Desde políticos hasta empresarios han visitado, por estos días, al expresidente Álvaro Uribe Vélez en su finca en Rionegro, donde empezó a cumplir la prisión domiciliaria tras ser condenado, en primera instancia, a 12 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
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Fue el mismo exmandatario y exsenador quien compartió, a través de sus redes sociales, las tres primeras visitas que recibió este martes, 5 de agosto.
La primera fue la del también expresidente Andrés Pastrana, quien desde el anuncio de la histórica condena contra un exjefe de Estado colombiano, cuestionó el juicio y expresó su apoyo a Uribe.
“Gracias al expresidente Álvaro Uribe y a doña Lina Moreno por su hospitalidad. Además de expresarle mi solidaridad, conversamos sobre varios temas de actualidad en los que coincidimos”, fue el mensaje que escribió Pastrana en su cuenta de X sobre la visita a Uribe, que también agradeció su visita en la misma red social.
Uribe fue condenado, en primera instancia, a 144 meses de prisión, es decir, 12 años de cárcel; y a pagar multa equivalente a 2.420 salarios mínimos.
El exmandatario, que insiste que la condena en su contra tiene motivaciones políticas, también quedó inhabilitado para “el ejercicio de derechos y funciones públicas, como sanción principal, de 100 meses y 20 días, como determinador penalmente responsable del delito de soborno en actuación penal en concurso homogéneo en concurso heterogéneo con fraude procesal en concurso homogéneo”, según el fallo leído por la jueza Sandra Heredia.
El lunes, 4 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la primera acción de la defensa de Uribe tras la condena: la solicitud de suspensión provisional de la detención domiciliaria pedida a través de una tutela.
En la tutela, los defensores consideraron que los derechos humanos y las garantías de presunción de inocencia del expresidente están siendo “transgredidas”.
En su escrito, la defensa solicitó una medida cautelar provisional para suspender de inmediato la orden de detención domiciliaria impuesta al exmandatario. Sin embargo, el Tribunal rechazó la petición, dejando claro que la medida no procederá mientras se estudia de fondo la tutela.
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La corporación recordó que “las decisiones de los jueces gozan de la presunción de acierto y legalidad, hasta tanto en las instancias superiores se determine lo contrario; ello permite garantizar la seguridad jurídica, su respeto y cumplimiento, como garantía de los postulados de los artículos 29 y 229 de la Carta Política”. Con esta afirmación, el Tribunal dejó claro que no puede suspenderse una orden judicial vigente solo por la inconformidad de la parte accionante.
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