Con investigaciones y escándalos a cuestas, una de las personas más cercanas al presidente Petro, su exsecretario jurídico Vladimir Fernández se quedó con un puesto en el alto tribunal donde al parecer llegó para reforzar la tendencia liberal que ya es mayoría entre los magistrados, pero sobretodo para darle trámite, aunque sea desde lejos, a las apuestas más importantes del Gobierno Petro que todavía están en vilo.
En el Senado poco o nada importaron los líos judiciales que han manchado la hoja de vida de Fernández que parecía intachable. Con una aplastante ventaja, el nuevo togado de la Corte Constitucional fue elegido con 88 votos, dejando a sus contrincantes, Cielo Rusinque con dos votos y Gerardo Vega con un voto, muy por debajo de su victoria. Y es que si bien Fernández no ha sido tan mediático como la activista Rusinque y el líder de la agencia de tierras, Vega, sus propios escándalos lo han sacado en varias oportunidades de esa sombra en la que acostumbra a caminar.
Uno de los casos más complicados que cobijan la reputación de este abogado de la Universidad del Externado y hombre de confianza de Petro, incluso antes de ser alcalde de Bogotá, es que para 2006 fue demandado por no reconocer la paternidad de una menor nacida en 1992, caso que llegó hasta la Corte Suprema que le ordenó a Fernández hacerse una prueba de paternidad que finalmente demostró que sí era el padre de la menor. Frente a ese episodio, que siempre ha alegado ser de índole personal, Fernández logró un acuerdo con las demandantes para cerrar el caso en 2014.
Lo cierto es que la terna que presentó el Presidente al Senado para elegir el reemplazo del magistrado Alejandro Linares de entrada generó desconfianza y cuestionamientos por la cercanía de los candidatos al mandatario. Tanto así que la ONG defensora de derechos humanos, Human Rights Watch, en su momento expresó total desacuerdo con la lista al señalar que había muy poca o nula independencia del Gobierno.
Pero lo cierto es que no fue mera casualidad la elección de los candidatos, pues Vladimir, el que se quedó con la toga para el alto tribunal, ya venía meses atrás en plena campaña para ser magistrado por pura intuición. Y no es descabellado pensarlo porque su nombre incluso sonó para ser el reemplazo de Laura Sarabia en la Casa de Nariño y también se rumoró que estaría dentro de la terna para la Fiscalía General.
En todo caso, en algún puesto importante iba a quedar y por eso, un mes antes de conocer que su nombre iba para la terna de la Corte Constitucional, Vladimir ya se paseaba por el Congreso saludando a cuanta persona se encontrara y logrando juntar a congresistas de lado y lado. Precisamente, el conocimiento de las cargas políticas dentro del Capitolio le permitieron actuar con agilidad, tejer puentes entre las relaciones fracturadas y sacarle ventaja a sus contrincantes.
Fue tanto el lobby que hizo previo a su elección, que cuando llegó al recinto el pasado martes, lo recibieron con un ánimo ganador, y se pasó por cada puesto saludando de mano y con sonrisa triunfal.
Así, Fernández logró abonar un camino que de entrada le favorece a Petro, pues tener un abogado afín a sus políticas de gobierno en la Corte Constitucional le podría permitir un acercamiento a ese alto tribunal donde se toman las decisiones más importantes en materia de leyes, tutelas y otros procesos jurídicos, tal como lo han hecho otros presidentes. Pero sobre todo le ayudaría a limar asperezas con la rama judicial que en varias ocasiones lo han frenado por no respetar la independencia de poderes. Al parecer, Fernández supo usar eso a su favor y en su discurso antes de ser elegido fue enfático en que le apostará fuertemente a la independencia de poderes. “Ningún poder, sea público o privado, puede derogar los principios consagrados en la Constitución”, dijo en su intervención.
Y agregó que su cercanía con el Presidente no le afectará en sus funciones como magistrado. “A pesar de ser el secretario jurídico del señor presidente (...) he ejercido siempre con independencia mi profesión”.
Así quedaron las fuerzas
En ese mismo discurso, Fernández dejó entrever que su corte era liberal y cuáles serán sus motivaciones dirigidas a sectores específicos. “Respeto profundamente la libertad, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía de las mujeres y las acciones afirmativas de género. Esas son las posiciones con las que he venido transitando en mi vida”.
Dentro de los principales retos que tendrá que asumir Fernández estarán las medidas que implemente el Gobierno y el Congreso para la Sentencia C-055 de 2022, sobre el aborto.
Además se suma la adecuación del ordenamiento jurídico sobre sanción y destitución de servidores públicos elegidos por voto popular. Eso sin contar los expedientes que queden en el despacho del magistrado Linares, a quien todavía le quedan por lo menos dos meses hasta salir de su cargo en diciembre. Sin embargo, Fernández tendrá que declararse impedido por su anterior cargo como secretario jurídico de Presidencia.
Ese mismo bloque con tendencias hacia las libertades individuales en el que se ubica Fernández también está conformado por la actual presidenta de la Corte, Diana Fajardo, quien votó a favor de la despenalización del aborto. Se suma el magistrado José Fernando Reyes, quien ha mostrado un amplio respaldo a la paz, y en esa misma línea camina el togado Antonio Lizarazo, quien además de su inclinación a los temas de paz, fue un ponente de la decisión de despenalizar el aborto hasta la semana 24.
En esa lista también se incluye a la togada Natalia Ángel, quien en su momento llegó para formar una Corte en su mayoría mujeres; y también cabe el magistrado Juan Carlos Cortés, de tendencia liberal y a favor de las protestas sociales.
Por otro lado, en un ala más conservadora, se ubican las magistradas Cristina Pardo, Paola Meneses y el togado Jorge Enrique Ibáñez, quienes se han mostrado en contra de la despenalización del aborto y la eutanasia.
