En los últimos cuatro meses se incrementaron las capturas por el delito de fuga de presos en el Valle de Aburrá, lo que indica que los detenidos no solo están evadiendo la justicia, sino que poco les importa dar la cara en la calle durante la cuarentena obligatoria por la covid-19.
Según datos de la Policía Metropolitana, entre el 1 de enero y el 27 de julio de 2020 hubo 337 capturas por ese delito en la zona; en el mismo lapso del año pasado fueron 292, lo que significa un aumento de 15%.
La tendencia al alza empezó en abril y se ha sostenido hasta ahora, sin importar que las medidas de aislamiento se endurecieran por la propagación de la peste. Ese mes hubo 13 arrestados por fuga de presos (art. 448 del Código Penal); en mayo, 39; en junio, 47; y hasta el 27 de julio iban 64.
El mayor Javier Rincón, enlace de la Policía Metropolitana para el manejo de los privados de la libertad, explicó que muchas de estas detenciones se presentan en las requisas cotidianas en la calle, cuando los patrulleros les piden la cédula a los transeúntes y se percatan de que hay una alerta judicial en su contra. Hay que aclarar que no todos los escapes ocurrieron en el Aburrá, pues aquí también son detenidos delincuentes que se evadieron en otras ciudades.
Las fugas tienen tres orígenes: 1). De un centro carcelario. 2). De la detención domiciliaria. 3). De los calabozos temporales que, por el hacinamiento en todo el sistema penitenciario del país, se están improvisando en las estaciones de Policía.
Al menor descuido...
En lo corrido del año, cinco personas que estaban bajo custodia de la Policía se volaron. El mayor Rincón narró que el primer caso ocurrió el 20 de enero, cuando un detenido de la estación Belén, sindicado por hurto, fue trasladado a una cita médica en la unidad intermedia de esa comuna. En un descuido, se evadió del centro clínico.
El 6 de abril, un preso de la estación Copacabana, procesado por hurto calificado, fue llevado a revisión a un centro neurológico de Medellín; estando allí pidió ir al baño, y también escapó.
El 13 de mayo un reo de la estación Aranjuez, condenado a 12 años por concierto para delinquir, era transportado a otra cita médica y, cuando pasaban por la autopista Bello-Hatillo, abrió la puerta de la patrulla y saltó al asfalto. Al incorporarse, corrió y se lanzó al río Medellín.
Al día siguiente (mayo 14) huyó un convicto de la estación Envigado, aprovechando su remisión médica a la unidad intermedia de Castilla. Se llamaba Juan Diego García Ayala, de 31 años, y tal vez no debió escaparse, porque el 16 de junio, cuando departía con dos personas en un parque del barrio Pedregal, fue asesinado a tiros por un sicario.
La única fuga ocurrida en 2020 dentro de un calabozo policial acaeció el 11 de junio en la estación Castilla. Un interno salió a botar la basura, como usualmente se lo permitían, pero esta vez no regresó a la celda. Era de un combo del Doce de Octubre y estaba detenido por un homicidio.
Ninguno de estos evadidos ha sido recapturado a la fecha.
Rincón precisó que estos hechos ocasionaron cinco investigaciones disciplinarias contra los custodios. “Tenemos 2.076 privados de la libertad en nuestras estaciones (son 22), que tienen cupo para 350, y apenas 400 policías destinados para su custodia y remisiones”, dijo.
La estadística policial no distingue cuántos detenidos por fuga de presos, en total, violaron la detención domiciliaria; sin embargo, esta es otra situación que preocupa.
Entre el domingo y el jueves de la semana pasada (julio 26 al 30) arrestaron a cuatro mujeres y 18 hombres por esa conducta en el área metropolitana; algunos tenían sentencias por homicidio y secuestro simple.
Quiere decir que, en promedio, cada día fueron capturadas en la calle 4,4 personas que deberían estar en detención domiciliaria.
Alternativas de castigo
El psicólogo Jorge Gaviria, exasesor de paz y reconciliación de la Alcaldía (2008 y 2016) y director de la Fundación Razones Soñadas, indicó que este fenómeno es consecuencia del hacinamiento general en las cárceles, pero se hace más evidente en cuarentena.
Propuso a las autoridades invertir en programas alternativos a ese populismo punitivo, que envía a la cárcel a cualquiera que infrinja la ley. “La prisión debería ser más que todo para gente violenta, pero hay personas, como los ‘raspachines’, que son campesinos recolectores de coca, que podrían tener un trato distinto”, expresó.
Para descongestionar las cárceles sería útil, desde su perspectiva, unificar programas de resocialización con sitios de internamiento distintos, como fincas agrícolas o cursos académicos obligatorios en escuelas especialmente adaptadas, “algo parecido a internados, en los que la persona pague su detención judicial y pueda participar en actividades de resocialización”.
267
detenidos en estaciones policiales del Aburrá tienen covid-19, según la Policía.
55,4%
es el índice de hacinamiento en las cárceles de Antioquia, según el Inpec.
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