Desde hace varios años, tanto familiares de la población privada de la libertad, como personerías y defensores de derechos humanos han denunciado la entrega de alimentos en malas condiciones a quienes se encuentran recluidos en prisiones o estaciones de Policía en Colombia.
De acuerdo con el Código Penitenciario y Carcelario, la obligación de suminitrar esos víveres le corresponde al Estado. Así mismo, y aunque se contrate a terceros para que se encarguen de la obligación, se debe velar en todo momento por una ejecución precisa de los contratos, por los que, según la Contraloría, se pagaron 305.000 millones de pesos con corte a diciembre de 2020.
Sin embargo, las quejas de presuntas irregularidades se han destapado en distintos puntos geográficos del país. Entre ellos, Valledupar, Bogotá y más recientemente en Medellín, cuya Personería nuevamente alertó por la entrega de comestibles, supuestamente descompuestos, en las estaciones de Policía de la ciudad, hecho que, según el mismo informe, afecta a los 2.538 internos contabilizados en esos sitios de reclusión.
Los hallazgos del Observatorio Penal de la Personería señalaron varias inconsistencias: “No hay cumplimiento en la hora de entrega de alimentos, no hay personal para la manipulación y entrega (lo hacen los mismos internos), no hay distinción en la entrega para población con diagnósticos de base (diabéticos e hipertensos) y no se entregan de forma individualizada”.
Esta misma situación fue corroborada por Jorge Carmona, presidente de la veeduría ciudadana al sistema penitenciario y carcelario nacional, quien señaló que el mal servicio se viene presentando, aproximadamente, desde el año 2013.
Bomba de tiempo
“Todas las entidades se han pronunciado en el caso, pero no pasa nada”, aseveró Carmona y advirtió que la mezcla de hambre y hacinamiento puede convertirse en un coctel fatal en las prisiones del país.
Según narró el veedor, en la estación de Policía La Candelaria, de Medellín, hace pocos días, 392 internos gritaban que tenían hambre porque los comestibles estaban llegando en estado de descomposición y no podían ingerirlos.
“Esos reclusos -continuó relatando Carmona- se amotinaron y más de 250 policías reaccionaron, la gran mayoría de ellos pertenecientes al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), con bombas aturdidoras y gases lacrimógenos. Así es como se reprime la hambruna en las estaciones”.
A su juicio, la Policía Metropolitana “debió alzar su voz de protesta” desde hace tiempo. No obstante, esa seccional le había manifestado a este diario que la responsabilidad era de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
Lo que dice la Uspec
“Nosotros, efectivamente, tenemos la obligación de hacer la contratación para la alimentación en los establecimientos carcelarios de todo el orden nacional”, confirmó Andrés Díaz, director de la Uspec en diálogo con EL COLOMBIANO.
Más exactamente, según la entidad, es responsable por unas 115.000 raciones diarias destinadas a los privados de la libertad en Colombia (ver gráfico).
De acuerdo con Díaz, una vez se conoció la denuncia de la Personería de Medellín, “nosotros requerimos al contratista, él nos presenta un informe y nos contesta que todo está bien. Sin embargo, nosotros hemos tomado una medida y es fortalecer la supervisión y desplazar un equipo desde la dirección para que esté validando permanentemente”.
Una voz desde adentro
El dragoneante Felipe Quimbayo, asesor jurídico nacional del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup), entregó un parte diferente al del mencionado contratista, registrado legalmente como Organización Nueva Aurora (Ornua S.A.S.), y afirmó que “esta empresa se ha cambiado de nombre las veces que se puedan imaginar y sigue ganando la licitación (...) continúan los mismos errores mientras se roban la plata”.
En línea con ello, denunció que periódicamente le retiran los contratos a esta empresa, “como por dar una cortina de humo, pero en la siguiente licitación vuelven a ganar el contrato. El tema parece de nunca acabar porque no hay quien le ponga solución a esto”.
Quimbayo señaló que la Fiscalía hizo una visita el 2 de diciembre pasado a los establecimientos penitenciarios con motivo de esa situación. Por ello, se le consultó al ente acusador si se había abierto algún caso, a lo que respondió que ese mismo mes se dio apertura a una noticia criminal, aunque no se entregaron más detalles al respecto.
Nueva réplica
Al ser preguntado por la presunta irregularidad en la selección de Ornua S.A.S., el director de la Uspec señaló que apenas lleva tres meses al frente de la entidad y sería necesario indagar más sobre este operador en concreto para establecer si efectivamente ha cambiado su nombre con la intensión de participar en diferentes licitaciones.
De otro lado, afirmó que, de momento, no han recibido llamados por parte de algún ente de control y se optó por reaccionar al conocer la denuncia de la Personería de Medellín.
“Nosotros hemos venido visitando con el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, varios establecimientos en todo el país y una vez se nos presenta algún tipo de queja, nosotros actuamos”, apuntó Díaz
De igual manera -resaltó- “estamos haciendo el proceso de contratación de interventoría porque hoy estos contratos tienen la supervisión por parte de la Uspec, pero no tiene una interventoría, y por su dimensión debería tenerla”.
Por norma, expuso el director, no es obligatorio que este tipo de contratos tengan interventor, pero afirmó que es algo fundamental. “Así, cuando se nos presenten estos casos no solo tendremos la visión del contratista, sino que tendremos la visión de un tercero, que además sea permanente”.
Frente al proceso de mejora, añadió que “estamos previendo en las grandes ciudades del país, en el próximo contrato, poder tener un servicio especial para las estaciones de Policía, porque a veces los desplazamientos pueden ser largos y afectan un poco el servicio”.
De otro lado, Díaz adelantó que se está estructurando un nuevo proceso para la adjudicación de contratos, que estaría listo hacia el mes de abril de 2021. Con ese ajuste- añadió- la idea de la Uspec va orientada a optimizar el suministro de alimentación en los reclusorios y estaciones transitorias del país.
La Personería se alista
“Como las denuncias siempre habían sido verbales, mas no escritas, entonces la oficializamos y dimos traslado a la Contraloría, porque el operador siempre se comprometía a mejorar, pero no se observaba esa mejoría”, reveló Viasney Rengifo, personera delegada del área penal en Medellín.
El día 28 de diciembre, añadió la funcionaria, la Contraloría entregó el reporte de esa auditoría, compuesto por 524 páginas. “Una vez tengamos el análisis de los hallazgos, podremos decir cuál fue el parte tras la inspección”.
Rengifo sostuvo que, de corroborar la anomalías en torno a Ornua S.A.S, se le dará traslado a la Procuraduría General de la Nación para que se adelanten las acciones pertinentes de sanción
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Mil millones de pesos se pagaron a los contratistas con corte a diciembre de 2020
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