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El hurto es lo más denunciado en el Valle de Aburrá, según Fiscalía

La fiscal Natalia Rendón habló de los indicadores de criminalidad y la investigación contra “Otoniel”.

  • Natalia Andrea Rendón lleva 11 meses como directora Seccional de Fiscalías de Medellín, luego de su designación el 27 de enero de 2021. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    Natalia Andrea Rendón lleva 11 meses como directora Seccional de Fiscalías de Medellín, luego de su designación el 27 de enero de 2021. FOTO JULIO
    CÉSAR HERRERA
09 de enero de 2022
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El 28 de abril fue uno de los días más desafiantes para la seguridad en Medellín en 2021. Miles de ciudadanos salieron a protestar contra las políticas gubernamentales, en el marco del Paro Nacional, mientras varios grupos aprovecharon para vandalizar y aterrorizar a la gente.

En el puesto de mando unificado, trabajando con sus analistas para judicializar a los agresores, a Natalia Rendón la golpeó el horror que parecieron las víctimas: “Me impactó ver cómo en la sede del Banco de Bogotá, en el centro de Medellín, los empleados fueron encerrados y, mientras otros trataban de quemar el sitio, ellos llamaban a sus familias para despedirse, pensando que iban a morir”.

Esa fue la jornada más agobiante para la directora Seccional de Fiscalías de la ciudad. Y la más satisfactoria fue el 23 de octubre, cuando en Urabá fue capturado Dairo Úsuga (“Otoniel”), el jefe del Clan del Golfo. Aunque no estuvo al frente de la operación, las autoridades le reconocieron su dedicación al caso desde 2011 y el fiscal General, Francisco Barbosa, le dio la misión de coordinar el proceso judicial que sigue contra el capo.

EL COLOMBIANO dialogó con la fiscal sobre estos y otros temas relevantes de seguridad. La Seccional que lidera tiene jurisdicción en los 10 municipios del Valle de Aburrá y los vecinos Heliconia, Armenia Mantequilla y Angelópolis, y durante el último año recibió 129.258 denuncias por diferentes delitos (con corte al 9 de diciembre), 19.27% más que en 2020, con 115.791.

¿Cuáles delitos denunció más la ciudadanía en 2021?

“El hurto, con 43.234 denuncias; violencia intrafamiliar, 13.421; estafas, 10.778; estupefacientes, 7.668; y delitos contra la fe pública, 5.034 (falsificaciones, fraudes, etc.). Aquí quiero destacar que hubo una reducción del homicidio doloso: el año pasado fueron 591 y ahora 542”.

¿Y cuáles fueron las principales causas de esos asesinatos?

“Si hablamos de sicariato, hubo una reducción del 30.92%, al pasar de 359 casos en 2021 a 248 en 2021; pero tenemos un aumento del homicidio por riñas del 37.08%, al subir de 89 a 122. Estos casos fueron por intolerancia, ingesta de licor y alucinógenos”.

¿Qué tipos de hurtos son los que más ocurrieron?

“Del hurto violento tenemos 12.101 noticias criminales, esto incluye robos a personas, establecimientos, vehículos, residencias y demás. Llama la atención la modalidad que se está presentando en algunos lugares de Medellín, con atracos armados dentro de restaurantes. Ya tenemos unos microproyectos con la Policía para enfrentar esa situación”.

También hubo varios robos de película en sitios donde se almacenaba oro. ¿Qué hallazgos hay al respecto?

“Se está haciendo un análisis pormenorizado de las modalidades, para buscar patrones en la cantidad de actores, los medios usados y la víctimas. En varios hechos hay suplantación de autoridades y estamos identificando qué estructuras están detrás”.

El cinematográfico caso de la avenida Las Vegas (noviembre 4) generó polémica, porque de los 11 capturados, el juez dejó a cuatro en libertad. ¿Falló la Fiscalía en la judicialización?

“No, todo estuvo acorde con la normatividad. Con el primero de los detenidos se logra demostrar que estaba en una oficina de encomiendas por su trabajo, pero como muchos de los participantes en el hurto huyeron hacia ese sitio y hubo señalamientos de la comunidad que indicaban ‘esos son’, la Policía lo detuvo. Se valoraron los elementos aportados por su defensa y se le concedió la libertad. Sobre los otros tres liberados, no se pudo establecer en ese momento de las audiencias su participación exacta en el hecho, pero a diferencia del otro sí se les imputaron los delitos, por la probabilidad de que hubieran participado, así que siguen inmersos en la investigación. Ya la Fiscalía está reuniendo otros elementos materiales que en las primeras 36 horas no era posible tener, como el análisis de los medios de almacenamiento y las pruebas balísticas, entre otras”.

¿Por qué se han hecho más frecuentes los robos de oro en la ciudad?

“Hay muchos factores a analizar, pero estos casos no surgen de la noche a la mañana, tienen una preparación con mucha antelación, con distribución de funciones entre los implicados, hay toda una logística, porque nadie va a conseguir 20 motos robadas para un hurto de un día para otro”.

Hay cierta percepción ciudadana de que los hurtos aumentaron en Medellín por los migrantes extranjeros. ¿Eso es verdad?

“Hemos detectado participación de migrantes como sujetos activos de esa conducta. No es el 100%, ni el 50%, pero sí tienen influencia alta en esta modalidad”.

¿Cuál es la modalidad de estafa que más se denuncia en el Valle de Aburrá?

“Las que se hacen a través de compras y ofrecimiento de servicios por redes sociales y sitios web, con consignación de dinero a través de cuentas como Nequi. Una prioridad para 2022 será hacer campañas para que las personas conozcan estas modalidades y no caigan en las trampas”.

Mencionó que uno de los días más duros de 2021 fue el 28 de abril. ¿Qué avances hay en la judicialización por esos actos terroristas?

“Judicializamos a quienes participaron en los ataques al Banco de Bogotá y afectaron el CAI del parque de Bolívar. Capturamos a alias ‘el Demonio’, ‘Pipe’ y ‘el Narrador’, uno de los presuntos líderes de la Primera Línea; también detuvimos a la persona que lesionó con una patada por la espalda a una mujer policía. Luego de estas judicializaciones, en las protestas sociales no se volvieron a presentar desmanes de esa magnitud”.

En su jurisdicción hay muchas bandas. ¿Que resultados hubo en la lucha contra el crimen organizado?

“Tenemos 79 estructuras afectadas, con 750 capturas y 747 medidas de aseguramiento, es una efectividad del 99.58%. Entre ellas se impactaron seis organizaciones dedicadas al homicidio, 15 al hurto, 20 a la extorsión y 29 al microtráfico de drogas. Ahí hay bandas afectadas como ‘la Terraza’, ‘los Paracos de Aguasfrías’, ‘las Convivir’, ‘los Joaquinillos’, ‘la Milagrosa’ y ‘13 de Noviembre’”.

¿Cómo está operando el crimen organizado en el área metropolitana?

“Tenemos 10 Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) y 83 Grupos de Delincuencia Común Organizada (GDCO) distribuidos en el área metropolitana. Sus cabecillas ya no son tan visibles, aunque según la información de Inteligencia algunos siguen dando órdenes desde la cárcel y afuera tienen coordinadores que las ejecutan. Las bandas de hoy son más nodales que jerárquicas, porque ningún jefe quiere ser visible, ya que no tarda en ser judicializado”.

Hablando de cabecillas, el fiscal General le delegó la coordinación del proceso penal contra alias “Otoniel”, ¿cómo va esa misión?

“Está en la fase de diagnóstico, porque tiene una vida delictual amplia y hay que revisar los expedientes desde el bloque Centauros de las Auc, cuando fue jefe del frente Pedro Pablo González; y luego los requerimientos que le surgieron como cabecilla del clan del Golfo. Hay que reunir todas las órdenes de captura vigentes y ubicar sus procesos, para iniciar la asociación de casos en la ley 600 (antiguo código penal para crímenes anteriores a 2004) y ley 906 (nuevo código para hechos posteriores a 2004) y hacer las imputaciones e indagatorias en cada uno de esos periodos”.

Hablamos de más de 100 delitos a imputar, ¿no?

“Se quedó corto, son más de 500”.

¿“Otoniel” está dispuesto a colaborar en el esclarecimientos de esos casos?

“Estamos a la espera de la reunión con sus abogados, no hemos tenido un acercamiento para revisar en qué condiciones está él para cooperar sobre sus propios hechos delictivos o los de terceras personas. Eso se irá determinando en el proceso, a ver qué postura adoptará según el asesoramiento de su defensa”.

La JEP ya lo llamó a atestiguar. ¿Eso interfiere con la investigación de la Fiscalía?

“Con la JEP, él fue llamado como testigo por solicitud de las víctimas, por conocer el conflicto y para que dé información que les ayude a esclarecer hechos del caso 004 en la región de Urabá. No interfiere en nada, su proceso en justicia ordinaria continúa. Además, que la JEP lo haya llamado no quiere decir que él se haya postulado o que vaya a ser admitido en esa jurisdicción especial. Para postularse se requieren unos requisitos y considero que Dairo Úsuga no los reúne”.

¿Él deberá responder primero ante la justicia en Colombia o lo extraditarán antes?

“Esa es una decisión más administrativa, esperamos a ver qué dice la Corte Suprema sobre su extradición, pero eso en nada interfiere el desarrollo del proceso penal en Colombia. Incluso con alias ‘don Mario’ (antiguo jefe de ‘Otoniel’) estando extraditado, seguían adelantándose procesos y condenas. Hay una gama de posibilidades, no sabría decir cuál sucederá primero, pero pase lo que pase la Fiscalía les cumplirá a las víctimas”.

Tras la captura de “Otoniel”, ¿cuál es el estado actual del Clan del Golfo? ¿Sigue tal cual estaba o se dividió en bloques?

“Es muy apresurado indicar qué división ha tenido el Clan, pero en este momento no queda un cabecilla con las mismas características de ‘Otoniel’ para dirigir una organización de esta magnitud. Recordemos que militó en el Epl y las Auc, tenía un amplio dominio de la geografía, conocimiento de todo lo ilícito en cuanto a rutas, contactos, cobros y demás. Su captura tampoco quiere decir que los frentes hayan quedado huérfanos de dirección, pero quienes podrían ejercer el control general del grupo tienen un enfoque mayoritariamente narcotraficante, no tanto de dominio territorial. Tendremos que estar atentos para tener una respuesta inmediata frente a cualquier confrontación, el Estado no puede cesar en la persecución”.

Para el 2022, ¿cuáles serán los tres objetivos principales de su Dirección?

“El primero es cumplir con el plan de priorización del fiscal General de la Nación y enfocarse en delitos como el homicidio y feminicidio, la violencia sexual e intrafamiliar; como segundo, esta Dirección ha priorizado tener una respuesta pronta frente al hurto violento, los delitos informáticos y la estafa; el tercer objetivo es seguir trabajando fuertemente contra la criminalidad organizada y sus finanzas”.

37%
aumentaron los asesinatos relacionados con riñas e intolerancia, de 2020 a 2021.
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