados históricos de Petro, con más de 30 años de relación política y personal desde su militancia en el M-19. Ha acompañado a Petro en distintas etapas de su carrera, desde su trabajo legislativo hasta la Alcaldía de Bogotá y la Presidencia, consolidándose como un estratega de bajo perfil y figura clave en investigaciones sobre parapolítica y corrupción. Ha denunciado posibles infiltraciones de estructuras criminales como las asociadas a alias Papá Pitufo en la campaña de Petro.
Este año, la Fiscalía retiró una solicitud de imputación en su contra por presuntas omisiones de seguridad en el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, al considerar que debía ser asumido por un grupo especial de investigación.
“Reconocemos que ese número de personas de protección no es suficiente para una persona que es precandidata presidencial”: Augusto Rodríguez.
Carlos Ramón González, exdirector del DNI
La caída de Carlos Ramón González, exmano derecha de Petro, representa uno de los golpes políticos más fuertes para su Gobierno. Su caída se desencadenó con el escándalo de la UNGRD, que llevó a su renuncia en julio de 2024 a la DNI, tras ser señalado como presunto articulador de corrupción con contratos direccionados y sobornos a congresistas.
La Fiscalía lo imputó por cohecho, peculado y lavado de activos, cargos que no aceptó. En 2025 se ordenó su captura, pero ya había salido a Nicaragua, donde recibió asilo político. Para abril de 2026, sigue prófugo, con un proceso judicial en curso y con la Fiscalía buscando reactivar la circular roja de Interpol para su extradición.
“Cada vez se va mostrando un entrampamiento para obtener beneficios judiciales, encubriendo o incriminando —perdón— a un inocente”: Iván Cancino, abogado de Carlos Ramón González.
Manuel Alberto Casanova, exdirector del DNI
El nombramiento de Manuel Alberto Casanova al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) fue histórico y polémico desde el inicio, al convertirse en el primer civil —y exguerrillero del M-19— en dirigir la inteligencia estratégica en Colombia. Su salida en febrero de 2024 dejó varios puntos clave sobre la mesa. Se le criticó que la DNI perdió capacidad de anticipación. Le cuestionaron que la agencia se volvió reactiva en lugar de proactiva.
Aunque la intención del gobierno de Gustavo Petro era “desmilitarizar” la Inteligencia, críticos y sectores internos señalaron que el proceso se realizó sin una transición técnica adecuada. Más allá de los resultados, surgieron inquietudes internas sobre la gestión de recursos y la idoneidad de algunos perfiles.
“Yo creo que Casanova tiene la capacidad de llevar las riendas de la inteligencia, porque es analítico y muy ordenado”: Otty Patiño.
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