El presidente Abelardo de la Espriella celebró una ponencia del senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, en la que propone trasladar $100.000 millones del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la rama judicial.
Gómez es una de las fichas principales del jefe de Estado en el Congreso; desde la campaña fue uno de sus escuderos más visibles, de los primeros en respaldarlo públicamente. Además, es hermano del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, papá del jefe de gabinete, Nicolás Gómez y sobrino del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en 1995.
Este 17 de septiembre, el senador radicó dos proposiciones al Presupuesto 2027. Si el Congreso las aprueba, una le quita la plata mencionada a la JEP, otra la traslada directamente al Consejo Superior de la Judicatura.
“Mientras la JEP funciona como un fortín burocrático e ineficiente, la justicia ordinaria colapsa con un inventario de 2,2 millones de procesos represados, disparados por el tsunami de tutelas tras el derrumbe del sistema de salud. Con lo que pretende consumir la JEP, en dos años resolvemos el déficit de jueces en Colombia”, dijo el congresista.
Desde el Centro Democrático también apoyaron la idea. “Grandes cabecillas que pasaron por sus manos terminaron fugados montando la Nueva Marquetalia que asesinó a Miguel Uribe. Lo advertimos, iba a ser un instrumento para el activismo judicial. Estamos de acuerdo con reducir su presupuesto y trasladar a otros sectores donde sí se necesite”, dijo el senador Hernán Cadavid, vocero de esa colectividad.
La respuesta de De la Espriella y la JEP
Por su parte, el presidente de la República respondió a favor de la propuesta a través de sus redes sociales. “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase”, afirmó. Desde la campaña presidencial, el hoy jefe de Estado ha sido crítico de la JEP. Incluso, decía que iba a cerrarla, posición que ha matizado.
Sin embargo, todo parece indicar, más aún con el apoyo a esta proposición de Gómez, que el Gobierno no dejará quieto al tribunal de justicia transicional. A eso hizo referencia su presidente, Alejandro Ramelli.
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“Se evidencia la existencia de una estrategia para impedir el funcionamiento de la JEP. El senador Enrique Gómez propuso trasladar $100.000 millones de pesos del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. La propuesta, apoyada en un mensaje por el presidente de la República, afectaría de forma directa el cumplimiento de nuestras funciones”, dijo Ramelli.
A renglón seguido, pidió ayuda a otros países y organizaciones a nivel global. “La JEP hace un llamado urgente a la comunidad internacional para frenar esta iniciativa de desmantelamiento financiero y pide que se garanticen los recursos indispensables para nuestra operación”, agregó.
Luego, Ramelli fue más específico. “Estas propuestas corresponden a una estrategia combinada de asfixia económica y de sometimiento de la JEP a la Justicia Penal Militar, el más grave ataque que hemos sufrido a nuestra independencia y autonomía”.
Y sentenció que pondrá la situación en conocimiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator de Naciones Unidas para la independencia judicial, los países garantes del Acuerdo de Paz de 2016 y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
La posición del presidente De la Espriella sobre la JEP
Durante su discurso de posesión como presidente para el periodo 2026-2030, De la Espriella dejó claro que su Gobierno revisará el funcionamiento de la JEP, aunque aseguró que respetará el orden jurídico vigente.
El mandatario cuestionó que la justicia pueda convertirse en un mecanismo de indulgencia frente a quienes cometieron graves delitos durante el conflicto armado.
“Una nación que durante décadas ha padecido los rigores del terrorismo no puede aceptar, bajo ninguna circunstancia, que la justicia se convierta en un mecanismo de indulgencia frente a quienes derramaron la sangre de cientos de miles de compatriotas”, sostuvo el presidente.
El mandatario agregó que respetaría el orden jurídico, pero que ello no implica renunciar a su “deber de revisar, con absoluto rigor, la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació desconociendo la voluntad popular”.
También afirmó que la reconciliación no puede construirse sobre el olvido ni sobre una “absolución ilegítima de la violencia”, sino sobre la dignidad de las víctimas y el imperio de la ley.
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La defensa del tribunal frente a los señalamientos del Ejecutivo
Ante estas afirmaciones en el discurso de posesión, Ramelli puso el foco en las víctimas que han acudido a la JEP y en los procesos que ha adelantado el tribunal durante sus años de funcionamiento.
“El mensaje es que piense precisamente en las víctimas, en aquellas a las que nosotros hemos escuchado, a quienes les hemos dado una solución, a cuyos victimarios hemos imputado”, señaló.
El magistrado también rechazó que los problemas de seguridad actuales del país puedan atribuirse directamente al Acuerdo de Paz. “Yo no creo que los problemas de seguridad del país tengan relación con el Acuerdo de Paz”, afirmó.
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Ramelli defendió además el balance de la jurisdicción y aseguró que, durante sus diez años de funcionamiento, la JEP ha tenido una implementación exitosa y ha cumplido con sus funciones pese a las dificultades que ha enfrentado.
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Bloque de preguntas frecuentes
- ¿En qué consiste la propuesta sobre el presupuesto de la JEP?
- El senador Enrique Gómez radicó dos proposiciones al Presupuesto 2027 para recortar $100.000 millones a la JEP y trasladarlos al Consejo Superior de la Judicatura para reducir el déficit de jueces en la justicia ordinaria.
- ¿A qué organismos internacionales acudirá la JEP por este recorte?
- El magistrado Alejandro Ramelli anunció acciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la CIDH, el Alto Comisionado de DD. HH., la Corte Penal Internacional y los países garantes del Acuerdo de Paz de 2016.
- ¿Cuál es la postura del Gobierno nacional sobre la continuidad de la JEP?
- El presidente Abelardo de la Espriella sostiene que revisará la naturaleza del tribunal transicional para evitar la indulgencia, garantizando que respetará el ordenamiento jurídico vigente.
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