El Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Sociedades continúa con el proceso de liquidación de DMG, la captadara ilegal de dinero que fue intervenida hace 15 años.
Según información publicada por Portafolio, el proceso de intervención que se había suspendido por una demanda fue activado nuevamente y continúa su desarrollo, según comentó la Superintendencia de Sociedades en un comunicado que se publicó el pasado 7 de marzo.
Portafolio también menciona que la agente interventora designada para el caso de DMG es María Mercedes Perry Ferreira, quien reconoció a 193.302 personas afectadas por la actividad de recaudo no autorizado, cuyas reclamaciones ascendieron a $1.041.631.416.623.
En el expediente está reseñado que, entre dineros y activos, durante la intervención se logró tomar posesión de $57.284.032.037,07, mientras que durante la medida de intervención de liquidación judicial se han puesto a disposición del proceso activos por valor de $107.243.396.040.
Según la información dada por la Superintendencia, hasta el momento se han devuelto en total $96.969.092.137, de los cuales $41.548.190.590 se ejecutaron con la toma de posesión de la captadora ilegal y $55.420.901.547 durante el transcurso del proceso de liquidación.
En la publicación de Portafolio también se menciona que, actualmente, se adelanta un proceso de avalúo sobre dos bienes inmuebles que tendrían un valor de $104.764.500, y de los cuales conocieron tan solo en el segundo semestre del año anterior.
En otra publicación, El Tiempo habla que, otra de las empresas intervenidas fue Transval LTDA, sociedad transportadora de valores, a la que le ejecutaron medidas cautelares, por los vínculos que le comprobaron con DMG Grupo Holding SA. Allí se hallaron 808 bienes muebles por valor de $83.481 millones, así: 4 bienes inmuebles avaluados en $1.165 millones y la recaudación de dinero en efectivo por un monto de $9.385 millones.
David Murcia fue deportado a Colombia en 2019 y cumple con la condena por los delitos de por lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dinero, intervención que hizo la autoridad judicial a DMG en 2002.
