Durante años, una mujer desplazada por el conflicto armado recibió ayudas humanitarias del Estado para sostener a su familia. En septiembre de 2024, cuando fue a reclamar el subsidio que la Unidad para las Víctimas indicaba disponible desde el 27 de agosto, se encontró con una respuesta que no esperaba: el dinero ya había sido retirado. Según consta en la denuncia, el subsidio figuraba como cobrado desde el 1 de septiembre de ese año. Ella aseguraba no haber recibido un solo peso.
La investigación permitió identificar más de 240 eventos fraudulentos vinculados a una organización que, según la Fiscalía, accedía ilegalmente a sistemas informáticos, usaba registros biométricos ajenos y suplantaba identidades para retirar recursos antes de que los verdaderos beneficiarios llegaran a cobrarlos. El botín estimado supera los 116 millones de pesos.
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¿Cómo operaban?
De acuerdo con el ente acusador, la red tenía roles definidos: algunos integrantes conseguían las cédulas de los beneficiarios, otros coordinaban los puntos de cobro, y otros validaban identidades para concretar los retiros. Entre los elementos incautados durante las capturas figuran ocho computadores portátiles, un lector biométrico de huellas y tarjetas bancarias.
Las interceptaciones obtenidas durante la investigación son uno de los elementos más reveladores del expediente. En varias conversaciones, presuntos integrantes hablaban sobre la compra de cédulas, la disponibilidad de dinero proveniente de giros estatales y la necesidad de conseguir más personas para efectuar cobros.
Yeimar Rafael Gutiérrez Ricaurte fue señalado como presunto cabecilla de la estructura que operaba en los departamentos de Antioquia y Córdoba. Según las autoridades, su función habría consistido en suministrar las cédulas de los beneficiarios, definir los montos a retirar y coordinar el cobro de los recursos.
Los imputados y las medidas
Once personas fueron capturadas. Por los hechos, los procesados fueron imputados por concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático y abuso de confianza. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco de ellos; otros cinco deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia mientras avanzan las investigaciones.
Para las autoridades, el caso evidencia cómo organizaciones criminales habrían encontrado en los subsidios destinados a víctimas del conflicto y población vulnerable una nueva fuente de rentas ilícitas, explotando precisamente a quienes más dependen de esas ayudas para sobrevivir.
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