El conflicto en el país sigue escalando en las zonas rurales, afectando especialmente a los menores de edad, a quienes los grupos armados al margen de la ley buscan reclutar para engrosar sus filas. Para evitar ser llevados a la guerra, los niños y niñas estarían recurriendo al suicidio como única salida.
“Se ha exacerbado el tema del reclutamiento en algunas zonas. El Chocó, por ejemplo, es un tema en donde nos preocupa muchísimo. Si hemos conocido hechos que llevan a que los niños se suiciden con tal de no ser reclutados”, afirmó la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago a Noticias RCN.
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La Defensoría, junto con expertos y fundaciones, ha venido dando la voz de alarma desde 2020, cuando el confinamiento disparó los problemas de salud mental en medio del conflicto; desde entonces, las cifras no se han recuperado, sino que mantienen una tendencia al alza, sobre todo en zonas donde, según la Defensora, se padecen los efectos del conflicto armado y la falta de programas que promuevan la planeación del futuro.
“Yo me he venido reuniendo en todas las regiones a las que voy con adolescentes y jóvenes, y ellos hablan mucho de la necesidad de apoyo, por ejemplo, al deporte. En el Cauca me decían: ‘Mire, nosotros tenemos deportistas que ganan medallas en Juegos Nacionales y tienen todo el futuro por delante, pero desafortunadamente deben inscribirse en otros departamentos para poder obtener apoyo’. Eso es lo que observamos en el Cauca: desafortunadamente, no hay suficiente apoyo al deporte, a las iniciativas culturales ni a los grupos juveniles que podrían ofrecer otras alternativas”, afirmó Marín a este diario.
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Sobre el reclutamiento de menores, la defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que existe un subregistro de alrededor de más del 30 % en el reporte de este delito.
“No logramos tener una política pública que permita el rescate de los niños y niñas y su traslado sin que tengan que asumir esa responsabilidad las mismas comunidades o los entornos cercanos. No se puede dejar toda la carga en la familia o en las comunidades, debe haber buenas políticas”, añadió la funcionaria.
Admitió que en el país hacen falta “mecanismos para enfrentar las amenazas de reclutamiento y que el Estado tenga la capacidad, por ejemplo, de ubicar a los menores en lugares seguros y garantizar su bienestar sin que se desescolaricen o se vulneren sus derechos”.
En los últimos cuatro años el reclutamiento infantil creció en un 1.005 % en Colombia: de 37 casos en 2021 a 409 en 2024, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
