Más de dos años tuvieron que esperar los raizales de San Andrés para que les fuera admitida una acción popular en defensa de sus derechos, tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el pleito entre Colombia y Nicaragua por el archipiélago.
El Consejo de Estado ordenó al Tribunal Administrativo de San Andrés estudiar la demanda que había sido rechazada, en primera instancia, con el argumento de que no cumplía los requisitos exigidos para su trámite.
Si bien el Consejo de Estado aseguró que la demanda sí presentaba una deficiencia en el cumplimiento de las cargas procesales y probatorias, las normas también señalan que ese requisito se puede obviar cuando existe un “inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos”.
Y es que dentro de la acción popular, los isleños aseguran que el fallo afectó sus derechos colectivos al goce y uso del espacio público, al acceso a una infraestructura de servicios y a la protección de áreas de especial importancia ecológica de los ecosistemas situados en zonas fronterizas.
Los pescadores argumentan que quedaron afectados por la repentina pérdida de mar, pues la población raizal se vio expuesta a la pérdida del mayor “banco de pesca”, por lo cual se ha quedado sin alternativas de trabajo. Además, recordaron que en 2000, la Unesco declaró el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como Reserva Mundial de la Biósfera Seaflower para su conservación.
El Consejo de Estado aseguró que dada la importancia del tema debe ser admitida la demanda, independiente de si prospera o no.
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