Desde 2003, cuando empezó a operar el relleno sanitario La Pradera, la comunidad del sector dice que ha sufrido afectaciones y a cambio ninguna compensación, pese a que hay una decisión judicial que así lo ordena.
El fallo, de segunda instancia, lo profirió el Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia de agosto de 2009, atendiendo una acción popular de las comunidades afectadas de Donmatías, Barbosa y Santo Domingo.
El mismo ordenó a las entidades demandadas, Corantioquia y Empresas Varias de Medellín, a definir el área geográfica de impacto ambiental del relleno. Según las comunidades, que habitan 16 veredas, Corantioquia cumplió la parte del proceso al definir el área geográfica de impacto, pero omitió “las compensaciones”, con lo cual quedó restando el 50 por ciento, que sería destinar recursos para obras de mitigación o apoyo a procesos productivos de las familias.
“Con el relleno se dañó la calidad de vida de cerca de 1.500 familias, se acabó el turismo y las tierras se desvalorizaron”, argumenta Fabio González Soto, representante legal de Proambiental, que representa a los afectados.
Para reclamar el faltante, dijo, se instauró una acción de reparación directa, que consiste en que le aporten un dinero a la comunidad y que esta defina las obras a ejecutar. El monto de las mismas sería de $9.355 millones.
Diego Jensson Ramírez, jefe territorial de la Zona Norte Tahamíes de Corantioquia, respondió que la entidad sí ha actuado atenida al fallo del Tribunal Administrativo, que plantea intervenciones a partir de la modificación de la licencia ambiental del Vaso Altair.
Explicó que “hay en marcha programas que tienen que ver con reforestación, especies amenazadas, corredores biológicos, fortalecimiento organizativo de las comunidades y de la territorialidad”, así como programas de desarrollo artístico y cultural, formación para el trabajo y otros relacionados con monitoreo de la zona de influencia directa y de educación ambiental.
Detalló que la corporación ha hecho seguimientos, al punto que el año anterior impuso una sanción a Emvarias de $1.956 millones por no implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales.
Incluso este martes 28 se hará una visita con Corantioquia, su territorial Aburrá Norte y Cornare para hacerles seguimiento a las quejas. No fue posible la versión de Emvarias.
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