Un bebé de 15 días de nacido es la cara trágica más reciente de la crisis de la salud en Colombia. El recién nacido murió en el Hospital Federico Lleras Acosta (de Ibagué, Tolima) el pasado 24 de julio esperando que fuera remitido a una institución médica de cuarto nivel. Actualmente, ese hospital está en la lista fatal de los que en el último mes ha elevado voces de alerta por la alta ocupación en sus servicios de urgencia.
Este caso fue uno de los que rebosó la copa en medio de la emergencia hospitalaria que señaló la gobernadora Adriana Matiz está viviendo ese departamento y que la llevó a ordenar un monitoreo a los servicios de urgencias desde entonces.
Así mismo, esa muerte retrató lo que vive el Federico Lleras Acosta. Ese hospital presentó por esa fecha una ocupación del 200 % en sus servicios de atención de urgencias. Y aunque su gerente, Martha Palacios, ratificó ese monitoreo permanente de esa prestación para “seguir garantizando la atención con calidad”, lo cierto es que refleja una situación de corte nacional que evidencia el momento de incertidumbre que vive el sistema de salud de Colombia.
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Principales ciudades, en alerta
El porcentaje de ocupación en urgencias en el Federico Lleras de Ibagué es una cifra que es normal por estos días en ciudades capitales del país, de las cuales Cali y el Valle del Cauca están llevando la peor parte.
Por medio de una búsqueda de alertas y comunicaciones de hospitales y clínicas y de autoridades locales, EL COLOMBIANO hizo una radiografía de la realidad de los servicios de urgencias en el país en un periodo de tiempo que comprende entre los primeros días de julio y los primeros días de agosto.
En ese sentido, el Valle del Cauca ha sido la zona del país que registra el panorama más complejo. Según la gobernadora Dilian Francisca Toro, ese departamento presenta una sobreocupación del 600 % en los servicios de urgencias de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).
Al respecto, explicó que la situación más crítica se vive en aquellas de de alta y mediana complejidad y añadió que las entidades promotoras de salud (EPS) les adeudan a la red del Valle hasta $4 billones.
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Esta situación llevó a que la Secretaría de Salud del departamento anunciara el pasado 5 de agosto que tomarán acciones judiciales contra las EPS que no entreguen medicamentos a sus afiliados.
Según la Defensoría del Pueblo, en los primeros meses de 2025 las quejas por negaciones, entregas incompletas y falta de oportunidad en la disponibilidad de medicamentos aumentaron en un 30 % respecto al mismo periodo de 2024 y en un 67 % en comparación con 2023.
La situación se repite en Manizales (Caldas), en donde la Secretaría de Salud activó el 24 de julio la alerta hospitalaria tras constatar que sus servicios de urgencias tuvieron ocupaciones de hasta 200 %. Según las cuentas de esa entidad, la congestión superó por lejos la capacidad operativa de su oferta, debido a que alcanzó el mencionado porcentaje cuando en las IPS de la ciudad lo normal es que haya niveles de entre 60 % y 80 %.
Por esa razón, señalaron, el exceso de pacientes llegó a ser de hasta 800 en un día, por lo cual en los hospitales tuvieron que usar pasillos, salas de espera y unidades móviles para atenderlos, pero con demoras que llegaban hasta las cuatro o seis horas.
El secretario David Gómez advirtió que las aseguradoras han demorado hasta 45 días en pagarles las facturas a los prestadores de Manizales por seis meses seguidos. Esta morosidad, señaló, ha mermado en un 40 % la capacidad operativa de las salas de urgencias, pues genera demoras en la contratación de profesionales de salud y la compra de medicamentos e implementos esenciales.
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Con todo eso, la Alcaldía de Manizales interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Caldas para que las EPS cumplan con el tiempo para hacer los giros los prestadores y regularizar los pagos. También le pidieron al Ministerio de Salud activar un canal de supervisión para monitorear los desembolsos y coordinar entrega de insumos.
Entre tanto, en Medellín la sobreocupación en servicios de urgencias de alta, mediana y baja complejidad para el 21 de julio fue del 121 %, según información de la Secretaría de Salud. Esa entidad alertó que el porcentaje ha llegado a estar en un 170 % y que la situación se ha empeorado por las deudas sin saldar del Gobierno Nacional —por medio de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres)— con las IPS de la ciudad.
Ante esto, la secretaria de Salud, Natalia López, expuso que la crisis por la alta ocupación se ha agudizado con el cierre de otros servicios en municipios cercanos (como Bello), lo cual ha impactado la saturación de los servicios en la capital de Antioquia.
Muestra de lo anterior fue el cierre de las salas de urgencias de la Clínica Antioquia en su sede de Bello, a la cual se había sumado el anuncio en el mismo sentido por parte de la Clínica del Norte. Sin embargo, a finales de julio ese centro médico afirmó que podía seguir operando, por ahora, tras recibir unos pagos adeudados.
Finalmente, Bogotá llegó a presentar una sobreocupación hospitalaria del 250 % y, de acuerdo al Observatorio de Salud de la capital, el porcentaje de ocupación de los servicios de urgencias en la red pública se ubica en un 117 %, con un incremento sostenido desde enero en cuatro hospitales priorizados.
Esta realidad hizo que la cartera sanitaria implementará desde el 21 de julio un plan de choque para descongestionar esos servicios y que consiste, entre otras medidas, en clasificar e identificar a los pacientes que llegan a urgencias con condiciones que no sean vitales o de riesgo vital para enviarlos a otros servicios y reducir los tiempos de espera para ser atendidos.
“Se tiene planteado fortalecer la resolutividad y derivar las urgencias que no requieran alta complejidad a las urgencias de media y baja que existen en la ciudad. De los 85 servicios que existen de urgencias, 25 son de alta, los demás son de media y baja y no están siendo utilizados correctamente o son subutilizados”, expuso la secretaría.
Ocho IPS en riesgo de colapso
El director de la Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Unips), Jorge Toro, expone que actualmente no hay zona de Colombia que no esté enfrentándose a la crisis de atención de urgencias, pues la gran mayoría presentan ocupaciones por encima del 100 % de sus capacidades.
“Por cada 10 pacientes que están llegando a urgencias, seis están requiriendo ser hospitalizados. La población hoy no tiene medicamentos y tratamientos, por lo cual los servicios están colapsando y requieren atención más rápida”, expuso Toro a este diario.
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En el último mes, el recuento hecho por EL COLOMBIANO, ocho IPS de cinco departamentos alertaron públicamente tener sobreocupación en esos servicios.
Tres de estos se encuentran en Antioquia. Se trata del Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, que tuvo una ocupación del 240 %; el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, que presentó un porcentaje del 150 %; así como el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, que en mayo pasado tuvo uno del 204 %.Dos están en Santander: la Clínica La Foscal de Floridablanca, con una sobreocupación del 270 %, y el Hospital Universitario de Santander de Bucaramanga, que el 5 de agosto pasado reportó una ocupación del 150 %.
Dos se encuentran en Boyacá: el Hospital San Rafael de Tunja, que a principios de julio afirmó haber alcanzado un 643 % de ocupación, en parte por una ola de enfermedades respiratorias, y el Hospital Regional de Duitama, que presentó una cifra del 226 %, que se sumó a otras congestiones en servicios de observación (267 %) y de hospitalización general (138 %).
Los restantes dos están en el Hospital Federico Lleras Acosta (en donde murió el bebé de 15 días esperando una remisión) de Ibagué (Tolima) y el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó (Chocó), cuyo porcentaje de ocupación es del 200 % en ambos.
Cadena por crisis financiera
Sobre este tema vale recordar que el sistema de salud no es el mismo de hace tres años. El Gobierno del presidente Gustavo Petro, aun cuando su reforma a la salud en el Congreso no ha sido aprobada, ha implementado un cambio de facto en el modelo. Para ello, ha usado las intervenciones administrativas de la Superintendencia de Salud —con las que maneja y es responsable de ocho EPS que concentran cerca de 28 millones de afiliados— y del reciente ‘decretazo’ que expidió el Ministerio de Salud para mudar a un modelo preventivo, predictivo y resolutivo.
A esto hay que sumarle la crisis financiera que vive el sector a raíz de la insuficiencia de la unidad de pago por capitación (plata para que las EPS atiendan a sus usuarios, conocida como UPC), a lo cual la Corte Constitucional ha dado validez y le ha ordenado al ministerio hacer una mesa técnica para ajustarla.
En palabras sencillas, las EPS aquejan que esa plata que reciben, como se queda corta, no les está alcanzado para cubrir la demanda de servicios. Y por eso, según especialistas, los tiempos de espera para asignación de citas, entrega de medicamentos y programación de cirugías (entre otros) están alargándose, pues hay que priorizar a los que tengan mayor urgencia.
En este punto es donde radica la sobreocupación de servicios de urgencias. Como lo explica el investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, “cuando una persona tiene que ir a un servicio, pero no encuentra solución pronta sino que se topa con problemas de atención, busca solución en urgencias y puede que pase todo el día ahí, pero el médico ordenará exámenes y le darán diagnóstico y tratamiento”.
Por su parte, el profesor de economía de la Universidad del Rosario, Paúl Rodríguez, añade que las urgencias “se convirtieron en la alternativa de los pacientes que buscan una atención rápida porque no la logran convencionalmente pidiéndola por la EPS”.
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Esto quiere decir que ante unas EPS a las que no les alcanza la plata y que se están demorando más para prestar servicios, el usuario está teniendo que apelar a irse por urgencias (en donde por ley lo tienen que atender obligatoriamente) a una IPS para que le den un medicamento, le hagan un examen o lo evalúen.
Y las IPS están soportando esa alta demanda de servicios en urgencias sin la garantía de recibir pagos a tiempo para mantener un flujo de caja adecuado por cuenta de esa insuficiencia de recursos.
El peor de los mundos, sin dejar de lado que, según la Contraloría General de la República, el 74 % ($24 billones de $32,9 billones) de las deudas de las EPS son de las intervenidas.
“Mientras el Gobierno no incremente los recursos de la salud con la UPC, la suficiente plata no le llegará a los prestadores y vamos a tener más cierres de servicios”, añadió Jiménez.
“La presión por la crisis financiera que está causando esa situación solo se soluciona con más dinero en el sistema y como eso se ve difícil, no hay solución clara en el corto plazo”, puntualizó Rodríguez.
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