La justicia colombiana ordenó una millonaria medida cautelar contra bienes y cuentas vinculadas al empresario barranquillero Álex Naim Sabb Moran, conocido como Álex Saab, en medio de un proceso relacionado con presuntas actividades de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La decisión se conoce en un momento especialmente complejo para el empresario, quien enfrenta nuevos cargos en Estados Unidos y permanece bajo el escrutinio de las autoridades judiciales de ambos países.
Según reveló la Revista Semana, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Barranquilla aceptó una serie de solicitudes encaminadas a garantizar la recuperación de recursos presuntamente comprometidos dentro de un largo proceso judicial que involucra a Saab y a varias de las empresas que estuvieron bajo su control.
La decisión judicial tiene como principal objetivo congelar recursos financieros que estarían asociados a la empresa Jacadi de Colombia S.A., firma dedicada formalmente a actividades de importación y exportación de textiles y cuyos principales representantes eran Álex Saab y su entonces esposa, Cyntia Eugenia Ceratin Ospina.
De acuerdo con el fallo conocido por Semana, el despacho ordenó el embargo y secuestro de los dineros que la compañía tenga o llegue a tener en cuentas corrientes, cuentas de ahorro o cualquier otro producto financiero. La medida también se extiende a otras empresas relacionadas con el empresario, entre ellas Shatex S.A., una sociedad que ha sido mencionada en diversas investigaciones por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Además, las autoridades judiciales ordenaron revisar recursos depositados en certificados de depósito a término (CDT), cuentas del Banco Mundo Mujer y movimientos asociados a la plataforma financiera Nequi. Con estas acciones se busca impedir que los recursos puedan ser trasladados o utilizados mientras avanza el proceso judicial.
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En total, la orden contempla el embargo inmediato de 1.478 millones de pesos. Los recursos retenidos deberán ser consignados en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia y quedar a disposición de la Oficina de Ejecuciones Civiles del Circuito.
Para el juzgado, las nuevas medidas cautelares resultan procedentes debido a la necesidad de garantizar una eventual reparación por los daños económicos que, según los demandantes, habrían sido ocasionados por las actuaciones financieras y contables desarrolladas por las empresas vinculadas a Saab y su exesposa.
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La decisión representa un nuevo revés para el empresario, cuya influencia política y económica creció significativamente durante los años de cercanía con el gobierno venezolano. Saab llegó a ocupar posiciones estratégicas dentro de la estructura estatal venezolana y fue considerado uno de los hombres de mayor confianza del régimen de Nicolás Maduro.
Sin embargo, su situación cambió de forma drástica tras las investigaciones adelantadas por autoridades internacionales. Actualmente, enfrenta nuevos cargos en Estados Unidos, donde fue formalmente acusado por presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con millonarios contratos obtenidos en Venezuela.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los nuevos señalamientos están relacionados con el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), mecanismo impulsado por el gobierno venezolano para distribuir alimentos subsidiados entre la población.
La acusación sostiene que Saab habría participado en una conspiración para ocultar el verdadero origen y naturaleza de los productos alimenticios suministrados a través de este programa. Según el documento judicial conocido en Estados Unidos, el empresario y otros involucrados habrían presentado documentación falsa para hacer pasar mercancías como importaciones provenientes de Colombia y México.
Los fiscales estadounidenses también señalan que Saab habría recurrido al pago de sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos relacionados con el suministro de alimentos. Aunque la acusación menciona la existencia de estos pagos irregulares, los nombres de los supuestos beneficiarios no han sido revelados públicamente.
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Los hechos investigados por las autoridades norteamericanas se habrían presentado entre 2015 y 2019, periodo en el que el programa CLAP fue objeto de múltiples cuestionamientos por denuncias relacionadas con sobrecostos, baja calidad de los productos y presuntas irregularidades en los procesos de contratación.
Mientras avanzan estos procesos, la situación política de Saab también parece haber cambiado. Aunque durante años contó con el respaldo del gobierno venezolano, diversas versiones apuntan a un distanciamiento con sectores del poder en Caracas tras los recientes cambios en la administración encabezada por Delcy Rodríguez.
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Ahora, además de enfrentar las nuevas acusaciones en Estados Unidos, Saab deberá responder por los procesos judiciales que continúan abiertos en Colombia. La reciente decisión del juzgado de Barranquilla representa uno de los movimientos más importantes en territorio colombiano contra su patrimonio y podría tener implicaciones en otros procesos que aún permanecen en curso.
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