El presupuesto de la ciudad no se ha podido debatir porque la administración municipal lo presentó con errores de forma y algunos concejales creen que podrían incurrir en fallas graves si lo tramita.
¿Qué va a pasar con el presupuesto de Medellín del próximo año? Es la pregunta que se están haciendo todos los concejales de la ciudad desde el pasado 11 de octubre, y parece que no hay una respuesta clara a la vista.
El lío empezó el pasado 10 de octubre, que era la fecha límite que tenía la Alcaldía para radicar el proyecto ante el Concejo y que este pudiera debatirlo y hacerle enmiendas. Sin embargo, en lugar de radicarlo físicamente en los tiempos establecidos, como se hace usualmente, un funcionario de la Alcaldía les envió el proyecto de acuerdo a los concejales vía correo electrónico a las 8 y 10 de la noche, y solo hasta el día siguiente, cuando ya el plazo estaba vencido, el secretario de Hacienda lo radicó de forma presencial.
Estos errores de forma, que violan expresamente el reglamento de la Corporación, han sido el argumento para que una parte importante de los Concejales se hayan negado a debatir el presupuesto, pues temen que al hacerlo puedan recibir sanciones disciplinarias graves y ser denunciados por prevaricato.
De no debatirse el presupuesto, la norma indica que debe aprobarse por decreto el mismo presupuesto que fue aprobado el año anterior, esto le podría costar a la ciudad 1,2 billones de pesos, que es la diferencia entre lo que se aprobó en 2022 y lo que se presentó extemporáneamente para 2023.
En busca de una salida al dilema, el Concejal Julio González del Centro Democrático presentó una acción de tutela en la que le solicitaba al juez que le ordenara al presidente del Concejo, Lucas Cañas, no someter a consideración ni votación el proyecto de acuerdo del presupuesto por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.
Algunos concejales como Dora Saldarriaga, Lucas Cañas o Leticia Orrego habían manifestado que del fallo del juez dependía su participación en el debate. Sin embargo, el fallo de tutela del Juzgado Segundo Civil Municipal emitido este martes denegó la solicitud presentada por el concejal González porque consideró improcedente el amparo constitucional solicitado. Esta respuesta no dejó satisfechos a los concejales de oposición quienes se mantienen por ahora firmes en no darle trámite el presupuesto y este miércoles mismo presentarán una apelación al fallo de la tutela.
