La Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia echó por tierra las medidas cautelares que tenían paralizadas temporalmente las obras en uno de los frentes de trabajo de Puerto Antioquia.
En su decisión emitida este lunes 17 de marzo, la Sala ordenó revocar el auto del pasado 9 de diciembre de 2024 –proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Turbo– que decretó como medida cautelar la suspensión de obras en un punto del proyecto Puerto Antioquia.
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Para entender el asunto cabe recordar que en medio de los trabajos que se realizan en el Puerto, en abril de 2024 un equipo de obreros se dirigió a un predio para iniciar la instalación de unas redes de transmisión de energía que unirían a una subestación del puerto con otra de EPM ubicada en Nueva Colonia, en Turbo.
El montaje no solamente es clave para que el terminal de carga tenga luz, sino para abastecer a toda su zona adyacente, en la que se espera se asienten más empresas en el futuro.
El predio en el que se desarrollarían los trabajos aparece identificado como La Presumida y tiene un área de 154.604 metros cuadrados e hizo parte de un grupo de por lo menos 11 propiedades objeto de un proceso de reclamación de tierras que tuvo el proyecto frenado por varios años, y que se saldó cuando un juez autorizó la constitución de una servidumbre para el inicio de los trabajos del Puerto.
A pesar de ese visto bueno, en abril cuando los trabajadores del puerto llegaron a la zona para iniciar la instalación de unas torres de energía se llevaron la sorpresa de que estaba ocupado por terceros que no los dejaron entrar. Contrario a lo que se esperaría, los ocupantes no son los reclamantes del proceso de restitución, sino de terceros ajenos al mismo.
El asunto se ha vuelto en un tire y afloje entre la familia ocupante, las entidades del municipio de Turbo, Puerto Antioquia y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En uno de estos tejemanejes, los ocupantes demandaron a la ANT y es de este pleito que se deriva la última decisión tomada por la justicia.
A finales de 2024, los ocupantes instauraron una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra a la ANT ante el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Turbo.
En su demanda pedían que se declarara a La Presumida como una propiedad privada; que se removieran todas las mejoras hechas en el espacio, lo que incluiría lo adelantado en la construcción de Puerto Antioquia; y que además se le ordenara a la ANT pagar perjuicios “ocasionados por la imposición arbitraria de la servidumbre”.
Tras analizar el asunto, el Juzgado de Turbo le dio la razón a las mujeres ante su solicitud de las medidas cautelares pedidas con las que buscaban paralizar las obras en el pedazo de tierra en disputa mientras se surtía una decisión de fondo.
Sin embargo, tras la apelación del primer fallo, el caso llegó al Tribunal Administrativo de Antioquia quien analizó lo decidido por el juzgado de Turbo y alegó que no se cuenta con material probatorio “que permita determinar que en el presente caso se configuran los requisitos para el decreto de las medidas provisionales solicitadas”, según aparece en el documento judicial.
“Se revocará dicho auto pues para resolver el asunto se requiere no solo una valoración jurídica de fondo, sino también el análisis del material probatorio recopilado, a fin de determinar si efectivamente la actuación de la ANT fue irregular y expidió el acto administrativo con vulneración del derecho que se invoca; en consecuencia, si dicha irregularidad deviene en la ilegalidad del acto cuya nulidad se pretende”, justificó el Tribunal.
La decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia se convierte en una esperanza para retomar las obras que podrían darle el impulso al puerto que permita cumplir la meta de que empiece a operar en este 2025.
¿Qué hay de fondo?
Cabe anotar que, devolviéndonos a ese abril de 2024, tras no poder instalar las torres, Puerto Antioquia acudió el 23 de ese mes a una inspección de Policía de Turbo para presentar una solicitud de amparo policivo; es decir, acudir a uniformados para entrar al terreno y poder realizar las obras.
El puerto argumentó que el predio en cuestión, además de hacer parte de un proceso de restitución de tierras, ya había sido cobijado por una resolución expedida desde el 20 de septiembre de 2021 por la Agencia de Tierras, en la que se dio vía libre para que se constituyera la servidumbre para la línea eléctrica.
Ese acto administrativo, dijo la empresa, estuvo cimentado en un fallo de un juzgado de restitución de tierras de 2021 en el que se dio vía libre para que esas servidumbres se tramitaran y la construcción del puerto pudiera despegar, mientras se resolvía el proceso de restitución por aparte.
Por su parte, los ocupantes también interpusieron recursos legales argumentando ser legítimos poseedores de una franja de 8.227 metros cuadrados del terreno y tener un certificado de tradición y libertad en regla. Por ello, pusieron una demanda contra la ANT, de es la que se desprende la última decisión jurídica.
Siguiendo con el caso, la Alcaldía programó entonces una audiencia para el 18 de junio, en la que inicialmente le dio la razón al puerto, señalando que el predio era baldío y que la servidumbre para la línea de transmisión estaba en orden.
El 16 de agosto, la inspección de Currulao programó una audiencia virtual para leer el fallo, en la que estableció que el estado de las cosas debía permanecer como hasta ese momento mientras la justicia resolvía el proceso de reclamación de tierras.
La cuestión es que el 22 de agosto de 2024, la misma Inspección “volteó” la decisión y emitió una resolución en la que dejó sin piso el amparo policivo que inicialmente había admitido en favor de Puerto Antioquia, considerando que no había pruebas suficientes para asegurar que no se estaría cometiendo una arbitrariedad en contra de los ocupantes.
El asunto se volvió en un tira y afloje entre el puerto y las ocupantes que llegó hasta la Alcaldía de Turbo. Por ello, el 17 de septiembre los amparos que buscaba el puerto fueron negados en una resolución firmada por el alcalde, Alejandro Abuchar González.
Uno de los argumentos llamativos de esa decisión de segunda instancia consistió en que Abuchar señaló que los ocupantes del predio supuestamente debían protegerse por pertenecer al Consejo Comunitario de Puerto Girón.
“Los querellados (ocupantes), poseen el bien desde hace más de 30 años, que son reconocidos por el Consejo Comunitario, se debe seguir garantizando su derecho de posesión”, planteó el mandatario. El fragmento es clave, ya que ante el ruido generado en el proceso, el Consejo Comunitario decidió revisar su libro de socios y señaló que los reclamantes no hacían “y nunca han hecho parte” de esa organización.
El tire y afloje, en el que cada vez más le salían más arandelas al proyecto, se agudizó, lo que dejaba la sospecha de que en el asunto estarían interviniendo caciques políticos de la zona.
Convencidos de que ambas decisiones estaban viciadas, en Puerto Antioquia interpusieron otra tutela sosteniendo que la Alcaldía había violado el debido proceso y su derecho a la servidumbre para la línea de energía. El 16 de octubre, un juez le dio la razón, dejando sin efecto la decisión de la Alcaldía y dándole un plazo de 10 días para volver a tramitar la querella respetando las servidumbres.
La cuestión es que para noviembre de 2024, casualmente Corpourabá suspendió la licencia ambiental que tenía el puerto desde 2021 para construir una línea de transmisión de 5,1 kilómetros, entre las dos subestaciones. Lo curioso del caso es que dicha suspensión no tenía que ver con un problema ambiental, sino con una reclamación de tierras encabezada por el mismo grupo de ocupantes.
Sin embargo en febrero de 2025, y luego de que este diario hiciera un juicioso seguimiento de las decisiones políticas que habrían detrás de las trabas que estaba sufriendo Puerto Antioquia en este frente de trabajos, Corpourabá “patraseó” su propia decisión, dejando en el ambiente una rara sensación.
